La violencia de género es un fenómeno multifacético que afecta a mujeres de todas las edades, clases sociales y entornos. La desigualdad estructural, tanto económica como social, contribuye a perpetuar esta violencia, creando un entorno propicio para la impunidad y limitando la capacidad de las mujeres para denunciar estos actos por temor a represalias.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU y otras organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han renovado sus llamados a los Estados para que intensifiquen sus esfuerzos y asignen presupuestos adecuados para implementar políticas que prevengan la violencia de género. La importancia de una respuesta oportuna y efectiva en términos judiciales y sanitarios para las víctimas también ha sido destacada como un elemento clave para abordar este flagelo.

La falta de denuncias por parte de las mujeres y niñas víctimas de violencia, motivada por el temor a la revictimización o amenazas de los agresores, pone de relieve la necesidad de crear entornos seguros y sistemas de apoyo para aquellas que deciden dar el paso de denunciar. Las respuestas institucionales deben centrarse en erradicar la impunidad, garantizando que los perpetradores sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban la protección y el apoyo necesario.

Abordar la violencia de género en Latinoamérica requiere un enfoque integral que combine la implementación de políticas públicas efectivas con cambios culturales y educativos que promuevan la equidad de género.

Las cifras no ceden

Según datos del Forum Brasileño de Seguridad Pública, los feminicidios aumentaron un 2.6 por ciento en lo que va de año, con 776 casos notificados como muerte por asunto de género, mientras que en el primer semestre del año cada 8 minutos una mujer o una niña fueron violadas.

De todas las violaciones registradas, el 61.4 por ciento de las víctimas tenía entre 0 y 13 años de edad, y 8 de cada 10 eran menores de 18 años. La mayoría de las víctimas (88.7 %) eran mujeres y el 56.8 por ciento eran negras.

Según cifras oficiales, muchos casos no son denunciados por temor a represalias y sólo el 8.5 por ciento de las violaciones son reportadas en la Policía y un 4.2 por ciento a través de sistemas de información en hospitales y centros de salud.

Además, Forum detalló que al menos mil 902 mujeres que fueron asesinadas aparecen registradas como casos de homicidio.

México llega al 25N con 2 mil 594 mujeres asesinadas entre enero y septiembre de 2023, lo que supone una media de 9.5 al día, y un grado notable de desconfianza en la justicia.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2023, tres de cada 10 mujeres víctimas de un delito no denuncia porque sería “una pérdida de tiempo”.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en marzo que desde su llegada en 2018 los feminicidios se habían reducido, pero la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, dijo a EFE que en los últimos seis años no ha habido “una disminución sustantiva” en la violencia machista en el país.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021 constató que el 70.1 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años o más han vivido al menos una situación de violencia, dato que se ha mantenido generalmente a lo largo de los años.

En lo que va de este año en Bolivia se han registrado 74 feminicidios, 27.130 casos por violencia intrafamiliar, 2.140 por violación, 2.105 por violencia contra la niñez y 2.954 por abuso sexual.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó este año que el Estado de Bolivia era responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la revictimización en contra de Brisa de Angulo, quien sufrió una violación por parte de un familiar hace 21 años.

En Panamá en los primeros 10 meses de este 2023 se han registrado 12 feminicidios y las muertes violentas de mujeres aumentaron a 23.

Expertas consultadas por EFE denunciaron la “naturalización” de la violencia hacia la mujer y que esta se ejerce cada vez con más saña como el caso de una madre quemada viva frente a sus hijas por su expareja y o el de otra asesinada de 40 puñaladas en el pecho.

Las activistas están impulsado un debate nacional sobre la tipificación del feminicidio.

En Venezuela, según cifras no oficiales, han bajado los feminicidios respecto a 2022, cuando cerró con 236 mujeres asesinadas a manos de hombres que formaban parte de sus círculos más cercanos.

La ONG Utopix contabilizó 154 víctimas mortales entre enero y septiembre de 2023, mientras que la Fiscalía registró entre 2018 y julio de 2023, mil 264 feminicidios, de los cuales 636 fueron en grado de frustración.

Linda Loaiza, quien fue secuestrada, torturada, mutilada y violada en 2001, denunció este mes que el país no ha tomado ninguna acción en su caso tras cumplirse cuatro años de la sentencia de la CorteIDH que condenó al Estado por los “hechos de tortura y violencia sexual sufridos” por ella.

La directora de la ONG Tinta Violeta, Daniela Inojosa, habló a EFE sobre el crecimiento de la “violencia patrimonial”, ejercida por hombres que, al romper la relación con las mujeres, “arremeten con los bienes que consiguieron con su trabajo pero que son parte de la unión”.

Perú acumula 145 feminicidios en lo que va de año, frente a los 147 reportados en 2022.

En cuanto a los casos de abusos sexuales, el que más ha impactado este año al país fue el de Mila, una niña de 11 años, que fue violada por su padrastro desde que tenía 8 y la dejó embarazada. Inicialmente a la menor le negaron el aborto terapéutico, el único que es legal en el país, y finalmente tuvo acceso a ese derecho.

