Dallas.- La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) propone un incremento del 19% a la tarifa para el proceso de naturalización, aunque también crearía ciertas categorías para costos reducidos en algunos casos.  La presentación del Formulario N-400 tiene actualmente un costo de $640 dólares, pero el plan es aumentarlo a $760 dólares sin incluir los servicios biométricos.
El costo actual de la solicitud incluyendo los servicios biométricos es de $725 dólares, por lo que USCIS propone un alza de $35 dólares o 5%, es decir, un precio final de $760 dólares.  “La regla propuesta aumentaría algunas tarifas, incluido un aumento modesto en la tarifa para ciertas solicitudes de naturalización”, reconoce la agencia.  Sin embargo señala que preservaría la elegibilidad de exención de tarifas para poblaciones vulnerables y de bajos ingresos, además de agregar nuevas exenciones de tarifas, para ciertos programas humanitarios, es decir, bajos costos.  “Si se finaliza, la regla propuesta disminuiría o aumentaría mínimamente las tarifas para más de un millón de contribuyentes de bajos ingresos cada año”, justifica la agencia.  Por ejemplo, hay una “tarifa reducida” para el proceso de ciudadanía con el servicio de biométricos que cuesta actualmente $405 dólares, pero se propone reducirla a $380 dólares, es decir una baja del 6%.  La agencia publicó un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM, en inglés) en el Registro Federal, a través del cual recibirá comentarios públicos durante 60 días para poder armar una regla final.

 “Las nuevas medidas incluyen una propuesta para incorporar los costos biométricos en la tarifa de beneficio principal y eliminar la tarifa de servicios biométricos por separado”, se acotó.  Además se pretende establecer tarifas separadas para cada clasificación de no inmigrante cubierta por el Formulario I-129 o Petición para Trabajadores No Inmigrantes, así como cambiar el plazo de procesamiento premium de 15 días calendario a 15 días hábiles.

COSTO DE  OPERACIONES

El 96 por ciento de los fondos para operar USCIS se obtienen de los costos de las peticiones migratorias, indicó la agencia, por lo que necesita ajustar ciertas tarifas, pero su directora, Ur M. Jaddou, afirma que se buscará mantener la “misión humanitaria” de esa oficina.  “Además de mejorar las operaciones de servicio al cliente y administrar la carga de trabajo entrante, USCIS debe continuar cumpliendo con su creciente misión humanitaria, defendiendo la equidad, la integridad y el respeto a todos a quienes servimos”, dijo Jaddou. “Esta regla propuesta permite que USCIS recupere de mejor forma los costos operativos, por primera vez en seis años, y apoyará el esfuerzo de la Administración para reconstruir el sistema de inmigración legal”.  La agencia indica que los precios de las peticiones migratorias no han aumentado desde 2016, por lo que es necesario hacer ajustes, a fin de evitar mayores atrasos.  “USCIS recibe aproximadamente el 96 por ciento de sus fondos de las tarifas de presentación, no de las asignaciones del Congreso”, justificó la agencia.

RETRASOS  Y PERDIDAS

La agencia indicó que en 2020, debido a la pandemia de COVID-19 hubo una reducción en la recepción de nuevas solicitudes migratorias, lo cual significó una caída temporal de los ingresos del 40%, algo que también ha afectado la capacidad de respuesta sobre casos pendientes, se indicó.  “La combinación de reservas de efectivo agotadas, un congelamiento temporal de la contratación y el desgaste de la fuerza laboral ha reducido la capacidad de la agencia para adjudicar casos de manera oportuna”, dijo la agencia. “La creciente demanda de programas humanitarios gratuitos o de bajo costo se ha sumado a estos desafíos fiscales”.

EL ABBOTT INHUMANO

La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que a lo largo del 2022 transportó en autobús a más de    16 mil inmigrantes a las llamadas ciudades santuario ante la “crisis fronteriza”.   La información que salió de su equipo también fue compartida por el gobernador a través de su red social Twitter: “Texas ha transportado en autobús a más de 16.300 migrantes a ciudades santuario” y agregó que la medida tenía como objetivo aliviar a las ciudades de Texas abrumadas por lo que llamó “las políticas de frontera abierta del presidente Biden”.  Además, detalló cuántos inmigrantes fueron transportados a las diferentes ciudades “más de 9,100 (fueron enviados) a Washington DC. Más de 4,900 (fueron transportados) a Nueva York. 1,500 (llegaron) a Chicago y más de 840 (los condujeron a) Filadelfia”.   El último envío de Abbott fue el pasado 24 de diciembre y lo hizo a las puertas de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris; el gobernador recibió un sinfín de críticas por el envío de personas sin ropa adecuada para soportar el frío que azotaba el estado debido a las fuertes ráfagas de viento y nevadas históricas.   De acuerdo con el gobernador de Texas, su accionar se debe a una forma de resaltar la crisis migratoria que se vive en el estado fronterizo que divide a Estados Unidos de México.   En una carta abierta antes de las tormentas de invierno del mes pasado, Abbott culpó directamente al presidente de la situación en la frontera “esta terrible crisis para las comunidades fronterizas de Texas es una catástrofe creada por ustedes mismos. Estas comunidades y el estado están mal equipados para hacer el trabajo asignado al gobierno federal: albergar a los miles de inmigrantes que inundan el país todos los días. Con temperaturas peligrosas acercándose al área, muchos de estos migrantes corren el riesgo de morir congelados en las calles de la ciudad”.

