Plan Harris destina millones para CA 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- Una inédita caravana de cerca de 15,000 migrantes, la más numerosa hasta ahora, partió de Chiapas, en la frontera sur de México, rumbo a Estados Unidos, con el trasfondo de la Cumbre de las Américas, que empezó con la migración como prioridad.

Los extranjeros, en su mayoría venezolanos, centroamericanos y africanos, buscan como primer destino una nueva oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en la que puedan regularizar su situación en México porque en Tapachula no consiguen visas humanitarias.

Bajo una fuerte lluvia, cubiertos con paraguas, cartones, bolsas, impermeables y toallas, emprendieron el viaje sin importar la adversidad del clima.

En un primer tramo, caminaron más de 8 kilómetros, por lo que ya pasaron el primer retén migratorio donde estaban algunos miembros de la Guardia Nacional (GN) y el INM, que se limitaron a observar el avance del contingente.

El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, expuso que en total hay más de 5,000 familias, incluyendo cerca de 93 mujeres embarazadas y 3,000 niños.

“Es necesario que esta crisis migratoria se atienda conforme a la ley, visas humanitarias por un año, inmediatamente, que sean válidas en territorio nacional”, expresó a Efe García Villagrán, activista conocido por acompañar y defender las caravanas de migrantes.

FUTURO 

INCIERTO 

John Romero, migrante venezolano, le indicó a Efe que buscan la visa humanitaria que han prometido las autoridades mexicanas en el pasado, pero que hasta ahora no han obtenido una respuesta.

En su lugar, les dieron una cita para dentro de tres meses, lo que los obligó, según el migrante, a salir rumbo al norte de México porque la Policía los lleva presos y los deporta a Guatemala.

“Nosotros no queremos quedarnos en México, lo que queremos es salir, por eso vamos con todo caminando”, manifestó.

Esta caravana levanta presión hacia la Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles (EU) y donde se buscará un acuerdo regional en política migratoria.

Al grito de “¡libertad, libertad, somos migrantes, no delincuentes!”, los extranjeros salieron con maletas, botellones de agua y la esperanza de no ser detenidos y avanzar en este nuevo intento.

Adrián Castillo, otro venezolano, señaló que han decidido salir marchando para visibilizar que todos los migrantes necesitan salir de Tapachula.

“Que nos presten la colaboración posible para que sigamos, ya que todos queremos ir a Norteamérica para cambiar nuestro estilo de vida”, contó.

La caravana de migrantes planeaba avanzar esta jornada al menos unos 18 kilómetros. De momento, ninguna autoridad federal ha buscado a los migrantes para poder atender a la caravana.

OTRA 

MARCHA 

Anteriormente habían salido en grupo unos 500 extranjeros, pero esta caravana ha avanzado con miles de personas que se congregaron los últimos días.

La caravana refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.

El Gobierno mexicano reportó este fin de semana un incremento de 89% interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77,626 de enero a marzo.

México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, cifras no vistas en casi 15 años, mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de un millón de migrantes interceptados en la frontera sur estadunidense.

PLAN 

KAMALA 

La vicepresidenta Kamala Harris dará a conocer el Cuerpo de Servicio Centroamericano (CASC, por sus siglas en inglés), al cual se destinarán $50 millones de dólares para ayudar a jóvenes en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Aunque presidentes y la presidenta de esos países no acudirán a la Cumbre de las Américas, la vicepresidenta hará el lanzamiento formal del programa, como parte de las acciones del gobierno del presidente Joe Biden para intentar reducir la inmigración irregular.

Los fondos serán administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“Brindará a los jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras oportunidades de servicio comunitario remunerado, tutoría y un camino hacia un futuro empleo”, adelantó un alto funcionario de la oficina de la vicepresidenta en una conferencia con periodistas.

El objetivo del programa es ofrecer opciones a los jóvenes, para que mantengan su “sentido de permanencia”, además de que el CASC busca generar liderazgo entre los jóvenes en América Central.

“Esta iniciativa respalda la Estrategia de EU para abordar las causas fundamentales de la migración en el norte de Centroamérica”, se acotó.

OBJETIVOS 

DEL PLAN 

Son varios los frentes que cubrirá el programa, como apoyo educativo y tutoría, acción climática, seguridad alimentaria, empleos verdes, educación y servicios de salud, prevención de la violencia y otras actividades de participación cívica, se indicó.

“CASC ayudará a abordar los impulsores de la migración irregular entre aquellos que tienen más probabilidades de migrar al involucrar a los jóvenes en oportunidades de servicio”, expone el plan.

Además de ofrecer oportunidades con remuneración, los jóvenes podrán devolver parte de esas habilidades a sus comunidades, colaborando con el desarrollo local, se pretende.

