Dallas, Tx.- +El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos por 18 meses, luego de que veintidós senadores demócratas pidiera el pasado viernes prorrogar el premiso migratorio.

“Como una de mis primeras acciones como Secretario, designé a Venezuela para el TPS”, expresó Mayorkas.

“Después de una cuidadosa consideración, y en consulta con el Secretario de Estado, estoy extendiendo esa designación. Esta acción es una de las muchas formas en que la administración Biden brinda apoyo humanitario a los venezolanos en el país y en el extranjero, junto con nuestros socios regionales. Continuaremos trabajando con nuestros socios internacionales para abordar los desafíos de la migración regional mientras garantizamos que nuestras fronteras permanezcan seguras”, señala el comunicado.

La prolongación de 18 meses del TPS para los venezolanos en Estados Unidos entrará en vigor el 10 de septiembre de este año y vencerá en 10 de marzo de 2024.

Solo las personas beneficiarias bajo la designación existente, y que ya residían en Estados Unidos al 8 de marzo de 2021, podrán aspirar para registrarse nuevamente para el TPS bajo esta extensión.

Los venezolanos que llegaron a Estados Unidos luego del 8 de marzo de 2021 no son elegibles para la prórroga del TPS. Al menos 343,000 venezolanos son elegibles para el TPS bajo la designación existente.

El Registro Federal dará las instrucciones respectivas para volver a registrarse para el TPS y pedir la renovación de un Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Los venezolanos que en la actualidad son elegibles para el TPS bajo la designación que ya existe y que todavía no han presentado una solicitud con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) deberán proceder a presentar sus solicitudes antes de la fecha límite del 9 de septiembre de 2022, incluyendo a los venezolanos que están cubiertos bajo el 2021 concesión de Salida Forzosa Diferida (DED), que expira el 20 de julio de este año.

El TPS fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 para proteger a los migrantes y refugiados que podrían ver en peligro su vida al ser obligados a ser devueltos al país de donde son originarios.

Por su parte, el embajador de Venezuela en Estados Unidos del gobierno encargado de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, agradeció a la Administración de Biden la extensión del TPS para los venezolanos residentes en el país en su cuenta de Twitter. “La protección y solidaridad hacia los refugiados es necesaria e importante”, expresó.

OPOSICION A 

LA REFORMA 

El Senado podría avanzar con un plan de reformas bajo proceso de Reconciliación, pero es difícil que se impulse alguna reforma migratoria para proteger a inmigrantes indocumentados, reconoció el senador Bob Menéndez (Nueva Jersey), presidente del Comité Judicial.

El demócrata explicó que sus colegas en el Senado deben enfrentar el desafío para lograr los 50 votos que permitan “desobedecer” a la parlamentaria Elizabeth MacDonough, quien rechazó en tres ocasiones las propuestas para proteger a no ciudadanos.

Agregó que ese reto es lograr que los senadores Joe Manchin (West Virginia) y Kyrsten Sinema (Arizona) acepten no solamente apoyar el proceso de reconciliación, sino desobedecer a la parlametaria.

“No estoy seguro de que en el caso del senador Manchin y la senadora Sinema tendríamos los 50 votos para dejar de lado la decisión de la parlamentaria, aunque eso se ha hecho en el pasado, por el Senado anterior, pero necesitaría todos esos votos”, reconoció Menéndez en una conferencia de prensa virtual. “Realmente no estoy seguro de que podamos llegar al final sin eso”.

A pregunta expresa de este periodista, el senador Menéndez reconoció que hay un reto incluso en el proceso general del paquete de Reconciliación, proceso para el cual también se requieren los 50 votos de los demócratas.

En entrevista con este diario en marzo pasado, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York) dijo que había oportunidad para una reforma migratoria a final de la primavera o quizás en el verano.

“Hay una oportunidad para una reforma migratoria”, dijo Schumer.

Schumer explicó entonces que un grupo de senadores hispanos, incluido Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores; Catherine Cortez Masto (Nevada), Ray Luján (Nuevo México) y Alex Padilla (California), presidente del Subcomité de Inmigración, podrían impulsar una propuesta para un camino a la ciudadanía para indocumentados sin tomar en consideración a MacDonough.

Aunque eso no ha ocurrido, el senador Padilla se ha reunido con su colega demócrata Dick Durbin (Illinois), presidente del Comité Judicial, así como los republicanos John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Florida), para avanzar en algún proyecto de reforma migratoria sin necesidad de pasar por proceso de Reconciliación. Hasta el momento no ha habido un plan concreto.

