Incluidos niños a partir del 31 de mayo 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- El plan acelerado en respuesta a peticiones de asilo del presidente Joe Biden en la frontera puso en expulsión al 99.1% de los inmigrantes aceptados en dicho programa, según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Lo anterior debido a que los inmigrantes no tienen representación legal y sus casos son desechados en tribunales migratorios.

“[El] informe revela graves errores judiciales en el expediente acelerado de la corte de inmigración establecido por la Administración Biden para las familias que buscan asilo, incluida la deportación de varios cientos de niños que nunca tuvieron su día en la corte”, se indicó.

El informe fue publicado la semana pasada, a pocos días de que iniciara el plan de asilo del presidente Biden en la frontera, el cual contempla procesos acelerados.

“Si bien la Administración prometió que el programa ‘resolvería los casos de asilo de manera más rápida y justa’, el estudio con sede en Los Ángeles, una de las 11 ciudades donde opera el expediente, encuentra que el proceso acelerado, conocido como ‘Expedientes dedicados’, deja familias ya vulnerables en la oscuridad, sin abogados que las ayuden”, se advierte.

Entre los hallazgos de la investigación se indica que el 70.1% de los inmigrantes no tiene abogados; el 72.4% de las órdenes de deportación se emitieron en ausencia, es decir, las familias inmigrantes nunca tuvieron audiencia en la corte, y el 48.4% de las órdenes de deportación en ausencia fueron contra niños, dos tercios de los cuales tenían 6 años o menos.

“Pensé que iba a un check-in de ICE”, dijo William, de 42 años, quien fue incluido en programa con su hijo. “Cuando llegué y les mostré el papel que tenía, me dijeron que me sentara y esperara. Nos sentamos en el suelo y esperamos todo el día. Entonces alguien vino a mí y me preguntó por qué había faltado a mi cita. No entendí”.

Este programa libera a los inmigrantes, pero bajo alternativas a la detención (ATD), por lo que les colocan grilletes con GPS o se utiliza una aplicación de celular llamada SmartLink, pero el reporte indica que resulta “irónico” que las autoridades migratorias saben dónde está el inmigrante en todo momento y lo cuestionen por “perder su cita”.

“Si la administración de Biden decide continuar usando expedientes dedicados, debe tomar medidas inmediatas para abordar la falta de representación legal, la gran cantidad de órdenes de deportación en ausencia y las muchas otras deficiencias”, advierte Talia Inlender, subdirectora del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración y co-instructora de la Clínica de Políticas de Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la UCLA.

Este 31 de mayo, la Administración Biden inicia su nuevo plan de asilo que contempla estos procesos acelerados.

EXPULSIONES 

EXPRESS 

Luego del fracaso por quitar el Título 42, una medida de expulsión impulsada por Donald Trump bajo el argumento de la crisis sanitaria, este 31 de mayo inició un nuevo programa, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dará seguimientos a casos de asilo en la frontera con México, al confirmar su “regla final” que contempla procesos más rápidos en atender peticiones de inmigrantes, pero también la expulsión acelerada.

Según expertos, este nuevo plan no parece ayudar mucho al entorno que se vive en la frontera sur, pues el procedimiento instituido por el gobierno del presidente Joe Biden para acelerar las audiencias de solicitantes de asilo recién llegados al país tiene al borde de la deportación a casi todas las solicitudes (99.1%), ya que no cuentan con un proceso justo, como reveló un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Este plan viene desde 2021, cuando Joe Biden dio a conocer la propuesta para acelerar el manejo de las solicitudes de asilo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para abordar un récord de aproximadamente 1,300,000 de casos acumulados.

El plan pretende agilizar los procesos de los migrantes que cruzan la frontera. Los oficiales de asilo tendrán 90 días para resolver los casos.

Al recibir la solicitud el funcionario valuará lo que se conoce como miedo creíble y entrevistarán al solicitante durante los primeros 30 días, de acuerdo a la cadena CBS. Después, los oficiales tendrán 60 días para denegar o conceder el asilo. Si el fallo es favorable podrán permanecer en el país y optar a la residencia permanente un año después de la decisión.

Si el oficial de asilo rechaza el pedido de un solicitante, el migrante puede solicitar una reconsideración de su caso ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, dentro de los siete días de la resolución de su caso.

Según distintas voces,  este programa operará en forma paralela a la expulsión expedita de inmigrantes bajo el Título 42, luego de una orden judicial, por lo que serán remotos los casos de migrantes que logren una estancia legal en nuestro país.

5 CLAVES 

DEL PLAN 

Este 31 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementó un nuevo programa de asilo en la frontera con México, al confirmar su “regla final” que contempla procesos más rápidos en atender peticiones de inmigrantes, pero también la expulsión acelerada.

Agregó la oficina federal que la decisión del plan busca atender dos problemáticas: reducir los casos en tribunales y acelerar los procesos nuevos, a fin de que no tomen “varios años”.

“Debido a los retrasos judiciales actuales, el proceso para conocer y decidir estos casos de asilo actualmente toma varios años”, recordó el DHS. “Al establecer un proceso para la revisión eficiente y exhaustiva de las solicitudes de asilo, la nueva regla ayudará a reducir los retrasos existentes en los tribunales de inmigración y acortará el proceso a varios meses”.

Las autoridades han dejado claro que eso no es una “paso libre” para inmigrantes, sino una forma de atender un posible aumento de llegadas y acelerar los procesos, pero se mantendrán los estándares de revisión de casos de petición de asilo marcados por la ley.

