Dallas, Tx.- La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió un memorándum de políticas que proporciona guías sobre cuándo considerar una exención al requisito de entrevista para portadores de “green card” que aplican bajo el trámite de petición para cancelar la Residencia Condicional y obtener la Permanente. Los oficiales comenzaron a aplicar los nuevos criterios a partir del pasado 10 de diciembre y no son retroactivos, es decir, aplicará a las peticiones recibidas ese día o después. “Por lo general, los oficiales de USCIS deben entrevistar a un residente permanente condicional, que es el principal peticionario de un Formulario I-751, a menos que se le exima de la entrevista”, indicó la autoridad en un comunicado. “Esta guía explica que los oficiales pueden considerar la exención de entrevista”. Para ello, los oficiales deberán estar seguros de las siguientes condiciones, según el documento: Que pueden tomar una decisión basada en el expediente, debido a que contiene evidencia suficiente de que el matrimonio es genuino y no se contrajo con la intención de evadir las leyes de inmigración estadunidenses Que en los casos de un Formulario I-751 recibido en o después del 10 de diciembre de 2018, USCIS entrevistó al peticionario principal anteriormente Que no existe indicación de fraude o falsa representación en el Formulario I-751 o en la documentación de apoyo Que no existen datos o asuntos complicados que requieran una entrevista para resolverse. La decisión de USCIS reemplaza en su totalidad al memorando de políticas del 24 de junio de 2005.

La Administración Trump debe abandonar su plan de alterar el reglamento sobre “carga pública” porque, aunque es menos visible que la detención y separación de familias, esa política perjudicará no sólo a los inmigrantes sino también a los hospitales y comunidades en todo Estados Unidos, afirmaron activistas. Durante una conferencia anual sobre la integración de inmigrantes (“NIIC” 2018), los activistas urgieron a la comunidad a que someta comentarios en contra de la medida en ciernes, para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la ponga en marcha en 2019. El periodo de comentarios públicos concluyó la medianoche del lunes anterior y, por ley, el DHS deberá analizarlos y determinar si hace cambios en el reglamento de “carga pública” dentro del “Acta de Inmigración y Naturalización” (INA), y cuándo. También tiene la opción de no hacer ningún cambio. El reglamento de 400 páginas, de producirse, ampliaría la definición de la “carga pública” en el ámbito migratorio, de tal manera que la Administración Trump podrá negar la residencia permanente o “green card”, y cualquier otro ajuste migratorio, a inmigrantes que hayan recibido beneficios públicos en los últimos tres años, o puedan recibir en el futuro. La lista de beneficios públicos que prácticamente quedarían prohibidos para quienes tramitan visas legales incluye cupones de comida; subsidios de vivienda; cheques del programa “TANF” para gente pobre; ingresos suplementarios del Seguro Social (SSSI), “Medicaid”, y cobertura de recetas médicas bajo “Medicare”. Durante una rueda de prensa, los activistas explicaron que el cambio afectará, de forma directa o indirecta, a cerca de 26 millones de familias inmigrantes en Estados Unidos, provocará retrasos en los trámites migratorios para la reunificación familiar, disminuirá la inmigración legal, y perjudicará a la economía en general. “Como inmigrante cuya familia tuvo que depender de Medicaid, SNAP, y otros beneficios públicos ahora bajo ataque… no puedo imaginar el tener que decidir entre quedarme en este país y acceder al cuidado de salud para mi hijo”, dijo Leana Wen, presidenta de la organización para la planificación familiar, “Planned Parenthood”. “Como médico, líder en salud pública y presidenta de Planned Parenthood, sé que este reglamento minará la salud de nuestro país entero”, explicó Wen, al precisar que, por temor, las familias no irán a los consultorios para tratar sus condiciones médicas y enfermedades contagiosas, o para vacunar a sus hijos. El reglamento afectará a hijos nacidos en esta nación de padres inmigrantes, que no querrán acceder a beneficios públicos para ellos para no perjudicar sus trámites migratorios, según expertos. Activistas consultadas en la rueda de prensa coincidieron en que el reglamento no fomenta la “autodeficiencia” de los inmigrantes, como argumenta el gobierno, y perjudicará a la economía en general.

CASTIGO DE TRUMP Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización angelina, “CHIRLA”, dijo que el presidente Donald Trump “quiere castigar a nuestra comunidad simplemente por acudir a servicios de salud y apoyos económicos para sacar a sus familias adelante”. “Sabemos que el presidente quiere atacar a nuestra comunidad inmigrante… pero los inmigrantes viven en comunidades que también se verán afectadas”, señaló. Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), señaló que las autoridades del DHS “están construyendo barreras para que sólo los más ricos puedan venir a Estados Unidos en el futuro, y esa miopía perjudicaría al país.”, y es importante “enviar un mensaje claro de rechazo a ese reglamento”. Doug Rand, del grupo “Boundless”, afirmó que este reglamento le cerrará las puertas a inmigrantes de bajos recursos, en el marco del plan de la Administración para reducir drásticamente la inmigración legal. El reglamento sopesaría varios “factores negativos” para rechazar las solicitudes de visa, lo que afectaría, por ejemplo, a una pareja sin hijos y que gane menos de $41,150, o a una persona que gane menos de $62,750 al año para una familia de cuatro, según el análisis de “Boundless”. También perjudicaría a quienes carecen de seguro médico privado, tienen mal crédito, o bajos niveles de educación o de destrezas laborales. Por ello, su compañía también sometió un comentario en contra de la medida, firmado por más de 120 líderes empresariales, incluso del sector tecnológico. Boundless también calcula que solo la puesta en marcha del reglamento supondría un costo directo de unos $13,000 millones al año, aumentando los costos y trabas burocráticas del DHS. Según los activistas, la medida ya ha recabado más de 190,000 comentarios en su contra –una cifra récord para una medida elaborada por el DHS- , y esa oposición proviene de académicos, líderes demócratas del Congreso, proveedores de salud, grupos religiosos, líderes empresariales, y organizaciones cívicas y humanitarias en todo el país. Del lado opuesto, también grupos ultraconservadores, como el Centro para Estudios de Inmigración (CIS), también hacen lo propio para recabar comentarios de apoyo a la medida. Sin embargo, varios estudios recientes han documentado el daño que haría el nuevo reglamento, propuesto oficialmente el pasado 10 de octubre, no sólo entre la comunidad inmigrante sino también a los proveedores de salud y la economía en general