Corte federal de Nueva York 

• Denuncian activistas que ICE «baña» con químicos a inmigrantes cada 30 minutos contra el COVID-19 

  Nota Novedades News 

   

  Dallas, Tx.- Una corte federal de Nueva York aceptó iniciar una querella contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por los cambios que la Administración Trump aplicó recientemente al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (más conocido como DACA).

  El juez federal del distrito de Nueva York, George Daniels, dio permiso al Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) para presentar una nueva querella, según dijo a Univisión la abogada del grupo, Aracely Martínez Olguín. El objetivo de la letrada y su organización es revertir la medida y que los términos del programa vuelvan a ser los mismos que los del 15 de junio de 2012, cuando entraron en vigor.

  La Corte Suprema falló el pasado 18 de junio en contra de los intentos del Gobierno de acabar con DACA, un proceso judicial que se remonta al 5 de septiembre de 2017. Sin embargo, tal y como Martínez Olguín cuenta al citado medio hispano, el máximo tribunal de justicia del país solo tomó una decisión respecto a la entrada en vigor del programa y no a su continuación.

  DHS anunció a finales de julio que solo permitiría a los llamados dreamers renovar sus protecciones DACA durante un año, mientras revisan el fallo de la Corte Suprema. Además, el departamento dijo que no procesará nuevas peticiones de amparo.

  «Este miércoles (hoy) debemos informar al tribunal sobre las conversaciones con los abogados de DHS. Después de ese día el tribunal comunicará los pasos siguientes», explicó Martínez.

  Lo que busca la nueva querella es demandar a la Administración Trump por su insistente y renovado intento de alterar y poner fin a un programa que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y que les otorgaba una autorización de empleo (EAD) durante dos años -la actual administración la redujo a uno.

  DESINFECTAN A 

  INMIGRANTES 

  A los peligros de mantener encerrados a los indocumentados en centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en medio de la pandemia del coronavirus, activistas y ambientalistas alertan ahora sobre los riesgos del uso de un desinfectante industrial que en ocasiones hasta es rociado a los internos cada 30 minutos.

  Las denuncias advierten sobre el uso en los centros de detención de inmigrantes del producto químico HDQ, un pesticida y desinfectante regulado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y altamente efectivo que se ha estado utilizando en la industria hospitalaria, y que debe ser aplicado siguiendo estrictos protocolos de seguridad por los riesgos que implica para la salud.

  No obstante, en centros de detención como en el de Adelanto, California, activistas aseguran que estas medidas de seguridad no se están cumpliendo por parte del personal de GEO, compañía que opera el lugar.

  «Han estado rociando este producto químico HDQ cada 15 a 30 minutos al día para prevenir la COVID», aseguró en una conferencia de prensa Kimberly Galindo, integrante de Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ), que mantiene comunicación con los detenidos en Adelanto.

  La aplicación de HDQ se estaría realizando tanto de día como de noche, advirtió Raúl García, director de comunidades saludables de la organización Earthjustice.

  El ambientalista recalca que las pautas de seguridad estipulan específicamente que el químico solo debe usarse con equipo de protección y que únicamente debe ser rociado al aire libre o en áreas bien ventiladas. «No debe ser inhalado ni ingerido, y si lo es la persona afectada debe ser trasladada inmediatamente a una área con aire fresco», añadió García.

  Según las denuncias de los activistas, ninguna de estas prácticas de seguridad se están llevando a cabo en el centro de Adelanto, donde los detenidos vienen denunciando problemas respiratorios y de visión, erupciones de piel, náuseas y dolor de cabeza tras las constantes aplicaciones del producto.

  A los problemas de salud que están enfrentando por el químico HDQ los detenidos, se suma el hecho que los guardias de GEO estarían tomando represalias contras los inmigrantes que necesitan buscar atención médica por esta razón, de acuerdo con Galindo.

  «Si van a un hospital, de regreso los ponen en confinamiento solitario durante 14 días y sabemos que el confinamiento solitario no es autocuarentena», denuncia la activista de ICIJ.

  PRUEBAS 

  PROHIBIDAS 

  Estos no serían los únicos problemas que están enfrentando los detenidos en Adelanto, ubicado al noreste de Los Ángeles, en medio de la pandemia.

  La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció esta semana que los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) impidieron a una «vasta mayoría» de indocumentados acceder a unas 1.900 pruebas para detectar el coronavirus que se enviaron a esa instalación en mayo.

  «No puedo imaginar lo aterrador que debe sentirse ser uno de los cientos de inmigrantes encarcelados que han experimentado síntomas de COVID-19 pero no pueden acceder a una prueba, a pesar de que el ICE tiene más de mil kits de prueba disponibles», dijo Ahilan Arulanantham, abogado de ACLU SoCal.

  Según datos del ICE, en Adelanto se han reportado hasta hace unos días 12 contagios desde que comenzó la pandemia, y dos de los contagiados aún se mantienen en aislamiento.

