La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de autorizar la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas ha generado un intenso debate sobre los derechos de los migrantes y el alcance de las autoridades estatales en materia de inmigración. Esta legislación otorga a la Policía de Texas la capacidad de detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de manera irregular al país, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos y constitucionales.

 El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció a favor del estado de Texas permitiéndole la entrada en vigor de una ley que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

La legislación, conocida como SB4, podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.

El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.

Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera que el pleno votará sobre esta solicitud.

Este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal. “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, y subrayó que la ley ya está en vigor.

La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.

El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.

Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de este martes como “decepcionante”.

El abogado añadió en un comunicado que la ley “amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso” por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.

Condena SRE entrada en vigor de ley antimigrante de Texas

La Ley SB4 de Texas podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno de Biden y organizaciones defensoras de los migrantes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la entrada en vigor de la Ley SB4 de Texas,  que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.
Al frente de la SRE he sido clara: la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza y discrimina a personas que en movilidad”, manifestó la canciller Alicia Bárcena en un comunicado.

La entrada en vigor de dicha legislación se da tras la luz verde otorgada por el Tribunal Supremo de Justicia estadounidense, que se pronunció este martes a favor del estado de Texas.

La SB4 podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.

El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los migrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.

Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera que el pleno votará sobre esta solicitud.

Este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal. “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, y subrayó que la ley ya está en vigor.

La ley, una de las medidas antimigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Casa Blanca rechaza la decisión del Supremo sobre la nueva ley migratoria en Texas

El Gobierno de Joe Biden criticó la decisión de los magistrados y tildó la legislación, conocida como SB4, de “inconstitucional” La Casa Blanca rechazó la decisión del Tribunal Supremo del país de permitir que se aplique una polémica ley migratoria que da a las autoridades en Texas la potestad de detener y expulsar a personas que consideren “sospechosas” de haber cruzado la frontera sur de manera irregular.

En un comunicado, la portavoz del Gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal y tildó la legislación, conocida como SB4, de “inconstitucional”.

La normativa “no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur”, señaló.

La jefa de prensa de la Casa Blanca añadió que la legislación, que fue aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, es un ejemplo de la “politización de la frontera por parte de los republicanos”.

La decisión del Supremo de este martes permitirá a las autoridades del estado sureño hacer cumplir esta nueva ley mientras un tribunal en menor instancia examina una demanda presentada por el Gobierno de Biden y organizaciones en defensa de los derechos humanos.

Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones.

La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente entrar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un delito grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó de manera irregular al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.

El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones y obtuvo su respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.

La decisión del Supremo fue celebrada por republicanos y funcionarios de Texas que apoyan las medidas restrictivas impuestas por Abbott.

Paxton aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal: “Esta es una gran victoria, (…) es un gran honor para mí defender a Texas y su soberanía”. Por otro lado, el abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Anand Balakrishna, calificó la decisión como “decepcionante”.

El abogado añadió en su comunicado que la normativa “amenaza la integridad de las leyes de inmigración” de Estados Unidos “y los principios fundamentales del debido proceso”, por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.