Con destino a familiares en México 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtuvo millones de registros financieros de personas que enviaron dinero a México, información que contiene los nombres de quienes enviaron las remesas, así como a quiénes lo recibieron.

Esto ha desatado alertas sobre una posible violación a la Constitución de los Estados Unidos, como lo expone el senador demócrata Ron Wyden (Oregon), presidente del Comité de Finanzas del Senado.

“Esto es importante: he confirmado que Seguridad Nacional [DHS] estaba llevando a cabo un programa de vigilancia masiva de los registros financieros de los estadunidenses“, indicó en un mensaje en Twitter. “Estoy pidiendo una investigación completa sobre cómo ICE obtuvo luz verde para comenzar esta recopilación masiva de datos personales de los estadunidenses”.

El senador Wyden envió una carta al Inspector General del DHS para solicitar la investigación sobre el operativo de agentes de ICE y las posibles violaciones.

En su carta, el demócrata dijo que agentes especiales de Seguridad Nacional (HSI) de ICE informaron a su personal en febrero sobre el programa, justificado en alguna autorización “administrativa” para obtener seis millones de registros sobre transferencias de dinero superiores a $500 dólares.

La investigación incluyó los estados de Arizona, California, Nuevo México, Texas desde 2019 sobre transferencias a México. En ese momento que se inició la investigación de los fondos era el periodo de gobierno del presidente Donald Trump.

Este año, el personal de Wyden pidió al DHS más información, tras lo cual supuestamente se detuvo el rastreo de fondos.

REVELACION 

PERIODISTICA 

Según un reporte de The Wall Street Journal, el primero en informar al respecto, la investigación de ICE incluyó a las empresas Western Union y Maxitransfers Corporation, a quienes se les exigieron los registros durante un período de seis meses.

El senador Wyden dice en la carta que esto se realizó sin que hubiera una “supervisión judicial”.

De confirmarse los reportes, el espionaje del envío de remesas ocurrió en un periodo en que los mexicanos enviaron más dinero a su país, en medio de la pandemia de COVID-19, luego de una baja en la primera mitad del 2020.

Además de las oportunidades laborales aprovechadas por los mexicanos en Estados Unidos, los fondos de ayuda otorgados por los gobiernos federal a migrantes legales y algunos estados para indocumentados han contribuido a mejorar el ingreso y, por ende, el envío de recursos a México, destaca un reporte del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el Foro de Remesas de América Latina y El Caribe y Remesas e Inclusión Financiera.

A finales de agosto, el director de investigación aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Jorge Andrés Castañeda, consideró que el incremento de aumento de remesas podría implicar lavado de dinero.

“Las cifras son muy desconcertantes y no cuadran. Si uno ve la masa de remesas reportadas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) del año pasado, suman menos de $3,000 millones de dólares”, dijo en agosto pasado a la agencia Efe. 

MENORES Y 

JOVENES 

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció nuevas políticas que facilitarán los procesos para protección migratoria de los niños que son víctimas de abuso, negligencia, abandono o maltrato parental.

Los ajustes incluyen la actualización de regulaciones para aclarar los criterios de elegibilidad de no ciudadanos considerados para el programa Inmigrantes Juveniles Especiales (SIJ), dijo la agencia.

Eso incluye entregarles una especie de perdón de deportación o acción diferida y Autorización de Empleo una vez clasificados como SIJ y su ‘green card’ esté en proceso.

“La acción diferida y la Autorización de Empleo brindarán una asistencia invaluable a estos no ciudadanos vulnerables que tienen sistemas de apoyo financiero y de otro tipo limitados en los Estados Unidos mientras esperan un número de visa disponible”, se agregó.

Incluso hay una actualización de una disposición de límite de edad para proteger a los peticionarios que cumplen 21 años mientras su solicitud está pendiente, una de las principales peticiones de defensores de inmigrantes.

“Hoy, estamos tomando medidas para ayudar a los niños inmigrantes en los EU que han sido víctimas de abuso, descuidos o abandonados y ofrecerles protección para ayudarlos a reconstruir sus vidas”, dijo la directora de USCIS, Ur Jaddou. “Estas políticas brindarán protección humanitaria a los jóvenes vulnerables para quienes un tribunal de menores ha determinado que lo mejor para ellos es permanecer en los Estados Unidos”.

La agencia migratoria –que ha realizado decenas de ajustes para mejorar procesos— está actualizando las regulaciones para los requisitos probatorios, lo cual ayudará a garantizar que las víctimas elegibles de abuso, negligencia o abandono de los padres reciban la clasificación SIJ, la cual es una vía para solicitar el estado de Residencia Permanente Legal (LPR) o ‘green card’.

USCIS especifica que puede autorizar su consentimiento para otorgar la clasificación SIJ cuando el peticionario ha proporcionado evidencia de un alivio ordenado por un tribunal, debido al abuso de los padres, negligencia, abandono o una base similar bajo la leyes estatales, así como evidencia para las determinaciones de una corte juvenil.

“Las regulaciones también dejan en claro que no se puede exigir a los peticionarios que se comuniquen con su presunto abusador mientras USCIS toma una decisión en su caso SIJ”, se acotó. “Un peticionario de SIJ puede tener presente un abogado, representante acreditado y/o adulto de confianza, si se programa una entrevista, pero sólo los abogados y representantes acreditados tienen derecho a hacer una declaración durante dichas entrevistas”.

La agencia especificó que dicha actualización del Manual de Políticas es vigente a partir de este 6 de mayo de 2022 y se aplica a los no ciudadanos elegibles clasificados como SIJ antes, en o después de esa fecha, en función de un Formulario I-360 aprobado o Petición para Ameriasiático, Viudo(a) o Inmigrante especial.

EXPULSION 

DE NIÑOS 

_Un Juez federal del estado de Texas falló en contra de la decisión de la administración del presidente Joe Biden de eximir a los niños menores de edad que no estén acompañados por adultos de estar bajo una controvertida política establecida en el gobierno de Donald Trump, el mismo día en que el tribunal federal de apelaciones limitó el uso de esa política por parte del actual gobierno.

Este dictamen se dio por parte del juez Mark Pittman en el Tribunal del Distrito Norte de Texas, se origina de una demanda presentada por Texas contra el Gobierno de Biden, que examinó a los menores de estar sujetos a una política de salud publicada conocida como Título 42, que permite a los agentes rechazar los migrantes detenidos en la frontera al sur de EU.

“En este caso, el presidente ha exceptuado (arbitrariamente) a los menores extranjeros no acompañados que dan positivo en la prueba de covid-19 de los procedimientos del Título 42, cuyo propósito era prevenir la propagación del coronavirus. Como resultado, los estados fronterizos como Texas son ahora los que más sufren las consecuencias”, escribió Pittman en su dictamen.

Este fallo entrará en vigor en siete días, tiempo que tiene la administración de Biden para apelar.

Asimismo, un tribunal federal de apelaciones expresó su desconfianza sobre el uso de la política de salud pública en un dictamen que limita el uso de esa orden por parte del Gobierno, argumentando que a orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país. “Parece en ciertos aspectos una reliquia de una época sin vacunas, con escasas pruebas, pocas terapias y poca certeza”.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia falló que EU puede continuar expulsando a las familias de migrantes en virtud de una norma de emergencia contra la pandemia de la covid-19, pero “solo a lugares donde no sean perseguidos ni torturados”.