“Los jóvenes educados, saludables, empleados y cívicamente comprometidos son fundamentales para impulsar el crecimiento económico, la democracia y la prosperidad”, justifica el plan.

Los fondos del CASC salen del Programa de Empoderamiento Juvenil de América Central, que incluye el respaldo del sector público, privado y filantrópico.

Se aprovechará también la red de socios en la región para enriquecer el programa, incluidos países como Costa Rica, Paraguay y Perú.

APOYO A 

MUJERES 

Otro de los proyectos de la vicepresidenta Harris, que anunciará en el marco de la Cumbre, es el nuevo compromiso de empresas del sector privado y organizaciones para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres en el norte de Centroamérica y el hemisferio occidental.

Grupos y empresas como Acción, CARE International, Cargill, Mastercard, Microsoft y PepsiCo “asumieron compromisos adicionales para eliminar las barreras a la plena participación económica de las mujeres”, se indicó.

Esto buscará fortalecer el acceso de las mujeres a empleos, herramientas y recursos de calidad, así como a redes para el desarrollo y crecimiento empresarial.

La Vicepresidenta, quien llegó a Los Ángeles, participará en encuentros económicos para avanzar con los planes en Centroamérica.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de los mandatarios de Guatemala y El Salvador, así como de la presidenta de Honduras, el alto funcionario de la oficina de la Vicepresidenta dijo que esas naciones tendrán representación.

“Están enviando delegaciones, han escuchado de los líderes de esos países y les permitieron hablar por sí mismos… Algunos de ellos han dicho que no van a venir, pero también han confirmado que van a enviar delegaciones para que los consideremos participantes en la cumbre”, se justificó el funcionario, quien mantuvo el anonimato.

Agregó que la falta de presencia de esos líderes “no socava nada” en cuanto a los planes de la Administración Biden en la región.

MILLONES 

EXTRA 

El sector privado comprometió la inversión de hasta $3,200 millones de dólares en Centroamérica, luego del llamado de la vicepresidenta Harris. Se trata de $1,900 millones adicionales al plan de inversiones.

“Como parte de su función de abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, en mayo de 2021, la Vicepresidenta lanzó el Llamado a la Acción para que las compañías y las empresas sociales asuman compromisos significativos para promover oportunidades económicas”, destacó la autoridad.

Las 10 empresas y organizaciones: Agroamérica, COATL, Fundación Terra, Gap Inc., Millicom, Pantaleon, SanMar, Unifi, Visa y Yazaki se suman a otras 30 que ya aplican inversiones.

CAMBIOS 

DE USCIS 

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aclaró que los inmigrantes que pidieron ayuda de gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19 no serán “castigados” con la regla de carga pública.

“[Se hacen cambios] para ayudar a reducir el miedo y la confusión innecesarios entre los inmigrantes y sus familias […] que pueden impedirles obtener acceso a servicios gubernamentales críticos disponibles para ellos”, señaló la agencia.

Dichos ajustes no significan que los oficiales de USCIS dejen de implementar la carga pública en procesos migratorios, como la solicitud de ‘green card’, debido a que debe tomarse en consideración la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de conformidad con la guía de 1999.

El enfoque de USCIS es que los no ciudadanos que obtuvieron beneficios públicos relacionados con la pandemia de COVID-19 serán excluidos de la revisión sobre carga pública.

“Seguimos comprometidos a restaurar la confianza en nuestro sistema de inmigración legal”, dijo la agencia.

La política toma en consideración la Orden Ejecutiva 14012 del presidente Joe Biden, la cual busca mejorar el sistema legal migratorio.

“Nos aseguraremos de que los inmigrantes y sus familias, muchos de los cuales son trabajadores esenciales y de primera línea, no se vean disuadidos por miedo o confusión innecesarios para obtener acceso a importantes servicios gubernamentales para los que son elegibles para mantener a sus familias seguras y saludables”, se indicó.

SIN 

CASTIGO 

Se recalca que los inmigrantes que han solicitado asistencia alimentaria, apoyo médico y ayuda para vivienda durante la pandemia de COVID-19 no tendrían “consecuencias negativas” al momento de que se procesen sus peticiones migratorias.

USCIS trabaja una nueva regla de carga pública –publicada en el Registro Federal el 24 de febrero de 2022–, la cual se encuentra en revisión, tras recibir los comentarios públicos.

El ajuste más importante que se espera es enfocar el “castigo” a inmigrantes que pidan dinero en efectivo al gobierno durante un largo periodo.

“El DHS propone no considerar los beneficios que no son en efectivo, como los programas de asistencia alimentaria y nutricional”, indicó USCIS en febrero de este año.