El presidente Joe Biden firmaría ayer martes tres órdenes ejecutivas, una de las cuales retira el castigo financiero impuesto por el gobierno de Donald Trump a inmigrantes que patrocinan a sus familiares para la Residencia Permanente.

“(Se) rescinde el memorándum del presidente Trump que exige que los patrocinadores familiares reembolsen al gobierno si los familiares reciben beneficios públicos”, dice la orden.

El demócrata pide también a las agencias migratorias revisar los procesos para “acelerar la naturalización”.

El castigo financiero a inmigrantes fue impuesto por la Administración Trump en mayo de 2019 a través del “Memorando sobre el cumplimiento de las responsabilidades legales de los patrocinadores de extranjeros”, para tener mayor supervisión y recopilación de datos de las personas cuyos familiares solicitaban cupones de alimentos, ayuda de vivienda, entre otras ayudas, para luego obligarlas a pagar.

Adicionalmente, la orden del presidente Biden pide a las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisar la regla de carga pública, la cual enfrentó problemas en tribunales, ya que defensores de inmigrantes argumentaron que castigaba la pobreza.

El lineamiento de la anterior administración impide a extranjeros obtener la “green card” si han solicitado ayuda social durante 12 meses en un periodo de tres años, aunado a “bonos de castigo”, para evitar obtener la Residencia Permanente.  “La administración anterior promulgó cientos de políticas que van en contra de nuestra historia”, indica la iniciativa.

El DHS y sus agencias deberán revisar las regulaciones, políticas y guías de los últimos cuatro años que, según algunos reportes, son más de 900.

“Esta Orden Ejecutiva eleva el papel de la Casa Blanca en la coordinación de la estrategia del gobierno federal para promover la integración e inclusión de inmigrantes, incluido el restablecimiento un grupo de trabajo sobre nuevos estadunidenses, y garantizar que nuestro sistema de inmigración legal funcione de manera justa y eficiente”, dice el plan de Biden.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que no realizará detenciones rutinarias de inmigrantes indocumentados en los lugares de vacunación contra COVID-19.

“Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en los Estados Unidos tengan acceso a la vacuna“, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en un comunicado.

Asimismo, alentó a todas las personas, “independientemente de su situación migratoria”, a vacunarse contra la COVID-19 cuando reúnan los requisitos según las pautas de distribución en sus ciudades.

La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) ha anunciado el establecimiento de centros de vacunación temporales que ayuden a las clínicas y los hospitales a administrar las vacunas.

El DHS tiene una política que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en “lugares sensibles”, incluidos los hospitales, clínicas de salud y consultorios médicos, excepto en “circunstancias más extraordinarias”.

Los puntos de vacunación son considerados “lugares sensibles”, por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de las medidas de represión de la inmigración ilegal, según el comunicado.

TEMOR DE

MIGRANTES

Los grupos defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación porque los indocumentados eviten vacunarse por el temor a ser detenidos, lo que puede significar el mantenimiento de un peligro para el resto de la población.

Actualmente, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra un total de 26.1 millones de casos de coronavirus y más de 440,000 muertos, con lo que se mantiene con gran diferencia como el país con una mayor incidencia del mundo.

Tan solo en enero se registraron 90,000 muertes, lo que supuso un récord de fallecimientos en un mes desde el comienzo de la pandemia.

APRUEBAN

CASOS DACA

Entre mediados de noviembre y el 31 de diciembre de 2020 el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) recibió 2,713 solicitudes para el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y aprobó, por primera vez en varios años, más de 170 trámites, según informes de la propia agencia.

En noviembre pasado el juez federal Nicholas Garaufis, en Nueva York, dictaminó que el entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, no tenía atribuciones legales cuando ordenó que no se recibieran nuevas solicitudes y cambió las reglas para las renovaciones y otros trámites del programa.

El Gobierno del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) no apeló la decisión de Garaufis.

El programa de acción diferida fue creado en 2012 por decreto el presidente Barack Obama y postergó la deportación de unos 700,000 inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran menores de edad. Trump ordenó la cancelación del programa en 2018 y la disputa legal ha llegado al Tribunal Supremo.

60 MIL NUEVOS

AMPARADOS

En el curso de los años, más de 60,000 jóvenes inmigrantes alcanzaron la edad mínima para buscar el amparo de DACA y Garaufis ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que informara cuántas solicitudes nuevas fueron rechazadas desde junio a diciembre.

El informe del Gobierno muestra que 4,383 solicitudes iniciales fueron rechazadas. En el periodo de junio a diciembre USCIS aprobó 61,844 renovaciones del beneficio de DACA, negó 326 y rechazó 2,842 renovaciones.

