Donald Trump y varios de sus aliados fueron acusados formalmente el lunes en Georgia de intentar anular de manera ilegal su derrota en las elecciones de 2020 en ese estado. Es el cuarto caso penal que se abre contra el expresidente y el segundo en el que se alega que intentó subvertir los resultados de la votación.

La acusación del jurado investigador del condado Fulton contra Trump se da tras una investigación de dos años iniciada por una llamada telefónica realizada en enero de 2021 en la que el entonces presidente insinuó que la secretaria de Estado de Georgia podría ayudarle a “encontrar 11.780 votos” necesarios para revertir su ajustada derrota ante Joe Biden.

Otros indiciados son el ex jefe de despacho de la Casa Blanca Mark Meadows; el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani; y Jeffrey Clark, un funcionario del Departamento de Justicia del gobierno de Trump que impulsó su plan para revertir su derrota electoral en Georgia.

Trump fue encausado por un jurado investigador federal a principios de agosto por conspirar para socavar las votaciones de 2020 e impedir una transferencia pacífica del poder mediante una serie de mentiras y acciones ilegales emprendidas tras los comicios generales, las cuales derivaron en los disturbios violentos que sus simpatizantes llevaron a cabo en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021. Se declaró inocente en ese caso. El lunes pasado, un acontecimiento significativo sacudió el panorama político en Georgia, ya que Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos varios de sus aliados enfrentaron acusaciones formales por sus intentos presuntamente ilegales de anular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. Esta noticia marca el cuarto caso penal que se inicia contra Trump y el segundo en el que se le acusa de intentar subvertir los resultados de una votación democrática.

Las acusaciones se centran en las acciones emprendidas por Trump y sus partidarios en Georgia después de que las elecciones presidenciales de 2020 llevaran a la victoria del demócrata Joe Biden en el estado. A pesar de que los resultados habían sido certificados y validados por las autoridades electorales, Trump y su equipo promovieron teorías infundadas de fraude electoral y llevaron a cabo una serie de esfuerzos para revertir el resultado de manera ilegal, según alegan los fiscales.

Estas acusaciones formales en Georgia añaden peso al debate en curso sobre la conducta de Trump y su influencia en el sistema democrático. El hecho de que múltiples jurisdicciones estén presentando casos penales contra el expresidente subraya la seriedad de las preocupaciones sobre sus acciones y sus posibles implicaciones legales. A medida que estos casos avanzan en los tribunales, se espera que se discutan en detalle los testimonios, las pruebas y las argumentaciones legales presentadas tanto por la defensa como por la fiscalía.

El proceso legal podría arrojar luz sobre la responsabilidad individual de Trump y sus aliados en el intento de socavar la integridad del proceso electoral. Las acusaciones también han generado un debate más amplio sobre los límites del poder presidencial y la necesidad de salvaguardar las instituciones democráticas contra posibles abusos. A medida que el sistema judicial aborda estos casos, se espera que se pronuncie sobre cuestiones clave relacionadas con la ética, la legalidad y la transparencia en la política.

La atención mediática y pública en torno a estos casos no solo destaca el alcance de la polarización política en los Estados Unidos, sino que también plantea preguntas sobre el legado duradero de la presidencia de Trump y su impacto en la cultura política del país. A medida que los tribunales consideren las pruebas presentadas y evalúen las argumentaciones legales, podrían establecerse precedentes importantes en relación con el comportamiento de los líderes políticos y su rendición de cuentas.

Independientemente de los resultados de los casos penales, es innegable que estos eventos seguirán siendo un tema de debate y análisis en el ámbito político y legal durante mucho tiempo. La capacidad de una democracia para investigar y procesar a sus líderes pasados es un indicador clave de su salud institucional, y los resultados de estos casos podrían tener implicaciones de largo alcance para el sistema político de los Estados Unidos y su sistema de justicia.

A medida que se suman las imputaciones, Trump —el favorito para conseguir la nominación republicana a la presidencia— suele referirse al hecho de que es el único presidente de Estados Unidos que ha enfrentado cargos penales. Sigue haciendo campaña y recaudando fondos en torno a dichos temas, presentándose a sí mismo como una víctima de fiscales demócratas que están tras de él.

La telaraña legal en la que está enredado el expresidente Donald Trump (2017-2021) se ha vuelto más intrincada que nunca: encara un total de 91 cargos distribuidos en 4 casos penales distintos y, simultáneamente, debe mantener su campaña para conseguir la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

Nunca antes Estados Unidos se había enfrentado a una situación similar y todavía hay innumerables incógnitas sobre las posibles consecuencias para Trump.

