Grupos emiten alertas a la embajadas por posibles extremistas armados que se dirijen a la frontera sur de EU

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La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), conocida por ser el mayor y más antiguo grupo latino de derechos humanos en Estados Unidos, emitió una alerta nacional el lunes debido a la presencia de supuestos «extremistas armados» que se dirigen a la frontera sur de Texas. Esta alerta levantó preocupaciones sobre la seguridad en la región fronteriza y generó un llamado a la acción por parte de las autoridades y la comunidad en general.

Según la alerta emitida por Lulac, se reportó la presencia de grupos armados que se desplazaban hacia la frontera sur de Texas, lo que podría representar un riesgo para la seguridad de la zona. La organización instó a las autoridades federales y estatales a tomar medidas inmediatas para abordar esta situación y garantizar la protección de la comunidad local.

La alerta de Lulac se produce en un momento en el que la frontera sur de Estados Unidos ha estado bajo escrutinio debido a un aumento en la migración y a la presencia de grupos paramilitares y milicias que han mostrado interés en patrullar la zona por su cuenta. Este tipo de actividad ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de confrontaciones violentas y ha llevado a un aumento en la vigilancia por parte de las autoridades. La organización Lulac tiene una larga historia de defensa de los derechos de la comunidad latina en Estados Unidos y su alerta refleja la importancia que otorga a la seguridad y protección de esta comunidad, especialmente en áreas sensibles como la frontera sur. La alerta también destaca la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades para abordar cualquier amenaza potencial y garantizar la seguridad de todos los residentes en la región. Además de la alerta emitida por Lulac, se espera que esta situación genere un mayor debate sobre la seguridad en la frontera sur y sobre cómo abordar los desafíos asociados con la migración y la presencia de grupos armados. Las autoridades locales, estatales y federales podrían verse presionadas para tomar medidas adicionales para proteger a la comunidad y mantener la paz en la región.

 El presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), Domingo García, emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por las acciones del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, a quien acusó de incitar a la violencia y los actos de odio en la frontera sur del estado. García advirtió sobre la presencia de extremistas armados que podrían dirigirse hacia la frontera, instando a los miembros de Lulac, especialmente los de Texas, a estar alerta ante esta situación.

La declaración de García se produce en medio de tensiones crecientes en la frontera sur de Texas, donde el gobernador Abbott ha expresado su preocupación por el aumento de la migración y ha defendido la instalación de más barreras para frenar la entrada de migrantes, a quienes ha calificado de «delincuentes». Esta postura ha generado controversia y ha sido criticada por grupos defensores de los derechos humanos y la comunidad latina.

En particular, Abbott desafió recientemente un fallo de emergencia de la Corte Suprema que permitía a la Patrulla Fronteriza cortar el alambre de púas instalado en la frontera entre Texas y México. Su decisión de desafiar esta orden judicial ha sido interpretada como un intento de reforzar las medidas de seguridad en la frontera, pero también ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos y confrontaciones en la región.

Las declaraciones de García reflejan la creciente preocupación entre los defensores de los derechos humanos y las comunidades fronterizas sobre la seguridad y la estabilidad en la región. El llamado a la alerta ante la presencia de extremistas armados subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada por parte de las autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad de la población.

Además, las tensiones entre el gobierno de Texas y la administración del presidente Joe Biden en relación con la política migratoria han contribuido a un clima de polarización y controversia en la región. La postura de Abbott y sus acciones recientes han sido objeto de debate y críticas, lo que ha generado un intenso escrutinio sobre las políticas de seguridad fronteriza y el manejo de la crisis migratoria.

En este contexto, se espera que las autoridades estatales y federales trabajen en conjunto para abordar las preocupaciones planteadas por Lulac y otros grupos en relación con la seguridad en la frontera sur de Texas. La coordinación y el diálogo entre todas las partes involucradas serán fundamentales para encontrar soluciones que protejan los derechos humanos y garanticen la seguridad de todos los residentes en la región.

Varios gobernadores conservadores han respaldado a Abbott, al igual que grupos privados.

Lulac denunció que un grupo que dice ser el “Ejército de Dios” anunció que saldrá hoy lunes de Virginia Beach, (Virginia) en un convoy hacia la frontera suroeste del país.

El grupo se dirige a Eagle Pass (Texas), Yuma (Arizona) y San Ysidro (California), según el medio especializado Vice News.

“El discurso de odio se está utilizando una vez más para aumentar la ira y el odio que están poniendo en la mira a los hispanos de Texas, las fuerzas del orden, los miembros del servicio militar y los civiles inocentes”, señaló García.

Esta es la segunda alerta nacional que Lulac ha dado en sus casi 100 años de historia.

Ray Mancera, vicepresidente nacional de Lulac para el suroeste de EE.UU., pidió a las comunidades de fronterizas permanecer “pacíficas y respetuosas de la ley, y que no se vean arrastradas a confrontaciones con quienes intentan provocar una pelea”.

Indígenas en Chiapas exigen al gobierno federal que reconozca el desplazamiento forzado
Indígenas marcharon las calles de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, para pedir al presidente López Obrador, que actúe contra los grupos criminales de la región.

Cientos de indígenas protestaron este martes para exigir que el gobierno mexicano reconozca el desplazamiento forzado por la violencia que viven en Chiapas, estado del sur del país, impactado por el crimen organizado.

Unos 200 indígenas del municipio de Chenalhó marcharon por las calles de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, para pedir al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que actúe contra los grupos criminales de la región.

Él se comprometió a atender y escuchar al pueblo y no lo está haciendo y es por eso que ha crecido en la violencia y el desplazamiento forzado por todo el estado de Chiapas, le falta valor para gobernar y para frenar la violencia”, declaró Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos de los desplazados.

El contingente estuvo integrado adultos y niños que han perdido sus hogares por la violencia. Durante la manifestación, las víctimas portaban mantas con leyendas como ‘Somos desplazados, nuevamente salimos a manifestar nuestro sufrimiento, a casi año y medio de no tener justicia‘, ‘Seguimos amenazados‘, y ‘Defensores de derechos humanos amenazados y no hay justicia, ni seguridad‘.

Los manifestantes expresaron a EFE que viven en una casa más de 10 familias hacinadas, sin agua potable, drenaje o alimentos necesarios, ni atención médica.

“Llevamos año y medio de desplazamiento forzado, hemos tenido mesas de diálogo con el Gobierno, pero resulta que nos traen de largas y largas, no hemos tenido respuesta”, contó a EFE Manuel Velasco, indígena tzotzil víctima de desplazamiento forzado.

“Tenemos 5 desaparecidos y la Fiscalía del Estado no nos informa de los avances de la investigación”, advirtió.
La protesta ocurre un día después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó que exista violencia en el sureste del país.

“En el sureste, pues solamente la zona turística (tiene violencia). En Yucatán prácticamente no hay violencia, pero también del sureste; Chiapas, tampoco; Campeche, tampoco”, afirmó el mandatario en su conferencia matutina.

Pero los manifestantes citaron que más de 100 mil niños y adolescentes resultaron afectados en 2023 en Chiapas por las disputas de los grupos criminales, según un informe de la Red por los Derechos de la Infancias en México (Redim) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).

Desde el año pasado, organizaciones civiles e indígenas han alertado de un clima de “guerra civil” en Chiapas por los conflictos del crimen organizado, lo que ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, sobre todo en comunidades afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

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