EL RETO MIGRATORIO

Durante los últimos dos años, los demócratas controlaron el Congreso, donde los asuntos migratorios se colaron entre los más debatidos, pero sin cambios significativos, por lo que en 2023-2024 hay pocas o nulas esperanzas de alguna reforma, debido a que los republicanos controlarán la Cámara de Representantes.
Aunque la inmigración está en la lista de prioridades de los republicanos, no es una noticia positiva, ya que enfocarán sus esfuerzos en investigar al actual secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien pretenden iniciar un juicio político o “impeachment”.  Así lo dejó claro el representante Kevin McCarthy (California), quien visitó la frontera en El Paso, Texas, a finales de noviembre pasado.  Desde entonces el plan comenzó a tomar forma, ya que McCarthy dijo que había hablado con los representantes James Comer (Kentucky) y Jim Jordan (Ohio), los presidentes entrantes de los Comités de Supervisión y Judicial de la Cámara, respectivamente, sobre la investigación.  Previamente McCarthy había expresado que el Gobierno del presidente Joe Biden había “destruido” la frontera, por lo que un intento de arreglar el sistema migratorio sería inviable sin mejorar el control fronterizo.  “Biden ha destruido tanto nuestra frontera […] Tienes que arreglar la frontera para comenzar antes de que puedas lidiar con la inmigración”, dijo McCarthy a Punchbowl News.

¿REFORMA MIGRATORIA?

Decenas de organizaciones civiles advirtieron que si los demócratas no lograban incluir un paquete migratorio en el paquete presupuestal del 2023, las posibilidades serían menores en la Legislatura 118. La predicción se cumplió.  Había al menos dos proyectos clave sobre la mesa, uno era para la regularización de miles de trabajadores agrícolas indocumentados, y el otro sobre la protección de ‘dreamers’, ante el posible fin del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).  “Lamentamos que este Congreso no haya mostrado el coraje de promover soluciones de inmigración para los trabajadores agrícolas y los granjeros, para los Dreamers y la economía y los consumidores de EU.”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de American Business Immigration Coalition Action (ABIC).
“Al final del día, los republicanos aún prefieren quejarse de la frontera que ceder en las soluciones, y los demócratas tienen prioridades mucho más altas que defender a los inmigrantes trabajadores”, agregó.

FRACASO  BIPARTITA

Tras el fracaso de su plan en 2022, la senadora independiente Kyrsten Sinema (Arizona) afirmó que el grupo bipartidista liderado también por el republicano Thom Tillis (Carolina del Norte), retomaría las discusiones para proteger a ‘dreamers’, pero también integrar mayor vigilancia en la frontera.
Debido al rompimiento de Sinema con los demócratas es complicado que su propuesta avance en el Senado con la mayoría liderada por Chuck Schumer (Nueva York).  En tanto, el proyecto de reforma migratoria de Biden –enviado en enero del 2021– podría pasar otro año completo en la congeladora legislativa.  El 27 de diciembre pasado, la Corte Suprema aceptó la petición de 19 estados gobernados por republicanos de mantener vigente el Título 42 en la frontera, el cual permite la expulsión expedita de inmigrantes.  En la decisión, el Máximo Tribunal determinó que en febrero del 2023 escuchará los argumentos de la Administración Biden y de los republicanos para tomar una decisión final.  La decisión de los jueces se enfocará en cómo los estados pueden actuar sobre demandas contra el Gobierno federal en materia migratoria.  El Título 42 fue impuesto en marzo del 2020 por el gobierno del expresidente Donald Trump, debido a la pandemia de COVID-19, pero dicha política de salud ha sido utilizada como un programa migratorio para la expulsión acelerada de inmigrantes, a quienes no se les concede el derecho de petición de asilo.
Alrededor de dos millones de personas han sido expulsadas bajo esta política de salud utilizada como migratoria, pero quienes no son retornados a sus países son procesados bajo el Título 8, el cual significa un proceso de deportación y la implementación del castigo de cinco años a los inmigrantes.

FUTURO  DE DACA

El Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito decidió que DACA era “ilegal”, pero el futuro del programa se mantiene en tribunales.  Este año podría haber una decisión final, pero defensores de inmigrantes temen que se cancele este programa creado en 2012 por el expresidente Barack Obama, el cual ha protegido a más de 800,000 ‘dreamers’ de la deportación.  “El Quinto Circuito confirmó un fallo inferior que determinó que el memorando de DACA de 2012 era ilegal y envió el caso de vuelta al tribunal inferior para considerar la nueva regulación de DACA de la Administración Biden”, recordó Immigration Hub.

GUIA PARA  DEPORTADOS

La Corte Suprema decidirá este año sobre la guía de deportaciones de la Administración Biden, pero existe una amplia posibilidad de que las cancele, dadas las posturas de los jueces en la sesión de argumentos.  Las autoridades federales buscan retomar las reglas para deportar principalmente a inmigrantes con récord criminal, pero una demanda de gobiernos republicanos de Texas y Luisiana busca que se detengan y procese a cualquier indocumentado.  Como no puede aplicar su guía de deportaciones, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó el procesamiento de personas bajo alternativas a la detención (ATD), que ya suma casi 400,000 personas bajo vigilancia extrema, algo que podría aumentar, a pesar de críticas de defensores de inmigrantes.