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Decomisan documentos falsos para vender a indocumentados

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Decenas fueron enviados desde México y Guatemala 

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Dallas Tx.- Las autoridades estadunidenses confiscaron esta semana decenas de documentos falsos en cuatro encomiendas separadas que llegaron de Guatemala y México, informó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

Los envíos, que contenían certificados de nacimiento, tarjetas de identidad y pasaportes llegaron a St. Louis, Missouri, destinados a ser vendidos a personas “que podrían estar ilegalmente en Estados Unidos”, señaló el informe.

En esta ciudad de Dallas es sabido que desde muchos años estos documentos apócrifos son vendidos en las llamadas “pulgas” o bazares, sin que ninguna autoridad haya detenido la elaboración y venta de estas identidades.

Los funcionarios de CBP verificaron los nombres en los documentos para determinar si los destinatarios de las encomiendas eran personas que residen legalmente en el país, con resultados negativos, por lo cual concluyen que, probablemente, sean inmigrantes indocumentados.

Una de las personas cuyo nombre se encontró en los archivos de inmigración fue deportada después que intentó ingresar ilegalmente en Estados Unidos en septiembre del año pasado, detalló CBP.

Otra de las personas cuyo nombre está registrado es un individuo que fue arrestado por la Policía de St. Louis, en enero de 2010 por delitos menores.

CBP añadió que los envíos iban dirigidos a un domicilio residencial en St. Louis, y en Granite City, en Illinois.

“Las actividades fraudulentas son una preocupación mayor de CBP”, dijo LaFonda Sutton Burke, directora de Operaciones de la Oficina de CBP en Chicago.

“Nuestros agentes cumplen una labor sobresaliente interceptando estos envíos”, agregó. “Los agentes pudieron quitar de circulación estos documentos de viaje falsos, y de impedir el uso de estos documentos en el futuro”.

FIANZA A 

“ILEGALES” 

El Tribunal Supremo acordó revisar una decisión de una corte de apelaciones que requiere otorgar audiencias de fianza para inmigrantes con órdenes finales de deportación y han estado detenidos por más de seis meses.

La acción legal tomada por la Máxima Corte se da en respuesta a una decisión del Noveno Circuito de Apelaciones del año pasado que falló a favor de una demanda colectiva, encabezada por dos inmigrantes residentes de California a quienes se les negaron las audiencias de fianza y fueron detenidos por un largo periodo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los demandantes, Esteban Alemán González y José Gutiérrez Sánchez, ambos residentes del Área de la Bahía, al norte de California, estuvieron detenidos durante más de ocho meses.

Respaldados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los inmigrantes presentaron una demanda en marzo de 2018 impugnando su detención prolongada bajo el argumento de que era “ilegal”.

Un juez federal falló a favor de los demandantes en junio de 2018. Bajo el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia (DOJ) siguió la batalla legal y la llevó hasta el Supremo.

La idea de que el actual Tribunal, de mayoría conservadora, revise la decisión despertó preocupaciones entre los expertos.

“La mayoría de derecha en la Corte Suprema parece estar planeando eliminar la única forma en que muchas personas detenidas por inmigrantes pueden impugnar su encarcelamiento”, dijo en un mensaje de Twitter el abogado defensor Sam Feldman.

Añadió que “la gente seguiría detenida ilegalmente, pero ningún tribunal podría hacer nada al respecto”.

Por su parte, Aaron Reichlin Melnik, del Consejo Estadunidense de Inmigración (AIC), instó al Congreso a corregir un “error” en la ley de inmigración de 1996, que, según su opinión, ha bloqueado continuamente el acceso a los tribunales para inmigrantes.

De esta forma, indicó, se evitaría que el tema sea decidido por el Tribunal Supremo.

AMLO: NO 

OBLIGACION 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no tiene comunicación con la administración del presidente Joe Biden con respecto al programa “Permanecer en México“, además de descartar que el país se vea obligado a recibir a inmigrantes ante la decisión de un Tribunal de Apelaciones.

“México no es parte del proceso judicial referido”, indicó a este un portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. “(La decisión) trata de una medida unilateral del Gobierno de Estados Unidos”.

