Está entre las 10 ciudades de EU con más vigilancia extrema 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- Carlos lleva tres años bajo extrema vigilancia de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y aunque reconoce que es importante estar con su familia, el ser “perseguido” las 24 horas ha generado frustración y miedo a él y su familia.

Este inmigrante mexicano forma parte de una de las formas alternativas a la detención (ATD) de la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual ha crecido hasta más del 1,000% en algunas ciudades, como Phoenix, Arizona. Dallas, por su parte, se encuentra entre las 10 ciudades de Estados Unidos en la que los indocumentados sufren de esa persecución extrema.

“Llego un poco más tarde de mi hora de mi trabajo y mis hijas preguntan a su mamá: ‘¿a qué horas va a llegar?’, que qué me pasó, pues lo que hace mi esposa es marcarme”, contó Carlos al podcast El Diario Sin Límites. “En cuanto toco la puerta y me abrazan… es esa frustración, es difícil explicarlo, tienes que estar en esa situación, se despierta uno inciertamente [sobre] qué va a pasar con uno”.

Durante el gobierno del presidente Joe Biden, las ATD han aumentado y aunque ha sido una batalla de defensores de inmigrantes para evitar el encarcelamiento, las nuevas tácticas no tienen satisfechos a los activistas, ya que las consideran invasivas, como lo indica el reporte “Tracked and Trapped” (“Rastreado y Atrapado”), realizado por 14 organizaciones que trabajan con no ciudadanos.

Los estados que registran mayor aumento, según el reporte, son Texas, California, Nueva York, Arizona, Massachusetts.

Sin embargo, hay 10 ciudades que destacan en esas entidades, debido al incremento significativo del porcentaje de inmigrantes que tienen un grillete con GPS, son monitoreados con la aplicación de celular SmartLink o deben llamar y aceptar llamadas de agentes de ICE a cualquier hora. Esas estrategias forman parte de la política también llamada Programa de Apariencia de Supervisión Intensiva (ISAP).

En Phoenix el programa creció 1,095%; en El Paso 401%; en San Antonio 364%; en Boston 258%; en Dallas 133%; en Denver 121%; en Nueva York 120%; en Philadelphia 115%; en Miami 104% y en Newark 91%.

El incremento se reporta en varias entidades, incluida California, donde hay tres ciudades clave con aumentos de vigilancia extrema de inmigrantes: San Diego con un alza del 68.87%, Los Ángeles con 38.85% y San Francisco 33.65%.

“Durante el último año, la Administración Biden ha ampliado rápidamente el programa denominado ‘Alternativas a la detención’ (ATD)”, señala el reporte. “Este programa de monitoreo electrónico ahora tiene más de 227,000 inmigrantes bajo vigilancia constante a partir de abril de 2022, más del doble del número inscrito en el programa cuando el presidente Biden asumió el cargo”.

LIBERTAD 

ENGAÑOSA 

El informe señala que el ISAP es presumido por las autoridades como una “alternativa” a los abusos en prisión, pero los activistas consideran que, en realidad, la política “amplía el alcance carcelario de ICE”, además de reforzar todas las formas de detener a inmigrantes.

“El programa de monitoreo electrónico de ICE no es más que ‘migajas hacia la libertad’ que mantiene a los inmigrantes en jaulas digitales”, indica el reporte. “Nos conformaremos con nada al menos que sea el fin de la criminalización de la inmigración. La única verdadera alternativa a la detención es libertad”.

El reporte fue realizado por las organizaciones African Bureau for Immigration and Social Affairs (ABISA), Boston Immigration Justice and Accountability Network (BIJAN), Community Justice Exchange, Detention Watch Network, Envision Freedom Fund, Freedom for Immigrants, GLAHR, Just Futures Law, La Resistencia, Long Beach Immigrant Rights Coalition (LBIRC), Mijente, Organized Communities Against Deportations (OCAD) y Youth Justice Coalition.

“Este informe destaca el precio insoportable que el monitoreo electrónico de ICE cobra a las comunidades de inmigrantes, subrayando la necesidad de un cambio transformador en nuestro enfoque sobre inmigración”, se apunta. “A pesar de las afirmaciones de ICE de lo contrario, las prisiones digitales son físicamente inhibidoras y dañinas para la salud y el bienestar”.

Carlos, por ejemplo, enfatiza que hay una vigilancia tan extrema que ha causado un miedo constante en él y su familia.

“Somos una familia de cinco de México, hemos vivido en la Inland Empire, en el sur de California, desde que nuestras hijas nacieron. Fui detenido y liberado bajo fianza en octubre de 2019”, compartió. “He estado en el programa ISAP desde entonces y ha sido traumatizante, no solamente para mí, sino para toda mi familia. Supuestamente estoy libre, pero realmente no lo estoy”.

