Cumplen migrantes latinos 22 días de huelga

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Dallas, Tx.- La Administración del presidente Donald Trump aceptó ayer martes que restauró por completo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes.

Al publicar en su página web que está aceptando nuevas solicitudes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asume el mandato del juez federal que el pasado viernes le obligó a mantener el programa con las mismas condiciones con las que se estableció en 2012.

Aún así, el departamento se mostró “totalmente en desacuerdo con esta decisión de otro juez activista que actúa de acuerdo con sus propias preferencias políticas”, según dijo a Univisión el portavoz Chase Jennings.

Jennings aseguró que cumplirán “con esta decisión mientras trabajamos con el Departamento de Justicia en los próximos pasos para apelar” el fallo judicial, según se hizo eco la citada cadena hispana.

El anuncio sigue siendo una gran victoria para los jóvenes que no han podido postularse tras los reiterados intentos de Trump de eliminar DACA desde septiembre de 2017. La Administración sigue argumentando que el programa es inconstitucional aunque la justicia hasta ahora no le ha dado la razón.

Cuando la Corte Suprema falló en junio que Trump violaba el derecho federal por cómo dio fin al programa, Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, explicó que el Gobierno estudiaría sus opciones pero que, mientras tanto, no aceptaría nuevas solicitudes y que las renovaciones tendrían validez por un año y no por dos. Esta medida de Wolf es la que tumbó recientemente el juez federal.

APERTURA

TOTAL

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) reabrió desde el pasado lunes la recepción de nuevas solicitudes de amparo bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en cumplimiento de una orden emitida el viernes pasado por un juez federal en Nueva York.

El programa fue creado por decreto del presidente Barack Obama en 2012 para evitar la deportación de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad, pero en septiembre de 2017, el presidente Donald Trump decretó la cancelación del programa.

Las querellas legales llegaron al Tribunal Supremo de Justicia el cual, en junio pasado, dictaminó que el programa podría continuar hasta una decisión final, pero el gobierno de Trump ha ido modificando las reglas de solicitud y trámite de DACA haciéndolas más difíciles.

En julio, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, ordenó en un memorando que no se admitieran nuevas solicitudes y redujo de dos a un año la extensión de los permisos de permanencia otorgados a las personas que ya estaban dentro del programa DACA.

Asimismo, el memorando añadió requisitos para la obtención de los permisos de viaje que DACA contemplaba para los beneficiarios que, por razones de fuerza mayor o por asignaciones de trabajo, tuviesen necesidad de viajar al exterior de Estados Unidos durante su permanencia en el programa.

En noviembre pasado un juez federal invalidó el memorando de Wolf tras concluir que el funcionario no había sido designado de acuerdo con lo que marca la ley, y por lo tanto no tenía atribuciones para efectuar esos cambios.

Y la semana pasada el mismo juez de Nueva York ordenó al Departamento de Seguridad Nacional, del cual USCIS es una dependencia, que reabriese la recepción de nuevas solicitudes y restableciera la vigencia por dos años de los permisos de trabajo y la protección de DACA.

El tribunal dio a DHS un aviso para que “dentro de los tres días calendario de esta orden, coloque de manera prominente en su sitios web de toda las otras agencias relevantes, la notificación de que acepta los pedidos iniciales bajo DACA, y las solicitudes de viaje, sobre la base de los términos del programa DACA antes del 5 de diciembre de 2017”.

HASTA

MORIR

Inmigrantes latinos en un centro de detención en Bergen, Nueva Jersey, que llevan 22 días en huelga de hambre por las condiciones de su encierro, aseguran que mantendrán la medida hasta que les den la libertad “o nos muramos de hambre”, y han denunciado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) les amenazó con obligarlos a comer.

“Nosotros no somos criminales para que ICE nos trate de la manera que lo está haciendo. Nos pone el mismo uniforme que a otros presos condenados por muchos crímenes y nosotros no somos esa clase de personas”, señala la carta firmada por ocho inmigrantes latinos en huelga de hambre y publicada en Twitter.

Agregan que aunque no se consideran “mejores o menos que ellos (los sentenciados), creemos que deberían tratarnos de una mejor manera porque no estamos pagando ninguna condena; el único delito que hemos cometido es ser inmigrantes indocumentados con deseos de ayudar a nuestra familia en nuestros países”.

Agregan que como padres tienen el derecho a estar con sus hijos, “y es lo que nos impulsa a seguir con la huelga”.

Los inmigrantes iniciaron la huelga exigiendo que les permitan regresar con sus familias ya sea con grilletes electrónicos o bajo fianza debido al temor al contagio de COVID-19 en una abarrotada prisión donde varios tienen condiciones preexistentes de salud que les hacen más vulnerables.

De acuerdo con la carta, el ICE les pidió que pusieran fin a la huelga porque para dejarles salir es necesario que estén en buenas condiciones de salud, pero aseguran que fue una falsa promesa.

También sostienen que el 4 de diciembre recibieron una llamada de un teniente de la cárcel para que recogieran sus pertenencias, “y nos pusimos contentos creyendo que nos íbamos a casa” pero, según los inmigrantes, la intención era trasladarnos a unas celdas más viejas.

