Los 19 estaban citados para el miércoles para la lectura formal de cargos en su contra y para que sostuvieran si se declaran culpables o no culpables, pero renunciaron voluntariamente a su derecho a estar presentes en ese trámite. El expresidente republicano y sus aliados están imputados por intentar revertir los resultados de las presidenciales de 2020 en Georgia, donde el demócrata Joe Biden se impuso por un estrecho margen de dos décimas (49.5 por ciento), el más ajustado de todo el país. La fiscal encargada del caso, la demócrata Fani Willis, ha propuesto a la corte que el juicio arranque el 23 de octubre. El juez ha mantenido esa fecha solo para uno de los acusados, el letrado Kenneth Chesebro, que había solicitado un proceso rápido, pero aún no se conoce la fecha del resto.

La investigación se inició a consecuencia de la llamada en la que el 2 de enero de 2021 Trump pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que “encontrara” 11.780 votos, uno más de los que había conseguido Biden allí.

La fiscal utilizó en su contra la ley RICO, conocida por emplearse contra los integrantes de la mafia y empleada para garantizar que los líderes de una asociación criminal, y no solo sus subordinados, rindan cuentas ante la justicia. Entre los acusados también están el exabogado de Trump y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani y algunos de sus abogados durante la campaña que pretendían engañar al presidente del Senado estadounidense, entre otros, en la certificación de los votos para decantarse por Trump, a pesar de que había perdido los comicios en ese estado. Georgia se alzó como un estado clave en las presidenciales de 2020 porque el margen entre Biden y Trump fue tan estrecho que se hizo un recuento manual completo para despejar las dudas sobre un posible fraude, un procedimiento cuyo resultado siguió sin convencer al entonces presidente saliente.

Algunos acusados han sostenido ya que se limitaron a cumplir órdenes. Meadows, a quien se le reprocha principalmente organizar la llamada entre Trump y Raffensperger, afirmó la semana pasada que gran parte de su trabajo como jefe de gabinete era organizar llamadas y gestionar la agenda del entonces mandatario.

Trump está inculpado en cuatro casos penales, dos por injerencia electoral en Washington y Georgia, otro en Florida por llevarse de la Casa Blanca papeles clasificados al abandonar el poder y el cuarto en Nueva York por pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar durante la campaña de 2016 un “affaire” que tuvieron en el pasado. Esas imputaciones no han socavado su popularidad: según una encuesta de la CNN publicada y efectuada a finales de agosto, el expresidente ha ampliado su ventaja frente al resto de aspirantes a la nominación republicana para las presidenciales de 2024 y supera en más de 30 puntos al segundo mejor posicionado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Un 52 por ciento de votantes republicanos apuntan que respaldarían a Trump, frente al 18 por ciento que apoyaría a DeSantis.

En el último sondeo efectuado por esa cadena, entre los pasados 13 y 17 de junio, ambos recabaron porcentajes respectivos del 47 por ciento y del 26 por ciento. El caso se ha vuelto emblemático de las tensiones políticas y legales que siguieron a las elecciones presidenciales de 2020, que Trump perdió ante Biden. Las afirmaciones infundadas de fraude electoral por parte de Trump y sus seguidores llevaron a una serie de desafíos legales y a la violencia en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

La renuncia a comparecer en la lectura formal de los cargos por parte de Trump y los otros imputados puede interpretarse como una estrategia legal común en casos de alto perfil. Al no declararse culpables, mantienen la presunción de inocencia y dejan que el proceso legal siga su curso.

El caso ha generado un debate sobre la responsabilidad legal de un expresidente por sus acciones durante su mandato. Trump ha argumentado que tenía derecho a cuestionar el resultado de las elecciones y que sus llamadas a los funcionarios de Georgia no fueron inapropiadas ni ilegales.