  En un comunicado, Arulanantham informó que la organización pidió a una corte que ordenara a los oficiales en Adelanto aplicar un test a cada persona que presentara síntomas, y suspender la transferencia de personas a este centro por razones diferentes a las especificadas en las guías de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

  PRESOS 

  INFECTADOS 

  ACLU está tratando de evitar que se repita la situación del centro de detención en Farmville, Virginia, donde un brote de COVID-19 ha infectado a casi nueve de cada 10 detenidos.

  Según el ICE, 339 detenidos en total en la instalación dieron positivo al nuevo coronavirus y 259 están actualmente bajo observación o en aislamiento con el virus. Los contagios crecieron tras el traslado de varios detenidos a las instalaciones.

  El contagio obligó a los CDC a enviar esta semana un equipo de médicos, especialistas en laboratorio y epidemiólogos para realizar una evaluación del centro de detención del ICE, según la oficina del gobernador Ralph Northam.

  Mientras, un juez federal otorgó una orden judicial para impedir que se transfieran más detenidos al centro en Virginia.

  Hasta el sábado pasado el ICE tenía bajo su custodia 21,118 inmigrantes, 4,462 de los cuales habían dado positivo al coronavirus. Del total, 1,078 son casos activos y cinco detenidos murieron tras ser contagiados, aunque los decesos no estipulan la COVID-19 como causa de muerte.

  LLAMADO A 

  INVESTIGAR 

  A medida que la pandemia avanza en el país, más voces se han unido para urgir al ICE a que deje en libertad condicional a los indocumentados para que sigan sus procesos en sus hogares.

  El congresista federal Mark Takano advirtió que las cárceles han sido focos de propagación del coronavirus, por lo que aseveró que «una política racional sería minimizar el número de personas en estos centros».

  El legislador demócrata destacó que los inmigrantes detenidos por el ICE enfrentan acusaciones civiles, que no son crímenes violentos, y que se les debería liberar bajo fianza, como se hizo en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

  «Muchos, muchos detenidos pueden ser liberados en la comunidad de forma segura, y ellos se presentarán en su audiencias», seguró Takano.

  DEPORTAN 

  A MENORES 

  ACLU y otras organizaciones civiles han entablado una demanda colectiva contra la Administración del presidente Donald Trump por deportar a menores indocumentados a los que no se les ha dado oportunidad de exponer sus casos de asilo tras haber cruzado la frontera.

  La demanda, interpuesta en una corte de federal de Washington y la primera en su tipo, busca impedir que las agencias de Inmigración se amparen en una orden de emergencia de salud pública para suspender los derechos legales de los niños indocumentados no acompañados que son detenidos en las fronteras del país.

  «La política es la prohibición de asilo más extrema hasta ahora de esta Administración, ignorando todas las protecciones que el Congreso ha promulgado desde la Segunda Guerra Mundial para proteger a los niños y aquellos que huyen del peligro», dijo en un comunicado el abogado de ACLU Lee Gelernt.

  La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto a Texas Civil Rights Project y Oxfam America, han interpuesto la querella a nombre de un menor guatemalteco de 16 años, de la etnia Maya e identificado solo con sus iniciales, que se vio forzado a escapar tras recibir amenazas de muerte de las pandillas que buscaban reclutarlo.

  El menor cruzó la frontera de Texas esta semana con el objetivo de reunirse con su padre pero ahora se encuentra bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en McAllen, y a punto de ser deportado.

  Durante la pandemia del coronavirus la Administración ha deportado de manera expeditiva a miles de inmigrantes que se han entregado en la frontera buscando asilo, bajo el argumento de que pueden esparcir el virus si son procesados bajo las leyes migratorias.

  De acuerdo a cifras de CBP desde el pasado mes de marzo se han deportado de forma «exprés» a 109,000 migrantes en la frontera con México.

  CIFRAS 

  OCULTAS 

  Aunque la cifra de menores dentro de ese grupo no se ha dado a conocer de manera oficial, los activistas calculan que podrían sobrepasar los 2,000.

  De acuerdo a los demandantes, bajo las nuevas directrices a este menor guatemalteco se le ha negado la posibilidad de presentar su caso de asilo y, en vez de ser enviado a un albergue para migrantes a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés), ahora enfrenta la deportación.

  El mes pasado, abogados de Texas Civil Rights Project denunciaron que niños inmigrantes eran puestos en hoteles de Texas y Arizona para luego deportarlos sin procesarlos bajo las leyes migratorias.

  El gobierno federal argumenta que la ley aprobada a finales del siglo XIX y modificada en 1940 autoriza que se prohíba la entrada a personas que puedan traer una enfermedad contagiosa a Estados Unidos.

  Los demandantes argumentan que los agentes fronterizos tienen diferentes opciones si sospechan que una persona podría tener una enfermedad contagiosa, entre ellas hacer una prueba y después ponerla en cuarentena, pero bajo ninguna circunstancia se debe deportar a un menor no acompañado sin darle la oportunidad de presentar su caso legal de asilo.