Aunque la Administración Biden no lo menciona, este programa operará en forma paralela a la expulsión expedita de inmigrantes bajo el Título 42, luego de una orden judicial.

1. La remoción acelerada 

Uno de los elementos clave y más importantes del nuevo plan es que los extranjeros que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encuentren en la frontera serán colocadas en “remoción acelerada”.

Eso permitirá enviar a esos no ciudadanos a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esto “de acuerdo con el procedimiento actual”, se acotó.

2. Entrevista inmediata 

“Las personas recibirán su entrevista de miedo creíble mientras estén detenidas”, indicó la autoridad. “El DHS y el DOJ están trabajando para brindarles a las personas la oportunidad de acceder a los proveedores del Programa de Orientación Legal antes de su entrevista de temor creíble”.

El Gobierno federal que especificó que el resultado de la entrevista de miedo creíble tiene como resultado una decisión negativa, la persona podrá solicitar una revisión, de conformidad con el procedimiento actual, ante un juez.

“USCIS también puede reconsiderar, a su discreción, una determinación negativa de temor creíble con la que ya haya estado de acuerdo un juez, si la solicitud se presenta dentro de los siete días posteriores a la aprobación del juez o antes de la remoción, lo que ocurra primero”, se acotó.

3. Ciudades participantes 

Aquellos inmigrantes que sean considerados para una entrevista de asilo (AMI, por sus siglas en inglés) deberán decidir qué ciudad participante en el programa prefieren irse: Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San Francisco.

“La persona debe indicar su intención de residir en una de las seis ciudades de destino donde se llevan a cabo las AMI durante la implementación por etapas”, se indicó. “El registro de la determinación positiva de temor creíble constituirá la solicitud de asilo y la fecha de notificación de la determinación positiva de temor creíble se convertirá en la fecha de presentación de la solicitud de asilo”.

Se especificó que una AMI se concretará entre 21 y 45 días después “después de la determinación positiva de temor creíble”.

4. Detención alternativa 

Aunque no sean enviadas por ICE a una prisión, las personas liberadas bajo el programa de asilo serán colocadas en alguna de las alternativas a la detención (ATD).

La Administración Biden indica que esta decisión será “para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de presentación de informes, entrevistas y audiencias”.

Entre los ATD hay casos de colocación de grilletes con GPS o el uso de la aplicación SmartLink, para monitorear vía telefónica a los inmigrantes, así como la integración a un estricto programa de visitas de agentes migratorios.

“Las personas tendrán hasta siete días (si se presenta en persona) o 10 días (si se presenta por correo) antes de la AMI para enmendar o corregir el registro resultante de la entrevista de miedo creíble y presentar evidencia adicional”, se acotó. “Si una persona no se presenta en la AMI, se tomarán las medidas de cumplimiento correspondientes”.

MILES EN 

CARAVANA 

Unos 5,000 migrantes de países de Centro y Suramérica marcharon por segundo día consecutivo en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, y amenazaron con la salida de una nueva caravana la próxima semana si las autoridades mexicanas no les facilitan documentos migratorios.

Los migrantes partieron del centro de Tapachula hacia la estación migratoria Siglo XXI para pedir a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) que les otorguen documentos para poder transitar por el país, llegar a la frontera norte y avanzar hacia Estados Unidos.

El grupo conformado en su mayoría por personas de Venezuela, Angola, Haití, Honduras, Salvador, Guatemala, y Nicaragua extendió una enorme manta en la que apuntaron “Migrantes con Dios”.

El contingente llegó hasta la oficina migratoria de manera pacífica, donde los atendió una comisión de agentes del INM, quienes pidieron a los migrantes que integraran un grupo de cinco personas para darles información y atenderlos.

A este grupo de personas ya los esperaban policías antimotines al interior del edificio, donde un oficial a cargo de la seguridad dijo que las negociaciones se llevarían a cabo con el personal de migración.

“No queremos que por ninguna circunstancia haya violencia y no queremos aplicar la fuerza pública con ustedes, por lo que les suplico que actuemos conforme a la ley”, dijo el oficial para intentar mantener el orden entre los migrantes.

TESTIMONIOS 

Y PROTESTAS 

Una migrante de Venezuela, Luvia Guel, quien llegó desde hace un mes y medio a Tapachula, lamentó que las instancias gubernamentales sean lentas en sus procesos migratorios.

“Nosotros queremos que nos ayuden para que nos dejen avanzar, no queremos perjudicar a su país, no queremos quedarnos en Tapachula”, señaló.

Su compatriota, Jonathan Pichardo, contó que han hecho todos los trámites pertinentes, pero aún no sale la fecha para sus visas.

Las autoridades pidieron a los migrantes formalizar su petición a las autoridades del INM pero ellos dijeron que por esa vía tardará la respuesta y ya no pueden esperar una o dos semanas.

“Este tema se debe resolver a más tardar este lunes, lo ideal que se resolviera antes, porque ya somos un grupo de 7,000 personas, dicen que hay atención en 100 ventanillas pero éstas no resuelven”, expuso Luis Rey García Villagrán, director de la ONG Centro de Dignificación Humana (CDH), tras la reunión.

Además, dijo que los migrantes van a esperar la respuesta de las autoridades, pero advirtió que si no cumplen con lo prometido el próximo martes arrancarán la octava caravana en lo que va de año.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

En tanto, México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

Mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de 1 millón migrantes interceptados en la frontera sur estadunidense.