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Ante su agonía política, Trump presumió el muro -En su última gira como mandatario

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En su última gira como mandatario  

Nota Novedades News  

 

Dallas, Tx.- En sus últimos días como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump presumió que el llamado muro de la “vergüenza” ha ayudado a detener la inmigración ilegal, la delincuencia y hasta el coronavirus.

Aunque dijo que no fue construido con ese objetivo, el ahora muy criticado magnate afirmó que el muro fronterizo ha ayudado a detener el coronavirus.

En su visita a la ciudad de Alamo, Texas, el mandatario republicano se refirió a que México está siendo “duramente golpeado” por COVID-19, aunque Estados Unidos sigue siendo –por mucho– el país con más casos en todo el mundo con 23 millones de contagios, contra 1.5 millones del vecino del sur.

Destacó que su principal proyecto migratorio ha ayudado a detener la inmigración de indocumentados, así como el crimen organizado, por lo que defendió su permanencia.

“No podemos dejar que la próxima administración ni siquiera piense en derribar (el muro), si puedes creer eso”, dijo. “No creo que eso suceda. Creo que cuando veas lo que logra y lo importante que es para nuestro país, nadie lo va a tocar”.

Cabe recordar que el presidente Joe Biden no ha hablado de derribar el muro ya construido, que ha costado más $11,000 millones de dólares en poco más de 400 millas, según datos de NPR.

El mandatario firmó una placa del muro, algo que ya había hecho en otro tramo en California.

DEMAGOGO Y  

SUPREMACISTA  

A pesar de sus comentarios sobre México, el presidente agradeció al mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Es un gran caballero y amigo mío”, afirmó el republicano… ama a su país y ama a Estados Unidos”, afirmó.

Organizaciones en defensa de inmigrantes y derechos civiles criticaron la visita del mandatario a la frontera.

“La visita de Trump a la frontera sur es un oscuro final para un demagogo desesperado cuya campaña comenzó con viles ataques contra familias mexicanas e inmigrantes apenas unos minutos después del lanzamiento de su campaña hace cinco años”, dijo la vicepresidenta de defensa de FWD.us, Alida García. “Su presidencia comenzó con una peligrosa retórica supremacista blanca y rápidamente giró hacia políticas en la primera semana que destruyeron las vidas de innumerables familias”.

García criticó la política migratoria del mandatario, que incluyó complicaciones a programas de protección como TPS y DACA, persecución de indocumentados y la separación de niños de sus padres.

ALERTA  

USCIS  

La oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) modificó el documento que soporta la vigencia de la tarjeta por 12 meses adicionales.

Lo anterior se hizo al reemplazar el “sello adhesivo” que expide a los residentes permanentes legales (LPR) para extender la validez de su documento.

“Cuando se presente junto con la tarjeta de residente permanente, la notificación revisada del Formulario I-797 extenderá la validez de la tarjeta de residente permanente por 12 meses a partir de la fecha que está en la parte frontal”, indica la agencia.

Este documento es solamente en forma temporal, hasta que USCIS emita la nueva identificación.

“Este cambio garantiza que los LPR que tengan una tarjeta de residente permanente que haya caducado recientemente tengan documentación de identidad, autorización de empleo y autorización para regresar a Estados Unidos después de un viaje temporal al extranjero”, indicó en un comunicado.

Los residentes que no tienen todavía cita para la toma de sus datos biométricos ya no tendrán que visitar un centro de asistencia para obtener evidencia temporal del estatus de estancia en EU.

Aquellos inmigrantes que ya tienen una cita programada recibirán un sello adhesivo de extensión de validez, indicó la agencia.

Las personas que envíen el Formulario I-90 para reemplazar su “green card” recibirán la notificación de revisión con el nuevo sello en un plazo de 7 a 10 días, acotó la autoridad.

REFORMA  

MIGRATORIA  

El presidente electo Joe Biden tiene como prioridad la reforma migratoria y adelantó que enviará su proyecto al Congreso apenas comience su administración.

Aunque el demócrata tiene otras prioridades que trabajará en paralelo, como la atención a la recuperación económica ante la pandemia de coronavirus.

“Presentaré un proyecto de ley de inmigración de inmediato y lo enviaré a los comités (del Congreso) apropiados para iniciar el proceso”, dijo en Wilmington, Delaware.

Agregó que su plan es revertir las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Expertos, como el doctor Néstor Castillo, considera que modificar los lineamientos migratorios impuestos por el republicano es posible a través de órdenes ejecutivas.

“Una de las (acciones) más fáciles es (que) toda acción ejecutiva que el presidente Trump ha tomado puede ser revertida por otra acción ejecutiva del presidente Biden, se puede llevar a cabo inmediatamente”, indicó.

En el mismo tenor, Tom Jawetz, vicepresidente de Política de Inmigración del Centro para Progreso Americano (CAP), dijo que esas acciones desde el Ejecutivo pueden ayudar a remoldear el sistema migratorio, incluida “una moratoria de 100 días a las deportaciones”.