El debate migratorio se complica para los demócratas en el Senado, debido a la situación en la frontera con un incremento de llegada de inmigrantes –la mayoría expulsados–, pero que ha servido a la oposición republicana para criticar la política migratoria del presidente Joe Biden, un tema que se espera que protagonice el debate en las campañas electorales de este año.

CRITICAS 

A ABBOTT 

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, y su nueva orden ejecutiva de devolver a los puertos fronterizos los migrantes que detengan la policía y oficiales de la Guardia Nacional en ese estado, precipitó la condena de los gobiernos de EU y México que consideran que se está extralimitando en sus poderes.

El republicano ordenó a los miembros de la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detener y llevar a los puertos de entrada a los migrantes indocumentados en territorio texano.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, le recordó a Abbott que las decisiones sobre inmigración son competencia del Gobierno federal y le pidió que no se “entremeta” en ese tema.

“Los estados no deberían estar tomando decisiones o entrometiéndose en eso. Especialmente el gobernador de Texas Abbott, que tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera”, subrayó Jean-Pierre.

Abbott causó revuelo este año a los gobiernos de México y EU por obstruir las cadenas de suministro en la frontera con inspecciones estatales adicionales de camiones, que tuvo que eliminar ante la presión comercial internacional.

Bajo la nueva medida de Abbott, de dudosa legalidad, no está claro si los agentes estatales de Texas entregarán los migrantes a las autoridades federales.

INMORAL  

Y VULGAR 

La orden ejecutiva de Abbott tampoco cayó bien en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de “inmoral” y “vulgar” la nueva disposición del republicano, quien busca su reelección en noviembre próximo.

En este sentido, el mandatario mexicano advirtió de que Abbott busca “sacar votos” con esta nueva disposición.

“No le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el Gobierno federal de Estados Unidos. Sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo”, sostuvo López Obrador.

Desde que el presidente Joe Biden llegó al poder en enero de 2021, Abbott ha emprendido un pulso contra el Gobierno federal demócrata, acusándolo de promover una política de “fronteras abiertas”.

“A medida que los desafíos en la frontera continúan aumentando, Texas continuará tomando medidas para abordar los desafíos causados por la Administración Biden”, insistió el republicano al hacer el anuncio este jueves.

AMENAZA 

A LATINOS 

Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Consejo Estadunidense de Inmigración instó al Departamento de Justicia de EU a tomar medidas de inmediato “para detener la orden ilegal del gobernador Abbott”.

Considera la medida una amenaza para los latinos y los inmigrantes de todo el país.

Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos urgió al fiscal general de EU, Merrick Garland, investigar el alcance y la legalidad de la polémica operación Estrella Solitaria, lanzada en marzo de 2021 por Abbott, que desplegó más de 10,000 soldados de la Guardia Nacional para tareas migratorias.

“El gobernador Abbott, su administración y la Operación Estrella Solitaria son directamente responsables de la creciente pérdida de vidas de migrantes en todo el estado”, se lamentó García.

Esta semana una investigación de los medios especializados ProPública y The Texas Tribune reveló que el Departamento de Justicia investiga presuntas violaciones de los derechos civiles causadas por dicho operativo, que destinó más de $3,000 millones de dólares a medidas fronterizas que se invertirán en los siguientes dos años en ese estado.

ACUSAN DE 

INVASION 

La orden de Abbott, que hace parte de los esfuerzos de la polémica operación, se dio la misma semana en la que autoridades de varios condados del sur de Texas pidieron “más acción” al republicano para detener el ingreso de indocumentados, que califican de “invasión”.

La declaración de “invasión” hace parte de un movimiento que quiere invocar una declaración de la Constitución de EU, que da una base legal a los estados para llamar a la guerra.

Kate Huddleston, abogada de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas, advirtió que justificar la orden al invocar la retórica de la “invasión” aviva imprudentemente las llamas del odio en el estado.

La abogada recordó que esta retórica “alimentó” el tiroteo de El Paso (Texas) en 2019 que mató a 23 personas, entre ellos varios mexicanos.

La orden ejecutiva de Abbott no declara explícitamente una “invasión”, pero sí hace referencia a la Constitución de Estados Unidos.

Huddleston pidió a la Casa Blanca “asegurarse de que las agencias federales no desempeñen ningún papel” en la aplicación de la orden ejecutiva de Abbott.

Al respecto, el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Chris Magnus, dijo que la medida del gobernador republicano representa un “desafío”.

“Estamos listos para trabajar con Texas para lograr estos objetivos. Pero el desafío es saber cuándo cualquier estado, como Texas, toma medidas unilaterales que simplemente nos dificultan hacer esto”, dijo Magnus.