Critican líderes religiosos proceder de Biden  

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- El presidente Joe Biden reconoció que su gobierno enfrenta una crisis en la frontera, en medio de la presión de activistas que lo obligaron a aumentar el número de refugiados que el país recibirá.

“Vamos a aumentar el número (de refugiados)”, dijo el presidente Biden cuya administración limitó a 15,000 ese número de inmigrantes, el cual fue impuesto por el gobierno del presidente Donald Trump.

El presidente Biden indicó que su gobierno “no podía hace dos cosas a la vez”, en referencia a los esfuerzos para atender la llegada de niños no acompañados y de inmigrantes indocumentados adultos a la frontera, algo que había calificado como una “emergencia”, pero ahora reconoce como una crisis.

“El problema fue que el asunto de los refugiados forma parte de lo que se estaba trabajando sobre la crisis que derivó en la frontera con los jóvenes”, aseveró. “No podíamos hacer dos cosas a la vez, así que ahora vamos a aumentar el número”.

Durante su campaña, el presidente Biden prometió un incremento significativo, arriba de 60,000, el número de refugiados que aceptaría EU. Los defensores de personas desplazadas a nivel mundial por la guerra, principalmente, exigen que cumpla su promesa.

La Coalición Interreligiosa de Inmigración, que integra a más de 600 líderes de grupos que atienden a refugiados, calificó de “inaceptable” la decisión original del presidente Biden.

Agregaron que el compromiso del presidente fue aumentar a 62,500 para el año fiscal 2021 el número de refugiados y se comprometió a reasentar a 125,000 refugiados en el año fiscal 2022.

“El presidente Biden fue elegido con su promesa de Reconstruir Mejor, para restaurar la humanidad en la forma en que trabaja nuestro gobierno”, dijo Elissa Díaz, gerente de Políticas y Defensa de Church World Service y co-presidenta de la coalición. “Hacemos un llamado a la administración para que escuche a las comunidades en los Estados Unidos… las mismas comunidades que ayudaron a elegir a la administración actual, y revise la meta de admisiones a 62,500, así como para reasentar a 125,000 refugiados el próximo año”.

El rabino Jonah Dov Pesner, director del Centro de Acción Religiosa del Judaísmo Reformado, calificó como “un daño irreparable” la limitante.

“Rechazamos las políticas que excluyen a los refugiados de nuestras fronteras”, dijo. “El daño que esta decisión causará a los refugiados que han esperado durante mucho tiempo el reasentamiento en los Estados Unidos es irreparable”.

BAJO 

PRESION 

Tras las presiones, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, manifestó que el 15 de mayo, el presidente Biden establecerá una nueva cifra sobre el número de refugiados, un programa que es diferente al programa de asilo, debido a las aplicaciones de los primeros son revisadas desde el extranjero antes de autorizar su viaje al país.

El presidente Biden enfrenta críticas de republicanos y grupos conservadores sobre inmigración, debido al incremento de llegadas a la frontera, que de febrero a marzo aumentó 100 por ciento en el caso de niños no acompañados, mientras se reportó un alza de 71% en cuanto a adultos.

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que el 60% de las personas que llegaron a la frontera el último ya fueron deportadas y otras estaban e proceso. El 29% es gente que había sido expulsada previamente.

OPOSICION DE 

CONGRESISTA 

La representante republicana María Elvira Salazar (Florida) aseguró que es imposible que el Congreso federal apruebe alguna medida migratoria mientras se mantenga la situación en la frontera, donde llegan cada mes decenas de miles de migrantes.

Durante su intervención en una cumbre virtual organizada por grupos venezolanos para instar a senadores republicanos a apoyar un proyecto de ley que daría un estatus migratorio permanente a amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), la congresista indicó que ve lejos la aprobación de “cualquier” medida en esta materia.

La republicana por Florida, que apoyó el proyecto de ley “Secure Act”, el cual proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para cientos de miles de beneficiarios de TPS, incluidos más de 320,000 venezolanos, dibujó un negro panorama para que esa medida se apruebe en el Senado.

Y la causa, en su opinión, es la situación en la frontera y a que el Gobierno del presidente, Joe Biden, en su opinión, “no sabe qué hacer con la crisis migratoria”.

Mientras se mantenga esta situación, con la creciente llegada de inmigrantes a la frontera, con 172,000 solo en marzo pasado, el Senado no aprobará ninguna medida, dijo, pues se necesita el apoyo de al menos diez republicanos, que tradicionalmente han puesto como condición necesaria el reforzar la seguridad en la divisoria con México.

Y ese era precisamente el objetivo de esta cumbre, el “presionar” a senadores republicanos, especialmente a Marco Rubio y Rick Scott, representantes en la Cámara alta por Florida, el estado con mayor presencia de personas con TPS, especialmente por ser lugar de residencia de la gran mayoría de la comunidad venezolana.

Pero en su intervención, Salazar no hizo mención en ningún momento a la importancia que tendría el apoyo de sus colegas de partido para sacar adelante la “Secure Act”.

FUERTE 

REACCION 

Kathy Bird Carvajal, responsable del grupo IMPAC Fund y una de las organizadoras de esta cumbre, respondió de manera indirecta a la congresista republicana al decir que “no hay un momento perfecto” para aprobar una proyecto de ley como la “Secure Act” y que la comunidad venezolana mantendrá su presión: “No vamos a esperar más”.