Este caso alertó a organizaciones internacionales y no ha sido el único de violaciones a niñas que acaban en embarazos y a las que el Estado pone impedimentos en el acceso al aborto.

En Argentina las víctimas por violencia de género se incrementaron y en octubre se contabilizaron 250 feminicidios, tres trans/travesticidios y 22 feminicidios vinculados de varones, según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”.

La ONU y la Unión Europea (UE) financiarán un proyecto para la prevención y eliminación de la violencia de género y generaciones en Uruguay.

El Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) de Uruguay informó este viernes que de enero a septiembre recibió más de 17 mil 800 consultas por violencia de género.

Violencia de género, el delito más impune que afecta a una de cada tres mujeres

La violencia contra las mujeres y niñas continúa siendo uno de los delitos más impunes a nivel europeo y global, la violación de los derechos humanos más extendida, y un obstáculo para el avance de los derechos de la mujer, denuncian organizaciones internacionales y grupos de mujeres.

Este 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituciones europeas y miles de mujeres alzan su voz para denunciar esta forma de violencia que, según Naciones Unidas, afecta a casi una de cada tres mujeres en el mundo.

“¿Hay algún otro crimen tan extendido e ignorado? Si las víctimas de violencia de género fueran víctimas de terrorismo, tendríamos una respuesta mucho más robusta”, expresó la vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), Frances Fitzgerald, esta semana durante un debate parlamentario.

La Unión Europea (UE) calcula que el 22 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas, y que el 43 por ciento ha padecido violencia psicológica. Estos datos, si bien son altos, son de 2014 y no reflejan toda la realidad, ya que la mayoría de los casos no son denunciados.

Desde hace una década no hay encuestas a nivel europeo que permitan dibujar un panorama más aproximado de la violencia con la que lidian muchas mujeres en su vida diaria. Además, cada país de la UE tiene su propia legislación en la materia, por lo que los delitos recogidos bajo el paraguas de la violencia de género varían entre unos y otros, lo que complica su comparación y cuantificación.

En España, el número de asesinatos machistas este 2023 ya asciende a 52. Según el Área de Violencia de Género del Ministerio del Interior, estos crímenes han incrementado en el país en un 29 por ciento desde que comenzaron a registrarse datos en 2003.

“Sabemos que estos datos no nos dan toda la realidad por la dificultad de compararlos entre países de la UE y porque las consecuencias que tiene la violencia en la vida de las víctimas y de las supervivientes no se puede medir”, explica la experta del Lobby Europeo de Mujeres (EWL, por sus siglas en inglés), Irene Rosales.

Para la Comisión Europea, estos datos y la situación a la que deben hacer frente muchas mujeres es un “hecho estremecedor” que evidencia que sus derechos se han visto “amenazados, reducidos o eliminados por completo” en las distintas regiones del mundo, remarcó la institución en un comunicado con motivo del 25N.

Tras un largo recorrido, la UE se adhirió el pasado octubre al Convenio de Estambul, un instrumento jurídico internacional que establece normas para prevenir, perseguir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

Esta adhesión implica que todos los Estados miembros deben aplicar normas vinculantes para luchar contra estas formas de violencia. Sin embargo, en la práctica, su alcance es limitado, ya que únicamente es aplicable en los dos aspectos sobre los que la UE tiene competencia: la cooperación judicial en materia penal y el asilo.

Para superar estas deficiencias, las instituciones comunitarias están negociando una legislación contra la violencia de género en la Unión. No obstante, se encuentra estancada por el bloqueo de los Estados miembros que, según denuncian organizaciones de mujeres y el propio Parlamento Europeo, están “descafeinado” la directiva.

Los países de la Unión se oponen a incluir la violación en el texto final ya que consideran que la UE no tiene competencias para definir este delito a nivel comunitario. Francia y Alemania se encuentran entre los países bloqueadores y sólo nueve (de 27) abogan por incluirla.

Esta posición contrasta con la ambición de los grupos políticos de la Eurocámara, que acordaron que la norma debe definir el delito de violación basándose en la ausencia de consentimiento -como estableció la ley del “sólo sí es sí” española- y no en el uso de la fuerza, como aún requieren muchos Estados miembros.

Rosales asegura que todos los países se beneficiarían de esta legislación, que es “muy detallada” en cuanto a las circunstancias en las que el consentimiento no puede darse, “con lo cual la juezas y los jueces tendrían todavía una mejor definición a la que acogerse”, explica.

Esta experta del EWL asegura que la directiva debe tener una “perspectiva de género” para reconocer las causas y consecuencias de la violencia: “Es fundamental que tenga fortaleza y que sea un instrumento de cambio a largo plazo”, sentencia.

“Solo sí es sí. El sexo sin consentimiento es una violación y tiene que estar integrada dentro de la directiva”, remarcó la líder de los socialdemócratas del Parlamento Europeo, la española Iratxe García, durante la sesión plenaria celebrada esta semana en Estrasburgo.