Patrulla Fronteriza de EE.UU. cumple un siglo de vigilancia en medio de retos y denuncias

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La Patrulla Fronteriza celebra un siglo de vigilancia de las fronteras de Estados Unidos con una historia de retos y también de acusaciones de violaciones a los derechos civiles por parte de defensores de los migrantes, que además critican el poder electoral de su sindicato.

De 450 oficiales con los que comenzó el 28 de mayo de 1924, cuando el Congreso en Washington aprobó su creación, ha pasado a unos 20 mil miembros encargados de la crucial vigilancia de la frontera con México y Canadá, además de los puertos marítimos y aéreos estadounidenses.

La Patrulla Fronteriza se inició con miembros de los Texas Rangers y de los departamentos de alguaciles locales que conocían los terrenos y la vida de la frontera con México.

Los primeros agentes recibieron una placa, una pistola y un salario anual de mil 680 dólares, y cada una debía proporcionar su propio caballo.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de trabajadores agrícolas migrantes terminó en el país, por lo que comenzaron a dar más recursos a la Patrulla Fronteriza para frenar la migración.

A pesar de su importante papel, los agentes fronterizos, a quienes muchos califican como “la primera línea de defensa”, han estado en la mira de organizaciones humanitarias debido a las continuas denuncias de impunidad contra sus abusos en medio de las fallidas políticas migratorias del país.

Entre los abusos se han denunciado golpizas a migrantes, violación de mujeres, narcotráfico y uso de fuerza letal.

Vicki Gaubeca, directiva de la organización Human Rights Watch, dice que tuvo “comienzos cuestionables, comenzando como una agencia que buscaba prevenir la entrada de migrantes chinos, y luego a migrantes mexicanos”.

“Desde un principio la agencia tuvo inicios basados en el racismo y las prácticas de perfil racial ya que inclusive muchos ciudadanos estadounidenses eran arrestados solo por el color de su piel, una cultura que desafortunadamente aún continúa dentro de esta agencia”, subrayó a EFE Gaubeca.

“Muchas veces la excusa es la misma, los agentes se defendían de un ‘ataque con piedras’, sin embargo siempre he dicho que el daño que causa una piedra no puede compararse con el de una bala”, dijo la directiva de HRW.

Entre 1980 y 1990 la Patrulla Fronteriza triplicó su presupuesto y número de agentes, e integró cada vez más tecnología como cámaras infrarrojas y sensores de movimiento.

Los ataques terroristas de 2001 incrementaron drásticamente los recursos otorgados a esta agencia federal, la cual cuenta ahora con perros robot y drones no tripulados para vigilar la frontera.

En 2003 pasó a formar parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que cuenta con un presupuesto anual de 25 mil millones de dólares.

Cuestionamientos al poder político del sindicato
Gaubeca cuestiona además el poder político que esta agencia ha adquirido especialmente desde el apoyo de su sindicato al expresidente Donald Trump (2017-2021) en 2016, cuando el republicano ganó. Desde entonces el sindicato ha dado su apoyo a candidatos políticos en todos los niveles, sobre todos aquellos conservadores que buscan incrementar la seguridad en la frontera.

“Ninguna agencia federal como el FBI o la DEA tienen un sindicato, no entiendo por qué le es permitido todo esto a la Patrulla Fronteriza, sobre todo debido al papel que tienen en la seguridad nacional”, dijo Gaubeca.

María Salazar, del grupo Víctimas de la Patrulla Fronteriza, cuestionó la muerte de migrantes por parte de sus agentes, y denunció que incluso hay ciudadanos estadounidenses entre las víctimas.

“Se escudan en la ley y nunca han sido responsabilizados por sus actos”, dijo a EFE Salazar.

Según un informe de la semana pasada de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO), una agencia no partidista de vigilancia, desde 2010 las unidades de investigación de la Patrulla Fronteriza respondieron a cerca de 900 “incidentes críticos” que han involucrado a sus agentes, incluyendo 149 con consecuencias fatales, “obstruyendo la justicia”.

Ante las quejas, dichas unidades fueron desmanteladas por la Administración del presidente Joe Biden. Además, videos de agentes tirando el agua y la comida que colocan grupos que buscan prevenir las muertes de migrantes indocumentados en el desierto de Arizona han causado durante años la indignación de grupos humanitarios.

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