En similares términos se manifestó William Díaz, fundador de la Red Nacional de Casas de Venezuela, que aseguró se ha reunido en numeras ocasiones con Scott y Rubio, a los que agradeció su firme apoyo para restaurar la democracia en Venezuela, pero a los que dijo que ahora es el momento de que “continúen con ese compromiso copatrocinando” este proyecto de ley.

El congresista que presentó “Secure Act”, el senador demócrata Chris Van Hollen, también participó en el encuentro e insistió en que es “muy importante tener bipartidismo” en este proyecto de ley, dado que la medida necesita al menos un copatrocinador de ese partido y el apoyo de 10 senadores conservadores para ser ley.

Este proyecto de ley fue presentado de nuevo en febrero pasado en el Senado después de haber sido analizado sin éxito por esa cámara en marzo de 2019.

Los organizadores de la “Cumbre Nacional” estiman que la ley proporcionaría un camino hacia la ciudadanía de unos 650,000 beneficiarios de TPS, incluidos más de 320,000 venezolanos, a quienes Biden concedió este alivio migratorio en marzo pasado.

El TPS, creado en 1990, ha dado una residencia legal temporal a miles de personas oriundas de una docena de países que llegaron a Estados Unidos escapando de desastres naturales o la violencia y la persecución, entre ellos venezolanos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.

ADVERTENCIA 

DE TEXAS 

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, advirtió que usará “todos los recursos legales disponibles” para demandar a la Administración del presidente, Joe Biden, y poner fin a sus “fallidas políticas” migratorias.

Paxton visitó el recinto deportivo Freeman Coliseum, en San Antonio, donde cientos de niños y adolescentes solicitantes de asilo están siendo acogidos temporalmente y donde, según el gobernador texano, Greg Abbott, podrían estarse cometiendo abusos contra estos menores.

“La realidad es que no hay forma de que podamos estar preparados para hacer frente a un problema con este número de niños necesitados. El personal en estas instalaciones está muy disperso y tiene dificultades para cuidar a estos niños individualmente, que es lo que necesitan desesperadamente”, dijo Paxton, en un comunicado.

“Por la seguridad de Texas, de nuestra nación y de los niños albergados en estas instalaciones, usaré todos los recursos disponibles para demandar a la Administración Biden y poner fin a estas fallidas políticas”, añadió Paxton, que ha liderado ya varias demandas contra las políticas de Biden.

En opinión del fiscal general texano, el actual sistema no es la “mejor forma de traer personas a nuestro país. Deben ponerse en práctica mejores formas, más seguras y más metódicas”.

El comunicado indicó que, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)del Gobierno federal, más de 22,000 menores extranjeros están albergados en Texas, 18,000 por esa dependencia y 4,700 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

VIOLACIONES 

Y ABANDONO 

El pasado 7 de abril, Abbott dijo haber recibido reportes de la Comisión de Salud y Servicios Humanos y del Departamento de Servicios Familiares y de Protección del estado sobre presuntos abusos sexuales y abandono infantil en el Freeman Coliseum.

Abbott afirmó que esas agencias también reportaron que no hay suficiente personal en el recinto deportivo para supervisar a los menores, algunos de los cuales no comen durante todo el día, y que los enfermos de la COVID-19 no están siendo separados de los sanos.

“La Administración de Biden debe cerrar inmediatamente esta instalación, y los niños que están en ella deben ser trasladados a otras instalaciones federales donde el Gobierno tenga el espacio, el personal y los recursos para asegurar su seguridad”, declaró.

NO EXISTE 

ACUERDO 

El gobierno de Joe Biden aclaró que no hay nuevos acuerdos de seguridad con México, Guatemala y Honduras para movilizar soldados y policías como parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular, y destacó en cambio la importancia del trabajo conjunto para afrontar ese fenómeno y atender sus causas.

El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, aclaró ante un subcomité de la Cámara de Representantes que la Administración del presidente Joe Biden no ha firmado algún convenio de ese tipo.

“No se han celebrado acuerdos con los Gobiernos en materia de seguridad fronteriza“, respondió Zúñiga ante una pregunta del congresista hispano Joaquín Castro.

El legislador de Texas dijo haber sido informado previamente por el Departamento de Estado de que las versiones sobre los presuntos acuerdos no eran exactas y señaló la inquietud que generó entre organizaciones de derechos humanos el posible uso de policías y militares para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados.

Zúñiga aclaró así un anuncio hecho por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien indicó que EU había llegado a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que movilizaran a miles de militares y policías en sus fronteras.

Un día después de las afirmaciones de Psaki, México respondió que desde hace “más de un mes” había desplazado a 12,000 personas, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios, para frenar la ola migratoria y especialmente el tráfico de menores de edad. A su vez, Guatemala y Honduras negaron haber suscrito un nuevo convenio.

El enviado de EU, quien visitó recientemente El Salvador y Guatemala, destacó que en lo que sí están de acuerdo con esos países es en la importancia de “seguir trabajando juntos y colaborando para gestionar la migración, de manera que mejore la seguridad de cada país, y permita a los Gobiernos aplicar la ley en sus fronteras como lo hace Estados Unidos”.

Para Zúñiga, el flujo actual de migrantes desde Centroamérica “es parte de un patrón recurrente” que impulsa a la migración masiva, entre cuyas causas identificó la inseguridad, la falta de oportunidades y la búsqueda de una vida mejor.