En esto días la parlamentaria MacDonough 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- Esta semana se espera que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, tome una decisión sobre el llamado plan C para proteger a los inmigrantes indocumentados, a quienes se otorgaría un perdón de deportación por máximo 10 años.

Sin embargo, es posible que la experta que debe revisar que los proyectos a ser aprobados bajo el proceso de Reconciliación sigan las llamadas “reglas Byrd”, por lo que MacDonough podría hacer modificaciones al proyecto propuesto por demócratas para inmigrantes, según la reportera Ellen Gilmer, de Bloomberg Government. 

Dijo que los planes migratorios bajo la agenda Build Back Better (BBB – Reconstruir Mejor) sufrirían cambios, sobre todo tras el reporte del impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

“Las disposiciones de inmigración en BBB requerirán cambios sin importar qué, debido a problemas de costos en la proyección del CBO”, afirmó. “Los defensores han reconocido que es posible que la parlamentaria se mueva para eliminar algunas disposiciones del Plan C incluso si aprueba el núcleo del mismo”.

No hay claridad sobre cuáles serían esas modificaciones, pero es posible –según los propios activistas– que el mayor riesgo sea en provisiones sobre ayudas sociales para inmigrantes indocumentados, lo cual tendría un impacto en las finanzas públicas, a pesar de que son mínimos los apoyos considerados.

LAS 

PROPUESTAS 

La propuesta contempla Autorización de Empleo por cinco años con opción a renovarla y como máximo al 2031, también se pretenden permisos de viajar al extranjero y la posibilidad de que los indocumentados apliquen por una licencia de conducir tipo REAL ID.

La CBO estimó que serían 6.5 millones de personas las beneficiadas con el proyecto de ley, pero defensores que ayudaron a crear el plan señalaron a este diario que el estimado es de 7.1 millones, aunque reconocieron que no siempre todos los inmigrantes elegibles deciden aplicar por un beneficio, como ocurrió con DACA.

Activistas han advertido que a pesar de los beneficios contemplados en el plan, es posible que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) redacte un reglamento que complique el permiso de viajes al extranjero, además de que las licencias de conducir dependerán de las leyes estatales.

MASIVOS 

ARRESTOS 

Agentes de la Patrulla Fronteriza de la Estación de Fort Brown, en Texas, interceptaron a varios grupos con un total de 301 migrantes en un lapso de dos días, informó este ayer martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La agencia indicó en un comunicado que el 4 de diciembre los agentes observaron a varios extranjeros cruzando el fronterizo Río Grande (Río Bravo en México) cerca de Brownsville, Texas.

Mientras los agentes examinaban al grupo de 76 migrantes, otros tres grupos aparecieron procedentes del Río Grande. Los cuatro grupos totalizaban 161 personas (94 adultos solos, 66 miembros de familias y un menor no acompañado).

Más de la mitad de los migrantes eran originarios de Venezuela y Colombia.

Al día siguiente, agentes de la Estación Fort Brown descubrieron otro grupo de 140 migrantes (76 adultos solos y 64 miembros de familias), todos de Venezuela a excepción de tres individuos que eran de Argentina y Panamá.

La Patrulla Fronteriza está procesando a todos los migrantes conforme a las reglas aplicables, aseveró la CBP.

TRAFICANTES 

INHUMANOS 

La agencia refirió que agentes del Sector del Valle del Río Grande (RGV) han interceptado este año 10 grupos de 100 o más personas ingresando de forma irregular a Estados Unidos.

“Aun con la difusión del virus de la covid-19, los traficantes de humanos siguen acometiendo estos atrevidos intentos sin consideración alguna por las vidas a las que ponen en peligro ni por la salud de los ciudadanos de nuestra gran nación. Los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande seguirán salvaguardando a la nación y la comunidad frente a estos elementos criminales”, puntualizó.

CAOS EN 

LA FRONTERA 

En medio de las críticas de grupos defensores de inmigrantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reinició la aplicación del programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) o Permanecer en México, pero los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) parecen tener poca información, lo que generó desorden y desconcierto.

“El lunes por la mañana el programa no había reiniciado. Todavía no tenemos ninguna información”, dijo un oficial a las familias de migrantes que comenzaban a reunirse en el paso peatonal de San Ysidro.

En ese punto que separa las ciudades de Tijuana, México, y San Diego, California, inició en 2019 el polémico programa impuesto por el expresidente Donald Trump, que presionó a México para aceptar a inmigrantes que solicitaban asilo, mientras esperaban una cita en tribunales. El programa originalmente causó problemas a casi 70,000 extranjeros, quienes, literalmente, se quedaron en el limbo legal.