De los 91 cargos, 13 fueron anunciados en la noche del lunes después de que un gran jurado de Georgia le acusara de intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata y actual presidente Joe Biden ganó por un estrecho margen.

Una ley de la mafia contra Trump
En el caso de Georgia, la fiscal Fani Willis ha usado contra Trump una ley especial contra el crimen organizado, llamada RICO por sus siglas en inglés, y que ha sido usada en el pasado para condenar a jefes mafiosos como John Gotti.

Con esa ley, Willis ha logrado entrelazar los delitos cometidos por Trump y sus aliados, amalgamándolos en una narrativa única en la que el expresidente emerge como el líder de una organización con la finalidad criminal compartida de revertir los resultados electorales en Georgia.

Ese método permite a la fiscalía que sean condenados aquellos cabecillas que orden a otros cometer crímenes por ellos.

De los 13 cargos estatales de los que Trump está acusado en Georgia, solo uno tiene que ver con esa ley de la mafia, pero podría ser uno de los más graves al estar penado con hasta 20 años de cárcel.

Los otros delitos son por conspiración para falsificar documentos o por presionar a funcionarios públicos para que anularan los resultados electorales.

Además de Trump, el gran jurado ha presentado cargos penales contra 18 de sus asesores más cercanos, como su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de Gabinete Mark Meadows, entre otros.

El asalto al Capitolio
Aparte del caso en Georgia, un gran jurado en el Distrito de Columbia ha presentado cuatro cargos federales contra Trump por supuestamente haber intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Biden, y por haber instigado el asalto al Capitolio.

Esos cuatro cargos (conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento oficial; obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra el derecho al voto) podrían acarrear una pena máxima que sumaría 55 años de cárcel.

El 3 de agosto, en medio de una gran expectación, Trump compareció en la corte del Distrito de Columbia para declararse no culpable de los cargos que se le imputan, tal y como ha hecho en las otras tres causas penales en su contra.

Cajas de documentos clasificados
Otra de esas causas tiene como escenario la ciudad de Miami (Florida), donde un gran jurado ha imputado a Trump de 40 delitos federales por el mal manejo de materiales clasificados.

En concreto, según la Fiscalía, tras dejar el poder en 2021, Trump ordenó trasladar desde la Casa Blanca a su mansión en Mar-a-Lago (Florida) decenas de cajas con recortes de periódicos, cartas, fotos y también cientos de documentos clasificados, incluida información sobre secretos nucleares y planes de ataque a otros países.

Esos documentos no fueron almacenados de manera segura, sino que acabaron en diferentes rincones de la mansión de Trump, como un dormitorio, un salón de baile y un baño, según mostraron fotos incluidas en el escrito de acusación.

Pagos a una actriz porno
Aunque los litigios han incrementado en los últimos meses, el caso que le valió a Trump el controvertido honor de convertirse en el primer expresidente del país en enfrentar cargos judiciales fue el relacionado con la actriz porno Stormy Daniels.

En marzo de este mismo año, un gran jurado en Nueva York presentó cargos contra Trump bajo la acusación de haber supuestamente pagado 130 mil dólares a través de su abogado Michael Cohen a Daniels para que mantuviera silencio sobre una supuesta relación sexual entre ambos diez años antes.

En este caso, Trump enfrenta 34 cargos estatales por falsificación de documentos mercantiles, cada uno de los cuales podría llevar consigo una pena de prisión de hasta 4 años.

La fecha para el juicio está programada para el 24 de marzo del próximo año, coincidiendo con el apogeo de las primarias del Partido Republicano y a tan solo unos meses de las elecciones del 7 de noviembre de 2024. Litigios entrelazados con la campaña para 2024
Mientras continúan las acusaciones, Trump mantiene su narrativa e insiste en que todos los litigios tienen motivaciones políticas y buscan entorpecer su retorno a la Casa Blanca.

Trump, que parte como favorito para las primarias, ha usado los litigios en su contra para recaudar fondos para su campaña electoral y presentarse como el principal defensor de sus seguidores.

La frase que repite una y otra vez en sus mítines es: “Al final, no vienen por mí. Vienen por ustedes, y yo solo estoy interponiéndome en su camino”.

Mientras tanto, sus abogados están trabajando para dilatar al máximo los procedimientos judiciales, con la esperanza de que el expresidente eluda la rendición de cuentas.