Las organizaciones temen que ICE incremente considerablemente este programa, debido a la petición de más de $500 millones de dólares al Congreso, por lo que piden a los legisladores no aprobar esos fondos, además de mantener la presión de la Administración Biden para terminar con la persecución de los inmigrantes.

IMPACTO A 

MIGRANTES 

La Corte Suprema tiene sobre la mesa cuatro casos que tendrán un gran impacto en miles de inmigrantes en los Estados Unidos, ya sea en forma positiva o negativa, dependiendo la decisión de los jueces.

Las próximas semanas serán esenciales para algunos de esos casos, luego de que los miembros del Máximo Tribunal han escuchado argumentos a favor y en contra, según un reporte de Univisión. 

Este caso está enlistado como Biden v. Texas, pero se trata sobre los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), conocido como Permanecer en México, impuesto por el expresidente Donald Trump.

El gobierno del presidente Joe Biden suspendió la aplicación del programa, que requiere un acuerdo con México, pero los gobiernos republicanos de Texas y Missouri interpusieron una demanda que lograron ganar, al grado que ahora la Corte Suprema debe tomar una decisión final.

La Administración Biden busca que los jueces le permitan terminar con el programa, sobre todo porque no podría tener efecto sin un aval del Gobierno mexicano, debido a que se envían a ese país inmigrantes que solicitan asilo, para que esperen una cita en una corte en EU.

Los republicanos alegan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) terminó con el programa en forma irregular.

DERECHO A 

DEMANDAR 

Este caso resulta complejo, pero abordará si una persona tiene derecho a demandar a un agente federal por violaciones a la Primera y Cuarta enmiendas constitucionales, al momento de hacer una pesquisa.

El tema fue llevado a la Corte Suprema, luego de que Erik Egbert, un agente de la Patrulla Fronteriza, empujara a Robert Boule, dueño de la posada Smugglers Inn –en la frontera entre EU y Canadá–, luego de que Boule pidiera al oficial retirarse, tras haber pedido a una persona de Turquía que saliera de un auto en el que era transportado. El dueño del lugar se quejó con los jefes del agente, pero tomó acciones para investigar a Boule, es decir, hacer una pesquisa que podría violar la Cuarta Enmienda, al presuntamente no haber motivo.

Los jueces deben decidir si es posible presentar reclamos contra funcionarios migratorios por presuntamente violar las enmiendas mencionadas.

El caso Garland v. González es uno de los más importantes para inmigrantes, ya que los jueces determinarán si un extranjero bajo detención de ICE durante más de seis meses tiene derecho a una audiencia para fianza, para continuar sus procesos en tribunales en libertad.

Hay otro caso similar que incluso aborda la situación de un inmigrante que ingresó en forma indocumentada, pero ha pedido audiencia de fianza.

ACUSA 

TEXAS 

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, solicitó a un juez federal que detenga la aplicación de la nueva regla para conceder asilo establecida por el gobierno del presidente Joe Biden, que entrará en vigor el 31 de mayo.

El pedido hace parte de la querella judicial presentada por Paxton el pasado 28 de abril, que pretende detener la nueva estrategia que permitiría a los oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) tomar determinaciones sobre las solicitudes de asilo de algunos migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Esa política incluye las directrices para dejar en suspenso la deportación de esas personas mientras esperan la resolución de sus casos.

El fiscal alega que la nueva regla “exacerba las lagunas en el proceso de remoción de extranjeros ilegales”.

“La ley federal exige que las solicitudes genuinas de asilo y libertad condicional sean manejadas y examinadas cuidadosamente por un juez de inmigración, no por un burócrata que apruebe solicitudes evidentemente falsas”, subrayó Paxton en un comunicado.

A principios de este año, la Administración Biden finalizó su plan para revisar el proceso para los migrantes que buscan asilo en las fronteras del país.

El plan tiene el propósito de reducir de cinco años a seis meses el tiempo de espera promedio para que los solicitantes de asilo reciban una decisión en sus casos.

Según la demanda iniciada por Paxton, esa política viola la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Inmigración y una cláusula en el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos.

En la moción presentada el lunes anterior ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Texas, Paxton pide bloquear la puesta en práctica de esta medida, como parte de los constantes retos de los conservadores a los cambios hechos por la Casa Blanca en temas de inmigración.

La semana pasada un grupo de estados republicanos logró que un juez federal de Luisiana ordenara mantener el Título 42, que permite expulsar por razones sanitarias a los inmigrantes que crucen la frontera de forma indocumentada.