Es decir, el Gobierno mexicano no tomará alguna acción sobre la implementación del programa para recibir a inmigrantes, sin la coordinación directa con las autoridades estadunidenses, en este caso el Departamento de Seguridad Nacional, liderado por el secretario Alejandro Mayorkas.

El portavoz enfatizó que la Administración Biden no le ha notificado acciones con respecto al programa de asilo que permite a EU enviar a México inmigrantes que solicitan asilo a que esperen una decisión de un tribunal estadunidense.

“No hemos sido notificados al respecto ni tenemos alguna comunicación oficial del Gobierno de los Estados Unidos sobre el asunto”, se insistió sobre los también conocidos como Protocolos de Protección al Migrantes (MPP).

MOCION 

DE BIDEN 

La Administración Biden presentó una moción urgente ante la Corte Suprema para evitar reiniciar con el programa “Permanecer en México”, impulsado por el expresidente Donald Trump.

El juez Samuel Alito autorizó un bloqueo provisional que permite aplicar la orden el 24 de agosto, cuando se espere que el Máximo Tribunal tome una decisión definitiva.

Biden terminó con la política de Trump e implementó una estrategia para permitir a los más de 60,000 inmigrantes afectados volver a los EU, pero gobernadores republicanos pidieron restablecer el programa.

En junio, el Departamento de Seguridad Nacional informó la terminación oficial del programa “Permanecer en México”.

BLOQUEO 

TEMPORAL 

Un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente un fallo de un tribunal inferior que requeriría que el presidente demócrata Joe Biden restableciera una polémica política de inmigración implementada por su predecesor republicano, Donald Trump, reportó CNBC.

La breve orden del juez conservador Samuel Alito pone el litigio en suspenso mientras el tribunal superior considera cómo manejar la solicitud de la administración Biden que busca imponer un bloqueo a más largo plazo al fallo del juez que requeriría que el gobierno reviva el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), conocido como “Quédate en México”, que obliga a los inmigrantes indocumentados que presentan solicitudes de asilo en Estados Unidos, a regresar a México hasta que las autoridades migratorias dictaminen sus casos.

El gobierno de Biden recurrió a la Corte Suprema después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos con sede en Nueva Orleans rechazó una solicitud del gobierno para retrasar la fecha de vigencia del fallo del juez de la corte inferior que obliga a poner el programa migratorio en vigor.

El fallo del juez de distrito de los EU, Matthew Kacsmaryk, “requiere que el gobierno restablezca abruptamente un amplio y controvertido programa de aplicación de la ley de inmigración que ha sido formalmente suspendido durante siete meses y en gran parte inactivo durante casi nueve meses antes de eso”, escribió el procurador general interino Brian Fletcher en documentos para la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, incluidos tres jueces designados por Trump.

El Departamento de Justicia pidió que el Tribunal Supremo actuara de inmediato y que impidiera que la orden judicial del juez entre en vigor.

PESIMAS 

CONDICIONES 

Los demócratas y defensores de la inmigración criticaron al MPP, conocido informalmente como “permanecer en México”, diciendo que sometía a la mayoría de los migrantes centroamericanos a condiciones insalubres y violencia.

Los arrestos de migrantes atrapados cruzando la frontera entre Estados Unidos y México han alcanzado máximos de 20 años en los últimos meses, una tendencia que los republicanos atribuyen a la revocación de Biden del MPP y de otras políticas de inmigración de línea dura de Trump.

La Administración Biden ha dejado en vigor una orden de salud de la era Trump que permite a las autoridades fronterizas expulsar a los migrantes a México sin la oportunidad de buscar asilo en los Estados Unidos.

El fallo del Quinto Circuito de tendencia conservadora dijo que la Administración Biden debe implementar el programa MPP de “buena fe”, lo que parece dejar al gobierno cierta discreción sobre cómo actuar.

Roberto Velasco, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de México responsable de las relaciones con América del Norte, dijo que México aún no había recibido ninguna notificación del gobierno de Estados Unidos sobre el fallo.

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