Acelera EU deportaciones y refuerza la frontera  

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- Los presidentes estadunidense Joe Biden y el mexicano Andrés Manuel López Obrador tendrán una reunión bilateral el 29 de abril, donde abordarán distintos asuntos, incluidos inmigración, seguridad y energía.

“En este evento virtual, los dos líderes discutirán su visión para la Novena Cumbre de las Américas y cómo América del Norte puede liderar iniciativas prioritarias para la región”, dijo la portavoz de la Casa blanca, Jen Psaki en un comunicado.

El encuentro es previo a la Cumbre de las Américas que ocurrirá en junio en Los Ángeles, California, donde se espera que México tenga una participación destacada, debido a su coordinación con la Administración Biden para impulsar planes sobre inmigración.

“También planean discutir la cooperación en materia de migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en Centroamérica, la competitividad y el crecimiento económico, la seguridad, la energía y la cooperación económica”, agregó la funcionaria.

Ambos mandatarios tuvieron una primera reunión virtual en marzo del 2021, a la que siguieron varias llamadas telefónicas y el encuentro en noviembre de ese mismo año en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

El encuentro ocurre luego del intenso cabildeo que la Administración Biden hizo a través del embajador Ken Salazar contra la reforma eléctrica, la cual no logró avanzar en el Congreso mexicano, debido a que requería mayoría calificada, pero Morena –el partido en el poder– tenía solamente votos de mayoría simple.

Ambos gobiernos han enfrentado varios desencuentros, incluida la decisión en abril del 2021 de México de terminar con las Unidades de Investigación Sensible (SIU, en inglés), que servía de coordinación con la DEA contra el crimen organizado.

Esa decisión no había sido hecho pública, en medio del desarrollo e implementación del nuevo plan contra los cárteles con el Entendimiento Bicentenario, pero funcionarios de la DEA se quejaron con Reuters del fin del grupo de investigación.

Ante ello, el presidente López Obrador defendió la decisión al afirmar que esa área estaba “infiltrada” por el crimen organizado y acusar a la DEA de “hipócrita” por tener un doble estándar en la lucha contra criminales.

“Ya tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo, sigue habiendo cooperación, pero ese grupo que supuestamente era de muy alto nivel, estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo”, dijo el mandatario mexicano.

REVES A 

BIDEN 

El gobierno del presidente Joe Biden todavía deberá enfrentar un revés de una Corte de Distrito en Louisiana para bloquear sus intenciones de terminar con el Título 42, pero funcionarios de alto nivel adelantaron el plan para la frontera con México, el cual incluye expulsiones aceleradas y mayor vigilancia.

El plan tiene seis pilares, indicaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DSH), en conferencia telefónica con reporteros. Esto incluye aumentar los recursos para la frontera; aumentar la eficiencia de oficiales migratorios; aplicar un régimen de “consecuencias agresivas”; reforzar la capacidad de las organizaciones civiles y mayor coordinación con socios estatales y locales; perseguir a los cárteles y contrabandistas, y trabajar con los socios regionales.

“Este plan integral aprovecha un enfoque de todo el gobierno para prepararse y administrar los aumentos actuales y anticipados en encuentros de no ciudadanos en nuestra frontera suroeste”, indica un documento proporcionado por la Administración Biden.

Los funcionarios, quien hablaron bajo condición de anonimato, reconocieron que hay una expectativa de aumento de inmigrantes en la frontera una vez que termine el Título 42, el cual permite la expulsión expedita de no ciudadanos y los impide de solicitar asilo.

Los esfuerzos del gobierno –que se integran en un memorando firmado por el secretario Alejandro Mayorkas— ya están siendo implementados, para “abordar un número cada vez mayor de migrantes que esperamos ver cruzar la frontera suroeste cuando se levante el Título 42”, apuntó uno de los funcionarios.

Uno de los funcionarios respondió al cuestionamiento sobre qué ocurrirá la intención confirmada del juez Robert Summerhays sobre bloquear la decisión de suspender el Título 42. Fue cuando se confirmó la aplicación de la expulsión acelerada de inmigrantes.

“Siempre y cuando el tribunal realmente emita la orden, el Departamento planea cumplir con esa orden”, dijo uno de los funcionarios. “Sin embargo, me gustaría señalar que cuando se levante la Orden del Título 42, tenemos la intención de expandir significativamente el uso de la expulsión acelerada a través de nuestras autoridades del Título 8 y, por lo tanto, imponer consecuencias de cumplimiento de la ley a largo plazo para aquellos que buscan cruzar la frontera sin una base legal”.

El memorando del secretario Mayorkas enfatiza la aplicación del Título 8, que es una medida sobre peticiones de asilo, lo cual permitirá responder lo antes posible a una solicitud creíble o acelerar la expulsión de la persona que no cumpla con los requisitos.

SOMBRA 

DE TRUMP 

Un juez federal de Louisiana bloqueó temporalmente la decisión del gobierno de Joe Biden de poner fin al Título 42, anunciada para el próximo 23 de mayo, por lo que se mantiene la restricción de inmigrantes debido a la pandemia de COVID.

La orden del juez Robert Summerhays responde así a la demanda presentada originalmente por los estados de Missouri, Louisiana y Arizona, que están en contra de la eliminación de la política que impuso el expresidente Donald Trump durante la pandemia.

