El pasado 7 de septiembre iniciaron las elecciones federales y locales con un entorno de pandemia que ya registra más de 101.9 millones de contagiados y más de 2.2 millones de muertes en 191 países. México tiene más de un 1.8 millones de contagios y más de 158 mil fallecidos. El COVID-19 representa una crisis global que ha modificado las relaciones sociales imponiendo el aislamiento y la sana distancia física como métodos aún insuficientes para combatirla principalmente por desacato de los pobladores. La producción, la distribución y el consumo se derrumban a pasos acelerados, mientras que en materia de elecciones, acorde con IDEA internacional, se han pospuesto comicios en 75 países, Estados y territorios de todo el planeta.
Los regímenes democráticos viven el reto de instrumentar medidas que garanticen continuidad en las elecciones. Hay que adaptarse a la nueva realidad anteponiendo la vida y salud de las personas en un año en el que nuestro país tendrá comicios concurrentes en las 32 entidades federativas. Se trata de la renovación de 20 792 cargos: 15 gubernaturas; 1 063 diputaciones locales; 18 783 miembros de ayuntamientos; 431 cargos de cuarto nivel de gobierno (Campeche y Tlaxcala) y 500 diputaciones federales. Otra vez son las elecciones más densas y complejas de la historia con un listado de más de 93.5 millones de electores y la instalación de más de 165 mil casillas que requerirán un millón y medio de funcionarios.
Igual en el escenario está el reto de avanzar en el uso de la urna electrónica, herramienta que no se ha consolidado en México pero que en la prueba piloto realizada en las elecciones de Coahuila e Hidalgo funcionó impecablemente y hoy podría ser la vía privilegiada para mantener comicios periódicos que sean compatibles con las indicaciones sanitarias. El modelo de casillas en donde hay filas de personas para votar no es congruente con la distancia física. Más allá de la pandemia, el voto electrónico generaría ahorros considerables de dinero público que podría destinarse a otras actividades del país y haría más fácil el voto de los residentes en el extranjero, en su modalidad por internet.
Por primera vez habrá reelección de legisladores federales, como ya ocurrió en el ámbito local desde 2017. Estarán en campaña sin separarse de su encargo después de las normas emitidas por el INE que dejó abierta esa posibilidad. El reto estará en verificar que no se utilicen recursos públicos en sus campañas y que no se lesione el principio de equidad. Implementar reelección y paridad en las contiendas es tarea complicada para autoridades y partidos.Existe una confrontación entre el Gobierno y el INE , el cual ha dicho que no pueda expresarse ni comentar sobre su gestión, pero la ley es muy clara y se aplica por igual a todos los servidores públicos con independencia de sus colores partidarios por su parte,el Gobierno argumenta que el INE esta contra la libre expresión al prohibir las conferencias mañaneras, sin que ello implique que los propios medios no puedan volver noticia los apartados más importantes de las conferencias matutinas, esto lo veremos más adelante. Se dice que la libertad de expresión está a salvo, pero en un marco de respeto a las normas previstas en una ley barroca que quizá requiera ajustes, pero mientras ello ocurra debe respetarse y los servidores públicos de todos los niveles deben observar los principios de neutralidad e imparcialidad que establece la propia constitución para evitar lesiones al principio de equidad en la contienda electoral.
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