Por: Ing. Esteban Sanchez

En un intento de asalto en un restaurante de la colonia Condesa de la capital terminó en balacera cuando uno de los clientes, que iba a ser víctima de robo, sacó un arma y disparó contra los rateros. Los asaltos a punta de pistola van al alza en el país. De hecho, los robos violentos en restaurantes –una rareza hasta hace pocos años– se han vuelto frecuentes. Pero ahora conocemos cada vez más incidentes en los que alguna de las víctimas saca un arma para defenderse. Ha sucedido en restaurantes, pero también en el transporte público. El caso es que los mexicanos se están armando a una velocidad alarmante. No son sólo los criminales quienes lo hacen, sino también ciudadanos que cargan una pistola para evitar ser víctimas de robo. Dicha tendencia se nota en el porcentaje de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego. De acuerdo con estadísticas oficiales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esa tasa era de 38.85% hace apenas una década. Hoy es de 66.68 por ciento. En 2008, hubo 13 mil 155 asesinatos premeditados a nivel nacional, de los cuales cinco mil 85 fueron cometidos con arma de fuego. Ese mismo año, según los mismos datos, se dieron 186 mil 598 lesiones dolosas, entre las cuales en tres mil 482 se utilizó un arma de fuego (1.86%). Siete años después, en 2015, el porcentaje de homicidios dolosos cometidos con un arma de fuego había brincado a 56.36%, es decir, un incremento de 17.51 puntos o 2.5 puntos al año en promedio. De los 16 mil 909 asesinatos premeditados, en nueve mil 531 se usó un arma de fuego. En cuanto a las lesiones, 3.75% involucró el uso de un arma. En 2016, la relación armas de fuego/asesinatos subió a 61.33%, un incremento de casi cinco puntos o el doble del aumento promedio anual. De los 20 mil 547 homicidios dolosos que hubo ese año, 12 mil 603 se realizaron con arma de fuego. Mismo caso en seis mil 267 de las 133 mil 722 lesiones dolosas, una tasa de 4.68%. El año pasado, se llegó a un récord de 25 mil 339 asesinatos premeditados, de los cuales 16 mil 898 se cometieron con arma de fuego. La tasa fue de 66.68%, un incremento de 5.35 puntos. En cuanto a las lesiones dolosas, hubo 148 mil 79, de las cuales ocho mil 486 involucraron un arma de fuego, una tasa de 5.73 por ciento. ¿A qué se debe este dramático incremento? De acuerdo con algunas autoridades, como el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum; el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella, una parte importante de la explicación tiene que ver con la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en junio de 2016. El nuevo sistema dejó de considerar la portación de arma como un delito que ameritaba encarcelamiento oficioso, lo que ha llevado –dicen esas autoridades– a la liberación sin mayor trámite de quienes son detenidos con armas y un relajamiento del temor que antes existía de ser sorprendido en una situación así. Este argumento es refutado por algunos especialistas en derecho penal, quienes afirman que uno de los propósitos del nuevo sistema es despresurizar la sobrepoblación de las cárceles, que no ha servido para la readap-tación de los delincuentes, y obli-gar a las policías a hacer bien su trabajo y no agarrarse de la portación de armas –que, dice, muchas veces son sembradas– pa- ra mandar a prisión a presuntos delincuentes. Si usted prefiere la primera argumentación o la segunda, el hecho irrefutable que queda es que están matando a cada vez más personas con arma de fuego. Y si unimos ese dato a un evidente incremento de los asaltos que terminan en ba- laceras –poniendo en riesgo a muchas personas inocentes–, la conclusión es que hay cada vez más armas en las calles de este país, lo cual debiera preocuparnos a todos, más allá de posiciones políticas o académicas. Por eso yo quisiera escuchar a los candidatos presidenciales y a sus partidos ofrecer soluciones concretas a la violencia mediante planes para reducir la obvia pistolización que vivimos. Es posible que eso pase por endurecer el control en las fronteras y combatir frontalmente la corrupción de quienes se encargan de vigilar lo que entra en el país. Lo cierto es que México se está armando y nada de lo que se hace por evitarlo ha servido. Para los norteamericanos la adquisición de armamento, así cuente con cargadores de alta capacidad, resulta tan sencilla como la entrada a un supermercado. Peor aún con la extinción de la prohibición de rifles de asalto, aprobada por una mínima mayoría del Congreso de EU en 1994, promulgada por el presidente Bill Clinton y expirada en 2004, la cual por una década limitó para uso civil la transferencia o posesión de armamento de alto poder, fabricado a partir de la entrada en vigor de la ley. La legislación dificultó el acceso masivo a este tipo de armas, lo cual no sólo restringió la capacidad de fuego a potenciales agresores en su territorio, sino también impidió a otras redes criminales transnacionales el proveerse de un armamento más sofisticado para sus actividades ilegales. Basta observar el cambio en las tendencias del decomiso de armas en México, ocurrido durante esos diez años, para caer en cuenta de los beneficios de la medida. A diferencia de 1994, hoy no se ve un clima favorable al control de armas. De acuerdo con distintas encuestas dadas a conocer por medios internacionales, grandes segmentos de la sociedad estadunidense prefieren verse garantizados de su derecho constitucional de poseer armamento, sobre la posibilidad de enfrentar mayores controles a la hora de su compra. Bajo ese escenario, si bien tras los tiroteos existe una demanda social hacia ampliar las restricciones al acceso de armas de alto poder, en realidad es una burbuja momentánea que, prácticamente, retorna a una opinión pública dividida a la mitad, entre quienes quieren mantener la legislación actual en sus términos y aquellos que desean endurecerla. Asimismo, los criterios de política pública de armas de la administración Trump parecen estar alineados con los de la Asociación Nacional del Rifle. En ninguno de sus pronunciamientos públicos ha dejado constancia del más mínimo guiño a quienes exigen el cambio en la regulación para prevenir un mayor número de tiroteos masivos. En cualquier caso, la polarización persistente en la opinión pública y la concepción del arma como instrumento de libertad, arraigada en la cultura política estadunidense, son factores inhibidores de la construcción de una nueva mayoría reformadora en el Congreso de EU para la mejor protección de los ciudadanos frente al mercado de armamento. Por ahora es todo; mientras tanto, ¡!!AQUÍ SI PASA Y MUCHO¡!! Para cualquier información, favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com