El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, firmó la nueva ley a principios de mayo. Kemp y otros defensores de la legislación argumentan que estas medidas son necesarias para garantizar la integridad del proceso electoral y prevenir el fraude. Sin embargo, los críticos sostienen que el fraude electoral es extremadamente raro y que estas medidas están diseñadas para desalentar la participación de los votantes de las minorías.

Georgia, con 16 votos electorales, es considerado un estado clave para las elecciones del 5 de noviembre. En 2020, Biden se convirtió en el primer demócrata en ganar el estado desde 1992, cuando Bill Clinton superó a George Bush. Este cambio se atribuye en gran medida a una coalición diversa de votantes de minorías que se movilizó en respuesta a las políticas y retórica de Trump.

En las elecciones de 2016, Trump ganó en Georgia con un margen de aproximadamente 5 puntos porcentuales sobre Hillary Clinton. La estrecha victoria de Biden en 2020 mostró que el estado se ha vuelto más competitivo, lo que aumenta la importancia de cada voto y, por ende, de las leyes electorales que regulan el acceso a las urnas.

Los grupos de defensa del voto y las organizaciones de derechos civiles están trabajando para educar a los votantes sobre los nuevos requisitos y asegurarse de que todos los ciudadanos elegibles puedan ejercer su derecho al voto. Estos esfuerzos incluyen campañas de información pública, asistencia legal y movilización comunitaria.

La lucha por los derechos de voto en Georgia es vista como parte de una batalla más amplia en Estados Unidos, donde varios estados han aprobado o están considerando leyes similares que restringen el acceso al voto. Esta tendencia ha generado preocupación entre los defensores de los derechos civiles, quienes ven estas medidas como un retroceso en la lucha por una democracia inclusiva y representativa. Georgia, con 16 votos electorales, se considera un estado clave con miras a la elecciones del 5 de noviembre después de que Biden se convirtiera en 2020 en el primer demócrata en ganar el estado desde 1992, cuando Bill Clinton superó al republicano George Bush, gracias a una coalición de votantes de minoría. Sin embargo, Trump superó en 2016 a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por un margen de alrededor 5 puntos porcentuales.

De acuerdo con la activista de ACLU, esa organización sin fines de lucro considera que la reforma electoral de Kemp dará pie a “impugnaciones maliciosas e infundadas”.

Entre otras cosas, la ley estipula que “la dirección postal para fines electorales de cualquier residente del estado que esté sin hogar y sin una dirección permanente, será la oficina de registro del condado donde viven”.

Los activistas consideran que esto hará más difícil que los votantes ejerzan su derecho al sufragio.

Andrea Young, directora ejecutiva de ACLU en Georgia dijo, por su parte, que la norma conocida como SB-189 requerirá que los funcionarios electorales, “que ya están sobrecargados, dediquen tiempo a procesar impugnaciones innecesarias”.
“Como siempre, los funcionarios estatales electos deberían trabajar para que la votación sea más fácil y no más difícil para los ciudadanos de Georgia. Estamos comprometidos a proteger a los votantes de Georgia y veremos al gobernador ante los tribunales”, declaró Young a la prensa.

Para la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), la nueva ley “hace definitivamente más difícil que los ciudadanos de Georgia puedan votar, particularmente los votantes latinos, los ‘de color’ y los votantes en condiciones de pobreza”.

“Los cambios que se han producido este año y en los últimos años tienen un impacto particularmente grande en nuestras zonas densamente pobladas y diversas. Hemos visto en el pasado cómo este tipo de iniciativas se han utilizado para frenar el acceso de votantes latinos a ejercer nuestro derecho al voto”, dijo a EFE Kyle Gómez-Leineweber, director de Políticas Públicas en GALEO.

Gómez expresó preocupación por lo que considera son “esfuerzos coordinados” para purgar a votantes latinos y de minorías “de manera masiva” de las listas de votantes.

“Nosotros, junto con nuestros aliados de coalición, estamos considerando el uso de todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar que los ciudadanos latinos de Georgia puedan ejercer su derecho al voto, no importa cuántas o qué barreras se pongan delante de ellos”, agregó.
A menos de seis meses de las presidenciales en EE.UU., estos activistas se preparan para impugnar una legislación que aseguran “impone más barreras” a los votantes y dificulta la labor de los funcionarios electorales del estado.

“Estamos planeando impugnar esta ley, creemos que es una mala política que viola algunas leyes federales”, declaró a EFE Caitlin May, abogada especialista en derecho al voto de ACLU.