En cuanto a las solicitudes nuevas, de las 2,713 recibidas en el periodo de seis meses, USCIS aprobó 171, negó 121, y no aceptó 369.

En sus primeras medidas ejecutivas el presidente Joe Biden ordenó una suspensión de las deportaciones por 100 días (aunque un juez federal canceló posteriormente la orden del presidente), y prometió una reforma integral del sistema de inmigración que incluiría una senda hacia la residencia legal permanente y la ciudadanía a los beneficiarios de DACA, como asimismo para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.

FIN A LOS

ARRESTOS

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes están presionando al presidente Joe Biden para que acabe con los contratos federales a cárceles privadas que detienen a inmigrantes. Las organizaciones alegan que las compañías se benefician del aumento de los costos.

Esta petición forma parte de una demanda más amplia para reformar los protocolos de detención de migrantes en un momento de pandemia en el que los arrestos se han reducido drásticamente.

“Tienen mucho margen. Es una oportunidad histórica para desmantelar este sistema de encarcelamiento masivo”, declaró Naureen Shah, asesora de políticas y defensa de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y publicó Noticias Telemundo.

Una de las órdenes ejecutivas que ha firmado Biden en sus 11 días de mandato impide que el Departamento de Justicia haga uso de prisiones federales privadas. Sin embargo, aunque durante la campaña presidencial dijo que las empresas privadas no deberían gestionar la detención de migrantes, su orden ejecutiva no incluye estos centros. Shah dijo tener esperanzas en que esto cambie.

El 81% de las personas que están bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentran en centros de propiedad privada o administrados por compañías privadas, según un informe de ACLU, Human Rights Watch y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

Los inmigrantes que están en esos centros de detención privados no tienen derecho a abogados de oficio y pueden encontrarse con trabas para conseguir hablar con uno. Además, se han denunciado abusos y problemas de supervisión en ellos.

La pandemia hizo que en el año fiscal 2020 las cifras de detención cayeran a 182,869, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional. La agencia puso a algunas personas en libertad para disminuir los posibles efectos del coronavirus en el interior de estos centros. 14,195 personas seguían detenidas hasta el 22 de enero, tal y como informó el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).

EXPULSION

DE NIÑOS

Un panel de jueces de circuito en Washington D.C. permitió que agentes fronterizos expulsen a niños indocumentados no acompañados que ingresen al país, con lo que detienen una orden previa de un tribunal inferior que había bloqueado estas acciones.

Los jueces Gregory Katsas, Neomi Rao y Justin Walker del Tribunal de Circuito de Estados Unidos en la capital echaron abajo la prohibición emitida en noviembre pasado por el magistrado Emmet Sullivan, que falló en favor de los menores no acompañados que eran sujetos de expulsión, bajo una norma establecida por la emergencia sanitaria de la covid-19.

Esta decisión del panel de magistrados, todos nombrados durante la gestión del hoy expresidente Donald Trump, autoriza a la actual Administración de Joe Biden a continuar con las políticas de expulsión en la frontera establecidas por el gobierno anterior.

En marzo pasado, el hoy exvicepresidente Mike Pence ordenó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) usar sus poderes de emergencia para sellar eficazmente las fronteras de Estados Unidos, a pesar de las reticencias mostradas por la principal agencia sanitaria del país.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en ambas fronteras han expulsado del país a la mayoría de migrantes que son detenidos entrando de forma indocumentada, entre ellos niños no acompañados.

La norma ha sido duramente criticada por legisladores hispanos como Julián Castro, quien aseguró en noviembre pasado que la decisión de expulsar a estos menores violaba acuerdos internacionales. “Incluso deportaron a niños a México cuando venían de otros lugares”, señaló

JUSTICIA A

MENORES

En la orden de noviembre, Sullivan dijo que los niños migrantes no acompañados que son detenidos por agentes fronterizos deben recibir las salvaguardias que el Congreso estableció para ellos y ser llevados a refugios supervisados por el Gobierno durante sus procedimientos de inmigración.

El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones en nombre de un guatemalteco de 15 años que ingresó solo al país en agosto pasado.

Según datos de CBP, en septiembre pasado más de 48,000 migrantes fueron expulsados bajo la normativa en cuestión en la frontera sur, y un reporte de octubre del diario The New York Times aseguró que más de 200 niños que no eran mexicanos fueron expulsados por los agentes de CBP hacia ese país.

Lee Gelernt, el principal abogado de ACLU en esta demanda, declaró a la cadena CBS que continuarán litigando el caso en nombre de estos niños vulnerables no acompañados, pero que espera que la Administración del presidente Joe Biden “no haga necesario un litigio en curso al rescindir esta política ilegal creada por la Administración Trump”.