A pesar de que Biden quitará los castigos 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- Aunque la nueva regla de “carga pública” que propone el Gobierno del presidente Joe Biden es más relajada que el intento de 2019 de la Administración de Donald Trump, mantiene el principio marcado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que busca asegurar que los inmigrantes puedan valerse por sí mismos.

A pesar de que el nuevo reglamento propuesto no castiga la pobreza de las personas, sí mantendrá un marcaje en quienes abusen del sistema de ayudas sociales, es decir, que soliciten apoyos constantes y pidan beneficios económicos.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está todavía por publicarse en el Registro Federal para los 60 días de comentarios públicos, adelantó el Gobierno.

El secretario Alejandro Mayorkas destaca que la regla busca no “penalizar” a las personas porque hayan solicitado “beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellas”.

Sin embargo excluye beneficios económicos sociales que podrían afectar las solicitudes de ‘green card’, al considerarse como elementos de “inadmisibilidad”.

Las ayudas económicas que darían puntaje negativo a los inmigrantes son:

•  Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). 

   

• Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). 

   

• Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos. 

   

   

• La institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno (como con seguro médico). 

  “El DHS propone definir ‘probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento’ como ‘probabilidad de depender principalmente del gobierno para su subsistencia’”, indicó ese Departamento.

  Es decir, la Administración Biden marca beneficios económicos durante largos periodos, incluidos seguro médico, pero también mantendrá la evaluación integral de los casos, donde se tomarán en cuenta otros elementos que podrían afectar las solicitudes de Residencia Permanente.

  Por ejemplo, los oficiales migratorios evaluarán “en su conjunto” la aplicación de un no ciudadano por la ‘green card’, considerando ayudas sociales, además de su edad, estado de salud, su estado familiar y los recursos financieros con los que cuenta, así como su educación y sus habilidades en general, indica el documento adelantado por el DHS.

  Es importante remarcar que esta regla todavía no está vigente, pues debe pasar un proceso administrativo de varios meses.

  De hecho, una decisión de la Corte Suprema sobre la propuesta de la Administración Trump no tuvo efecto en Illinois, el único estado que aplica el reglamento anterior, de 1999, por lo que inmigrantes que viven en esa entidad no son “castigados” por recibir cualquier tipo de ayuda social, como cupones de alimentos o apoyo para vivienda.

  “La regla de carga pública de 2019 disuadió a familias de buscar asistencia para alimentos y vivienda, y atención médica a las que otras familias pueden acceder sin temor”, dijo Militza Pagán, abogada del Shriver Center on Poverty Law. “Múltiples tribunales han dejado en claro que la regla cruel de la administración anterior era injusta e ilegal. La regla sugerida por el presidente Biden es un paso en la dirección correcta para poner fin al miedo y la confusión causados por la regla de carga pública de 2019”.

  PRESION DE 

  LOS HIJOS 

  Hijos de inmigrantes y activistas hicieron un llamado al presidente Joe Biden y al Congreso, para que cumplan su promesa de campaña y aprueben un camino a la ciudadanía a millones de indocumentados.

  Durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Los Ángeles, hijos de inmigrantes leyeron cartas que enviarán al mandatario para pedirle una Reforma Migratoria.

  “En este Día de los Presidentes, nosotros, como niños nacidos en Estados Unidos, hacemos un llamado al presidente Joseph Biden y a todos los miembros del Congreso para que trabajen juntos para cumplir la promesa de campaña del presidente de lograr una Reforma Migratoria con un camino hacia la ciudadanía”, declaró la estudiante de secundaria Jersey Vargas.

  El nombre de Vargas, nacida en California, se hizo conocido en todo el mundo cuando en 2014 encabezó una delegación al Vaticano para pedirle al papa Francisco que apoyara el respeto a los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos y en todo el mundo.

  “Durante más de treinta y cinco años hemos estado trabajando con administraciones demócratas y republicanas para lograr una Reforma Migratoria”, afirmó Raúl Murillo, director ejecutivo de los Centros Comunitarios Hermandad.

  “Es hora de reconocer que no podemos seguir predicando al mundo sobre derechos humanos cuando aquí mismo en Estados Unidos tenemos millones de niños ciudadanos estadunidenses cuyos padres son indocumentados que han arriesgado sus vidas para mantener a Estados Unidos en marcha durante la pandemia y que pagan impuestos pero no pueden disfrutar plenamente de los frutos de su trabajo. El momento de la Reforma Migratoria es ahora”, añadió.

  PROMESA 

  INCUMPLIDA 

  Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de One Stop Immigration Centers, declaró: “Cuando el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata pidieron nuestro voto en las elecciones presidenciales de 2020, prometieron hacer justicia para los inmigrantes indocumentados”.

  “Esta es una de las mejores oportunidades que probablemente tendremos en mucho tiempo para sacar a los inmigrantes de las sombras y llevarlos a la luz de la democracia estadunidense a través de la Reforma Migratoria”, abundó.

  En la conferencia de prensa participaron integrantes de los grupos Quiero Mi Tarjeta Verde, Derechos de Inmigración para Trabajadores Esenciales y la Coalición por Plenos Derechos para Inmigrantes, entre otros.

  Simultáneamente, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) encabezó manifestaciones en Los Ángeles, Fresno y San Bernardino para exigir la legalización de los indocumentados.

  “En vísperas del reporte anual (el informe del Estado de la Unión del presidente al Congreso) el próximo martes 1 de marzo, les estamos recordando al presidente Biden y al Congreso que esperamos y exigimos que se dé prioridad a la legalización para nuestra comunidad indocumentada”, dijo a Efe Mario Cabrera, vocero de CHIRLA.

  “Un reporte anual (el informe de gobierno) sería incompleto e injusto si no incluye pasos específicos y propósito político para una legalización y protección para los inmigrantes que demostraron ser esenciales para este país”, puntualizó

  EJEMPLO 

  A SEGUIR 

  Cerca de 2 millones de inmigrantes elegibles de California podrán obtener la ciudadanía con el apoyo de organizaciones que se unirán para cubrir los servicios de naturalización.

  La Asociación Nacional para Nuevos Estadunidenses (NPNA, por sus siglas en inglés), unirá esfuerzos con líderes y organizaciones de Los Ángeles para lanzar la campaña “¡Naturalizar a 2 millones para 2022!” con exenciones del pago de la tarifa de ciudadanía para californianos que sean elegibles.

  La campaña, que fue anunciada ayer martes, es parte de una labor nacional para alentar a 2 millones de residentes para que puedan obtener la ciudadanía antes de que finalice 2022.

  NPNA colabora con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y otras organizaciones a nivel nacional, para educar y empoderar a los residentes permanentes legales elegibles para que se conviertan en ciudadanos.

  La campaña contempla ayudar a inmigrantes elegibles en el proceso de naturalización y proporcionar materiales y recursos educativos para concluir el trámite de ciudadanía con éxito.

  CIUDADANIA 

  GRATIS 

  Durante el lanzamiento, los organizadores anunciaron que las tarifas por los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos para californianos elegibles que soliciten la naturalización serán cubiertas por varios proveedores de servicios de inmigración en el estado como parte de una iniciativa estatal de $25 millones de dólares.

  “Más de 9 millones de personas en todo el país son elegibles residentes permanentes, y más de 2 millones de ellos viven en California”, dijeron los organizadores.