“Después de los últimos cuatro años, es enorme la tarea de reparar el daño hecho a nuestro sistema de inmigración y a las comunidades de inmigrantes. Pero debido a que hay mucho en juego, el trabajo debe comenzar de inmediato y ser sostenido durante la administración entrante”, aseveró Jawetz.

Para Biden podría ser más fácil avanzar con sus planes desde el Congreso, luego de que los demócratas lograran la mayoría en el Senado y, con ello, el control de esa rama de gobierno.

FALLO  

JUDICIAL  

La reciente decisión de un juez de inmigración de Miami podría abrir la puerta hacia la residencia legal a miles de indocumentados que obtuvieron una “libertad bajo palabra” tras entrar al país de forma irregular, así como a los cubanos que vieron cancelada la política de “pies mojados/pies secos”.

Según abogados de inmigración consultados por Efe, el escrito del pasado 4 de enero del magistrado Timothy Cole ofrece una vía para la regularización de miles de indocumentados que, tras ser aprehendidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), salieron de un centro de detención con una “salida bajo palabra”, que es un documento provisional.

Lo anterior aplica por ende para todos aquellos que afrontan la amenaza de un proceso de deportación pero fueron liberados y lograron entrar a Estados Unidos sin tener que pagar una fianza, como explicó a Efe la abogada de inmigración Claudia Cañizares.

Aunque el alcance nacional de la decisión del juez está sujeta aún a lo que diga la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por su sigla en inglés), Cañizares sugiere que los que puedan estar sujetos a la aplicación de esta decisión inicien desde ya su aplicación a la residencia permanente, o “green card”.

CASOS  

CUBANOS  

La decisión del magistrado es en respuesta al pedido de un grupo de inmigrantes cubanos, casados con ciudadanos y ciudadanas estadunidenses, que pedían la residencia permanente pero que tenían el problema de una entrada ilegal al país.

A partir de 2017, el gobierno de EU dejó sin efecto la política de “pies mojados/pies secos”, mediante la cual los cubanos que tocaban territorio estadunidense, al año y un día de permanecer en el país eran favorecidos con la Ley de Ajuste Cubano y podían quedarse, incluso obtener residencia permanente.

A su llegada a Estados Unidos, los cubanos eran puestos en libertad desde un puerto de entrada migratorio por medio del formulario I-94, conocido como “parole card”, todo lo cual dejó de tener vigor a partir de enero de 2017.

Cole señala ahora que aunque estos inmigrantes no recibieran una tarjeta física de libertad condicional, prevalece el trasfondo de la misma, que les abre la puerta a la residencia permanente aún a pesar de la entrada ilegal.

MIGRANTES  

BENEFICIADOS  

El abogado de inmigración Mario Cano dijo a Efe que aunque el fallo de juez se refiere a los cubanos que hicieron la petición, es aplicable a otros inmigrantes que hayan recibido el “parole” o “ingreso bajo palabra”.

“Es válido para personas de otras nacionalidades en igual situación, aunque lo del año y el día no valdría en caso de quien no sea de Cuba”, precisó Cano.

El abogado calificó al magistrado como un juez muy respetado, de mucha experiencia y una mente abierta, que considera todos los puntos de cada caso, “tanto legales como humanos”.

Cañizares estima que la BIA, compuesta por jueces “muy estrictos”, podría emitir una decisión final sobre esta cuestión en un periodo de entre seis meses y un año.

Lo que puede cambiar bajo la Administración de Biden

Sobre las posibilidades de que prospere el fallo, Cano destaca que la administración de Joe Biden empezará sus funciones con un fiscal general, Merrick Garland, que es un juez de mucha experiencia y llegado el caso puede evitar que sea la Junta de Apelaciones de Inmigración la que decida.

BIDEN, LA  

ESPERANZA  

Cano señaló que dado que quien apela es el gobierno a través de la Fiscalía, el fiscal general puede intervenir y hacer innecesario que se pronuncie la junta, que tiene jurisdicción nacional.

“Los abogados de inmigración estamos a la espera de los cambios que puede introducir el nuevo gobierno”, señaló Cano, tras destacar la elección del cubano Alejandro Mayorkas para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la Administración entrante.

El abogado resaltó que en los últimos cuatro años, durante el mandato del republicano Donald Trump, se trató de frenar la inmigración legal con una serie de requisitos “más duros y francamente sin sentido”, que dificultaron la labor de sus colegas.

De la misma opinión es el abogado de inmigración Héctor Benítez Cañas, quien estima que Biden puede fijar el límite anual de admisiones de refugiados a 125,000, e incluso aumentarlo por temporadas, lo que es una gran diferencia con la cuota máxima de 15,000 por año fijada por la actual administración.

El experto vaticina además el restablecimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), así como su extensión a Venezuela por medio de una orden ejecutiva.

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