Las Lecciones para México de la operación “Lava Jato” de Brasil
Por : Ing. Esteban Sánchez
“En 2017, tomé un revólver cargado y lo llevé conmigo al Supremo Tribunal Federal. Decidí
matar a quien me había ofendido y luego suicidarme. Sólo la voz de Dios en un último
momento me impidió hacerlo”. Esta confesión terrible no es de algún denunciante cuya queja
no fue bien atendida por el STF, máximo tribunal de Brasil. Se trata de las memorias recién
publicadas del exprocurador General de la República, Rodrigo Janot, quien encabezó esa
institución de 2013 a 2017, periodo clave de la operación anticorrupción conocida como Lava
Jato (Operación Lavacarro); su víctima hubiera sido el actual ministro de la Suprema Corte,
Gilmar Mendes. ¿Los motivos? Potenciales conflictos de interés de la hija del primero y la
esposa del segundo, derivados de investigaciones anticorrupción.
Ésta es apenas la última revelación que tiene enfrentadas a las instituciones de justicia del país
sudamericano y que forman parte de la implosión de la que fue conocida como “la mayor
operación en el mundo contra la corrupción”, Lava Jato (pronunciada lavashato). Una serie de
filtraciones al sitio The Intercept Brasil, derivadas de un hackeo sistemático a los correos y
teléfonos de agentes del ministerio público, en especial del responsable del caso, Deltan
Dallagnol, y del exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, han revelado que el
voluntarismo y los prejuicios, especialmente contra el expresidente Lula da Silva, se han
traducido en graves fallas jurídicas al debido proceso. Los resultados de debates en el STF que
iniciaron este octubre pueden llevar a la liberación en cascada de 147 de los 170 presos por la
operación anticorrupción, la cual ya recuperó, por lo menos mil millones de dólares. Así que de
manera inesperada se puede derivar una ventaja del lento proceder de la justicia mexicana
contra actos de corrupción en el país. ¿Qué lecciones se pueden derivar del posible fracaso de
la Operación Lava Jato, después de haber sido modelo mundial de aparente valentía y audacia
en la lucha contra la corrupción?
Primera lección: evitar la politización. Como es sabido por sus propios escritos, el exjuez Sergio
Moro, modeló su actuación como juzgador de Lava Jato, en la Operación Manos Limpias (Mani
Pulliti), de Italia. En especial en el uso planeado y deliberado de filtraciones a la prensa para
“formar una opinión pública contraria a la corrupción”. Las transcripciones de chats y mensajes
vía la aplicación Telegram revelan una coordinación indebida entre el juez Moro y el procurador
Dallagnol para guiar las investigaciones hacia donde Moro quería, entre otros fines: el
encarcelamiento del expresidente Lula. Ese modelamiento de la opinión pública contribuyó
significativamente al triunfo electoral de un hombre que representa un retroceso democrático
para Brasil. Un Presidente que reivindica la cruel dictadura de 1964 a 1985, que receta
públicamente la tortura y los asesinatos como forma de combatir a la delincuencia.
La corrupción existió, la participación de Odebrecht y de otras empresas constructoras en el
financiamiento ilegal de campañas políticas de la coalición de partidos en torno al PT, para
obtener contratos, es innegable. Lo que también resulta innegable es la conducción de las
investigaciones para obtener ciertos resultados políticos.
Segunda lección: uso cuidadoso de los nuevos instrumentos jurídicos. En 2013 se introdujo en
el Código de Procedimientos Penales brasileño la figura de “delator premiado”. Ése fue el
instrumento fundamental para conseguir de personas presas en proceso de ser juzgadas,
confesiones de su participación en acciones
corruptas y corruptoras, así como denuncias de
otros participantes, a cambio de condenas menores. El mes pasado un expresidente del Banco
de Brasil y de Petrobras, preso desde 2017, salió libre porque el STF reconoció que no tuvo
acceso a una defensa justa al no permitírsele defenderse después de las acusaciones del
delator. Si esto sienta jurisprudencia gracias a que se concedan nuevos amparos, Lava Jato se
convertirá en el Titanic jurídico de esta primera mitad del siglo 21.
En México podemos evitar esos errores, pero tenemos una combinación potencialmente muy
riesgosa: un clima de intensa polarización política que tiene, desafortunadamente, entre sus
protagonistas al propio Ejecutivo Federal; una Secretaría de la Función Pública encabezada por
una figura proclive a la politización. Nuevos instrumentos jurídicos muy cuestionados por una
importante corriente de juristas: la Ley de Extinción de Dominio, la clasificación de delitos
fiscales como de “delincuencia organizada” y las reformas al artículo 19 constitucional que
amplían el catálogo de delitos merecedores de la prisión preventiva oficiosa. A todo esto,
súmele un año electoral que inicia en 11meses. Esta vez, aprendamos en cabeza ajena.
Por ahora es todo; mientras tanto, ¡!! AQUÍ SI PASA Y MUCHO ¡!! Para cualquier información,
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