El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció el martes que ha ordenado dar inicio a una investigación formal de juicio político al presidente Joe Biden por los negocios de su familia, con lo que pone en marcha un proceso histórico de cara a las elecciones de 2024.

McCarthy dijo que hasta el momento las pesquisas de la cámara baja “pintan un panorama de una cultura de corrupción” en torno a la familia Biden, mientras los republicanos investigan los negocios del hijo del mandatario, Hunter Biden, que preceden a la juramentación del presidente.

“Estas son denuncias de abuso de poder, obstrucción y corrupción, y merecen una investigación más a fondo de parte de la Cámara de Representantes”, dijo McCarthy al dar a conocer que instruyó a la cámara baja, encabezada por la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno, a “que abra una investigación formal de juicio político al presidente Joe Biden”.

La Casa Blanca respondió calificando la acción emprendida en medio de una campaña presidencial como “la peor forma de política extrema”.

“Los representantes republicanos han estado investigando al presidente durante nueve meses, y no han entregado evidencia alguna de irregularidades”, dijo el portavoz Ian Sams.

Actuando por iniciativa propia, McCarthy enfrenta una creciente presión de su propio flanco derechista para emprender acciones en contra de Biden o arriesgarse a ser destituido de su cargo, al tiempo que pasa apuros para aprobar las iniciativas necesarias para evitar un cierre del gobierno federal a finales de este mes. McCarthy lanzó la pesquisa sin una votación en la Cámara de Representantes, y se desconoce siquiera si tendrá el apoyo suficiente de su estrecha mayoría republicana. Algunos legisladores han calificado la evidencia presentada hasta ahora como insuficiente para alcanzar el parámetro constitucional de “delitos graves y faltas leves”.La Casa Blanca y otros destacaron las declaraciones previas de McCarthy, en las que insistía en que un presidente de la cámara baja que actuaba de forma unilateral para dar inicio a una investigación de juicio político no tendría legitimidad. “McCarthy cambió de parecer porque no tiene apoyo”, añadió Sams.

La pesquisa es un paso hacia el juicio político, los cuales solían ser inusuales, y McCarthy prácticamente detalló los posibles cargos a presentar. Dado que Donald Trump es el actual favorito en el Partido Republicano para enfrentarse a Biden en las elecciones del próximo año, sus aliados republicanos están realizando labores para desviar la atención de los problemas legales del exmandatario y presentar una faceta negativa de Biden.

La investigación quedará en manos del presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, en coordinación con el titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Jim Jordan, y el representante a cargo de la Comisión de Recursos y Arbitrios, Jason Smith. Los tres se dirigirán el miércoles al otro lado del Capitolio para dar un informe al Senado.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell le ha advertido a los representantes republicanos que se abstengan de dicha medida, pero señaló el martes: “No creo que el presidente McCarthy necesite consejos del Senado”. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó la medida como “una investigación ilegítima de juicio político”, y aseguró que los demócratas defenderán a Biden “hasta el final”.

“No existe un ápice de evidencia de que el presidente Joe Biden haya estado involucrado en irregularidades”, comentó Jeffries. “El presidente Joe Biden es un buen hombre. Es un hombre honesto. Es un hombre patriota”.

McCarthy nuevamente se encuentra en una disyuntiva política, en la que intenta satisfacer a sus legisladores más conservadores y conservar su puesto. No es un aprieto político nuevo para McCarthy, quien intenta malabarear la pesquisa de juicio político con el espectro de un cierre de gobierno, sin un final claro.

El financiamiento del gobierno se agotará el 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal federal, y el Congreso debe aprobar nuevos proyectos de ley de gasto o se arriesga a un cierre y a la interrupción de los servicios gubernamentales.