La moción que solicita una orden judicial que bloquee la sección 10 de la SB 1718 se añade a la demanda presentada en julio pasado por varios grupos legales, entre otros el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council.

En esta demanda, las organizaciones de derechos civiles argumentan que la SB 1718 “criminaliza inconstitucionalmente el acto de transportar a una amplia categoría de migrantes a Florida” que pueden haber ingresado ilegalmente en territorio estadounidense y no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal. Una categoría que “pone a miles de floridanos y residentes de otros estados, tanto ciudadanos como no ciudadanos, en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados” por el “delito grave” de transportar a Florida a personas bajo una terminología “vagamente definida”.

Un contencioso legal ha cobrado fuerza en Florida, donde diversas organizaciones en defensa de los derechos civiles han presentado una moción para bloquear una sección específica de la ley migratoria SB 1718. Argumentando que esta sección es «inconstitucional, xenofóbica» y que agrava la criminalización de la comunidad migrante, las organizaciones están buscando frenar su implementación y prevenir sus posibles efectos negativos.

La moción legal representa una respuesta enérgica al conjunto de medidas migratorias contempladas en la SB 1718. Las organizaciones que la respaldan sostienen que la sección en cuestión no solo es contraria a los principios constitucionales, sino que también fomenta una mentalidad hostil hacia los migrantes y refuerza estereotipos perjudiciales.

La disputa resalta el debate en curso sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y cómo estas pueden impactar en las vidas de las personas y en la cohesión social. La afirmación de que la ley es «xenofóbica» subraya las preocupaciones de que algunas disposiciones puedan estar impulsadas por prejuicios en lugar de por un enfoque justo y equitativo.

El enfrentamiento legal también pone de relieve la lucha constante entre los estados y el gobierno federal en relación con la inmigración. Mientras algunos estados adoptan políticas más restrictivas, otros defienden un enfoque más inclusivo y humanitario. La presentación de esta moción en Florida refleja una posición en la que los defensores de los derechos civiles buscan proteger a la comunidad migrante y cuestionar la validez de ciertas medidas adoptadas a nivel estatal.

La SB 1718 es solo un ejemplo de las muchas leyes migratorias locales que se han convertido en un campo de batalla legal en Estados Unidos. A medida que estos desafíos legales continúan, la interpretación de la ley y la defensa de los derechos humanos siguen siendo puntos centrales de discusión en un debate nacional en constante evolución. La moción presentada en Florida no solo plantea cuestionamientos sobre la validez de la ley en cuestión, sino que también refuerza la importancia de mantener un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

El caso se presentó en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente dentro y fuera de Florida, contra el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.

También se incluyen en la demanda la fiscal general de Florida, Ashley Moody; el fiscal estatal Nicholas B. Cox y las oficinas del fiscal general del estado para los 20 circuitos judiciales de Florida. En su moción, los demandantes le piden a la corte que bloquee la Sección 10 en su totalidad porque es una “ley estatal inconstitucional que regula la inmigración federal”.

Para los demandantes, resulta imperativo que el tribunal evite que esta “ley inconstitucional cause daños irreparables a los demandantes y a innumerables otras familias, organizaciones y comunidades”.

“Casi un millón de floridanos viven en familias de migrantes de estatus mixto donde los padres, cónyuges e hijos indocumentados comparten el mismo hogar que los ciudadanos estadounidenses y los “residentes permanentes legales”, señaló en un comunicado A.J. Hernández Anderson, abogado principal del Southern Poverty Law Center. Hernández explicó con claridad que esta “draconiana ley antimigrante” pone en riesgo a comunidades enteras cuando los miembros de la familia “tienen miedo de llevar a sus seres queridos a recibir atención médica, asistir a eventos de la iglesia, cumplir con los requisitos de la corte de migración o cosechar los cultivos de Florida”.

“Esta ley debe ser detenida. Estamos pidiendo a la corte que detenga la aplicación de esta ley obviamente inconstitucional y odiosa mientras pasamos por el proceso judicial”, subrayó el letrado.