PIDEN

LIBERTAD

Indican que la encargada del centro de detención, a quien identifican como Lilliam Rosario, les informó de que no serían llevados a ningún otro lugar.

“Por eso no vamos a comer hasta que nos den nuestra libertad o nos muramos de hambre porque ya son muchas las veces que el ICE nos ha mentido”, aseguran en la misiva encabezada por Carlos Colindres Gómez, y afirman que lo que hacen es en respuesta a “todas las violaciones que Inmigración ha hecho en contra de nosotros”.

En específico destacan que hay personas detenidas hace 2 o 3 años sin que ninguna haya cometido un crimen y advierten que los que están en huelga de hambre afrontan diversos problemas de salud, “pero al ICE no le ha importado”.

Sostienen que fueron amenazados de que, de no desistir de la huelga, serían amarrados a la cama e intubados para darles de comer.

También aseguran que uno de los detenidos fue “abusado física y sexualmente” por guardias de un centro de detención en el condado de Essex en Newark, Nueva Jersey, que lo desnudaron, golpearon y gritaron insultos racistas, por lo que se unió también a la huelga de hambre en Bergen.

“El ICE solo viene a pedirnos que comamos y amenazarnos diciendo que lo que estamos haciendo no nos va a funcionar para que nos dejen salir”, afirman.

TRIUNFO

AL MURO

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito otorgó un importante triunfo al presidente Donald Trump para continuar con la construcción del muro fronterizo.

Se trata la luz verde para el desvío de $3,6000 millones de dólares del Departamento de Defensa para la avanzar con uno de los más importantes proyectos del mandataerio republicano.

La decisión de 2-1 dictaminó que el condado de El Paso y la Red Fronteriza de Derechos Humanos sin fines de lucro no tenían legitimación para ir en contra del plan del presidente.

Los demandantes, según los jueces, tampoco tenían derecho de intromisión sobre los más de 100 proyectos de construcción militar que serían afectados, según la acusación.

De este modo, los jueces anularon el fallo de 2019 del juez de distrito estadunidense David Briones.

No queda claro cómo avanzará la decisión del Quinto Circuito, ya que la Corte Suprema aceptó discutir la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que dictamina que la transferencia de fondos era ilegal.

Los jueces consideraron entonces que los grupos de defensa Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur contra el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, y el secretario en funciones de Seguridad Nacional, Chad Wolf, actuaron indebidamente al desviar los fondos.

CARAVANA

POR REFORMA

Con una caravana de poco más de 60 automóviles que comenzó en el estado de Nuevo México, pasó por el muro fronterizo y terminó en El Paso (Texas), la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) lanzó la campaña “2021, ¡Reforma Migratoria Ahora!“.

El objetivo es presionar al gobierno entrante del presidente electo Joe Biden para que de una vez por todas se apruebe una reforma migratoria en Estados Unidos.

“Esta caravana la lanza la Red en un esfuerzo para realmente poner presión a la nueva administración y al nuevo Congreso para que se tome en serio la demanda de una reforma migratoria”, dijo en una entrevista con Efe Fernando García, director y fundador de BNHR.

La campaña iniciada este sábado también busca la desmilitarización de la frontera sur, la rendición de cuentas de las agencias de aplicación de la ley locales y federales por violaciones de derechos humanos, el cierre de los centros de detención, el desmantelamiento del muro fronterizo y la reunificación de familias que fueron separadas por el sistema migratorio.

“Tenemos décadas esperando el cambio que merecen las comunidades inmigrantes como las comunidades de aquí de la frontera y el presidente (Barack) Obama (2009-2017) nos dijo al público americano que al fin iba a hacer esos cambios en las leyes pero nunca sucedió“, dijo la congresista Verónica Escobar, quien espera que Biden realice un verdadero cambio en apoyo a las minorías.

“Lo que nosotros necesitamos al fin es no solamente las órdenes ejecutivas, necesitamos los cambios en la ley y necesitamos empezar a demandar eso ya”, finalizó Escobar.

PETICION

A BIDEN

El evento organizado por BNHR también contó con la presencia de distintos actores políticos locales además de familias migrantes que se unieron en una sola voz para exigir un cambio en los primeros cien días de la administración Biden, quien incluyó la reforma migratoria en su propuesta de campaña rumbo a la Casa Blanca.

“Si en el Congreso y el Senado tenemos mayoría demócrata sería más fácil, pero ese es un trabajo muy difícil de lograr, entonces debemos poner toda la presión sobre el nuevo presidente para poder actuar en medidas pro inmigrantes y quitar las que fueron antiinmigrantes”, comentó David Stout, comisionado del Precinto 2 del condado El Paso.

Esta caravana fue el primer evento de una serie de manifestaciones que se van a realizar a lo largo del país para ejercer la presión necesaria para la introducción de un paquete de reforma migratoria que incluya un camino hacia la ciudadanía para casi 12 millones de residentes indocumentados en los EU.

El paquete incluiría a los “dreamers”, como se conoce a los beneficiarios de DACA, el programa para indocumentados llegados de niños al país, y titulares del Estatuto de Protección Temporal (TPS).