“La Corte discutió la Solicitud de Orden de Restricción Temporal [ECF No. 24] presentada por el demandante (la oficina del Procurador General de Arizona). Por las razones expuestas en el expediente, el Tribunal anunció su intención de otorgar la solicitud. Las partes consultarán sobre los términos específicos que se incluirán en la Orden de Restricción Temporal e intentar llegar a un acuerdo“, escribió el juez en su razonamiento por escrito de 25 páginas.

Tal determinación echa abajo la intención de Joe Biden, quien recientemente dijo que su gobierno estaba “trabajando con el Congreso para implementar el levantamiento del Título 42 de una manera tan ordenada y humana como sea posible”.

Desde su creación, distintas organizaciones han acusado que dicha política fue usada por el gobierno de Estados Unidos para expulsar a miles de migrantes que llegaban a la frontera con México sin permitir siquiera una oportunidad de pedir asilo.

La demanda de los estados de Arizona, Luisiana y Missouri se presentó durante los primeros días de abril en un tribunal federal de Luisiana que justo impugnaba el final de la regla, previsto para el 23 de mayo, de los controles fronterizos del Título 42, orden impuesta hace casi dos años por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Tras la noticia, el Procurador General de Arizona, Mark Brnovich, aplaudió la orden de restricción temporal para mantener el Título 42 en vigor.

“Aplaudimos a la Corte por aprobar nuestra solicitud de una Orden de restricción temporal para mantener el Título 42”, dijo el procurador Brnovich.

“La administración de Biden no puede continuar en flagrante desprecio por las leyes existentes y los procedimientos administrativos requeridos”, añadió.

FRENO A LAS 

EXPULSIONES 

Este lunes 25 de abril, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inicia con una nueva política que permite frenar la deportación de ciertos inmigrantes, debido a que marca prioridades contra ciertos no ciudadanos.

Esto luego de un memorando firmado el 3 de abril por Kerry Doyle, titular de la oficina del Asesor Legal Principal (OPLA), donde se marcan tres prioridades de inmigrantes a ser deportados en forma inmediata.

La orden sigue las guías de detención y persecución de inmigrantes del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, firmadas en septiembre del 2021 y que entraron en vigor en noviembre pasado.

Esto es, los oficiales de ICE deberán enfocarse principalmente en los siguientes inmigrantes:

– Aquellos que representen una amenaza a la seguridad nacional. 

– Los no ciudadanos que puedan ser una amenaza a la seguridad pública. 

– Aquellas personas que son una amenaza a la seguridad fronteriza (aquellos que ingresaron a EU después del 1 de noviembre del 2020). 

“Se espera que los abogados de la OPLA ejerzan discreción en todas las etapas del proceso de ejecución de conformidad con los factores y consideraciones establecidos en la guía del secretario Mayorkas”, dice el memorando de Doyle.

“Siempre que sea posible, las decisiones para ejercer la discreción procesal deben tomarse lo antes posible para conservar mejor los recursos procesales”.

El memorando también pide a los fiscales de ICE que contemple el caso integral de un inmigrante, incluso si no tiene representación legal.

“Estas prioridades no tienen la intención de exigir o prohibir tomar o mantener una acción civil de aplicación de la ley de inmigración contra cualquier individuo que no sea ciudadano ni contravenir ninguna obligación legal”, indica el memorando de Doyle. “Más bien, se espera que los abogados de OPLA concentren sus esfuerzos y recursos limitados de acuerdo con la ley y la importante misión de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza de ICE”.

ACUSAN 

A BIDEN 

Aunque ha hecho esfuerzos para modificar el sistema de asilo, las políticas de la administración del presidente Joe Biden mantienen la estrategia de encerrar a inmigrantes que solicitan asilo.

Así lo revela el informe “Aquí son un preso” de Human Rights First, el cual documenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha enviado a decenas de miles de personas que buscan asilo a cárceles donde sufren largas detenciones, daños físicos y psicológicos, negligencia médica, discriminación y otros abusos.

“A medida que la Administración Biden pone fin a la política de expulsión ilegal del Título 42, no debe perpetuar el uso cruel e innecesario de la detención contra las personas que buscan refugio en este país”, consideró Rebecca Gendelman, abogada asociada de investigación de Protección de Refugiados en Human Rights First y autora del informe. “El gobierno tiene autoridad legal para conceder la libertad condicional a los solicitantes de asilo y otros inmigrantes. Su elección de detenerlos pone en peligro vidas, separa familias, inflige traumas, desperdicia recursos y castiga a las personas por ejercer su derecho legal a solicitar asilo”.

El reporte agrega que el DHS ha tratado a los adultos solicitantes de asilo como prioridades para la detención y deportación, incluidos disidentes políticos, personas LGBTQ, sobrevivientes de tortura, activistas de derechos humanos y sobrevivientes de violencia de género, a quienes los encarceló durante largos periodos, en lugar de permitirles continuar con sus casos, mientras vivían seguros con sus familias y comunidades en EU.

El tiempo de detención para solicitantes que provienen de países con habitantes mayoritariamente de raza negra sufrieron periodos de detención más prolongados, con un promedio de casi un mes más (4,6 meses) que otros solicitantes.