Este cruce fronterizo, el de mayor tránsito del mundo, es uno de los siete designados por el Gobierno federal la pasada semana para retomar desde el lunes pasado el programa, donde los oficiales impedían el paso desde el amanecer a desconcertados migrantes del cercano campamento La Esperanza en Tijuana que se acercaban a pedir informes para inscribirse en este MPP.

“Les dijeron (a los migrantes) que la información que tenían es que no tenían información”, dijo el mexicano con visa Alejandro García, una vez que cruzó a California, según un reporte de la agencia Efe. 

RECHAZO 

AL PLAN 

La Casa Blanca, a través de la portavoz Jen Psaki, indicó que reinicia el programa bajo protesta, siguiendo una orden judicial.

“Primero les diría a todas estas personas que no es de nuestra preferencia reimplementar y reinstaurar el programa de Protección al Migrante… Lo estamos haciendo debido a una orden judicial y un requisito legal para hacerlo“, indicó.

Afirmó que se hicieron cambios “sustanciales”, a fin de mejorar la atención a inmigrantes que piden asilo, pero el reporte de este lunes es que no había dicha atención, además de que organizaciones civiles rechazan ser parte del plan.

“Todavía sentimos que el programa es ineficiente, inhumano… no lo volvimos a implementar con entusiasmo, debería decir”, agregó Psaki. “Pero en lo que respecta a las personas escépticas, estamos absolutamente comprometidos a hacer todo lo que podamos, como nos exige una orden judicial, para implementar esto, para tomar medidas para garantizar que existan… consideraciones humanitarias adicionales y brindando la asistencia que les hemos prometido a las personas que están participando en el programa”.

DERECHO 

DE ASILO 

Grupos de activistas se sumaron al Gobierno del presidente Joe Biden para intentar ayudar a las familias que fueron puestas durante la Administración Trump bajo este programa, pero ahora rechazan ser parte del reinicio.

“Nosotros no vamos a apoyar porque no vamos a legitimar un programa que es ilegal”, dijo la directora de la organización de asistencia legal a migrantes Al Otro Lado, Nicole Ramos. “Vamos a exigir el restablecimiento del derecho al asilo”.

Ramos cuestionó los argumentos en los que desde su origen se basa este polémico programa que, según reportes de grupos de derechos civiles, ha puesto en peligro la vida de los solicitantes de asilo en México.

Al Otro Lado ganó el mes pasado en San Diego una demanda que obliga a CBP a recibir a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada de la frontera.

Sin embargo, de acuerdo con Ramos, esa resolución de un tribunal federal sigue sin cumplirse “con el argumento de que CBP no tiene capacidad” para cumplirla, el mismo motivo, en su opinión, “sin sentido” en que se basa MPP.

“Cómo es que la agencia más grande del Gobierno de Estados Unidos (CBP), con más de 60,000 oficiales, diga que no tiene capacidad para atender solicitudes de asilo y tenga que hacer esperar en claro peligro en México a miles de familias migrantes”, acusó la abogada.

“Cómo es que el país más poderoso en el mundo, que gasta miles de millones de dólares en ir a una guerra por petróleo, no pueda destinar recursos para proteger a familias pobres que buscan su refugio al huir de la violencia”, cuestionó.

Ramos dijo que otras organizaciones similares en la frontera del estado de Texas confirmaron que no apoyarán en el reinicio de MPP.

CRECE 

OPOSICION 

En San Diego, mientras tanto, por lo menos 60 organizaciones en la coalición Grupo de Trabajo de Bienvenida a California también expresaron conjuntamente su rechazo al reinicio de ese programa.

La coalición pidió a la Administración Biden “terminar MPP y negarse, bajo todas las circunstancias, a implementar nuevamente ese programa”.

“Exigimos terminar inmediatamente todas las políticas que obstruyan el acceso al asilo en la frontera”, dijo el vocero de la coalición, Alex Mensing, sobre este programa que fue restaurado por orden judicial después de que la Casa Blanca lo cerrase a principios de año y tras una denuncia de los estados de Texas y Misuri.

La negativa a colaborar de las organizaciones podría afectar los planes del Gobierno mientras busca la forma de suspender el programa de manera definitiva, dado que en estos grupos recae en buena medida el del peso del día a día del programa en el lado mexicano de la frontera.

El DHS ha dicho que los procedimientos “generalmente” concluirán dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de una persona a México, un plazo que también ha sido cuestionado por los defensores de los migrantes.

“DESASTRE 

HUMANITARIO” 

En opinión de la directora de protección de refugiados de Human Rights First, Eleanor Hacer, MPP fue un “desastre humanitario cuando se implementó por primera vez, y está condenada a volver a serlo”.

Esa organización documentó por lo menos 1,500 casos de secuestros, violaciones sexuales, asaltos y homicidios de migrantes que esperaban en la frontera mexicana procesos de solicitudes de asilo bajo MPP cuando se implementó la primera vez en el 2019.