Ganan defensores de migrantes batalla legal a Inmigración 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- Algunos inmigrantes bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán solicitar la ‘green card’, luego de un acuerdo judicial de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tras una demanda de varias organizaciones civiles.

El acuerdo permite que los originarios de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela puedan desestimar procesos de deportación o expulsión del país y continuar con su solicitud de Residencia Permanente.

“Los beneficiarios del TPS, incluyendo a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, cubiertos por este nuevo acuerdo podrán reabrir y desestimar sus órdenes de remoción, deportación o exclusión, así como solicitar el ajuste estatus para convertirse en residentes permanentes dentro de los Estados Unidos, si llenan todos los requisitos necesarios”, explicó Nelson Castillo, abogado de inmigración con sede en California.

En entrevista, el experto confirmó que este acuerdo no cubre a todos los inmigrantes que tienen TPS, sino solamente a aquellos que cumplen con los requisitos para obtener una ‘green card’ a través del matrimonio, petición familiar o laboral, por ejemplo.

“No es para cualquier persona con TPS… y todos los requisitos [de residencia permanente] tienen que ser cumplidos”, indicó el experto. “El inmigrante tiene que tener un vehículo aparte, como la petición familiar”.

DEMANDA 

A USCIS 

En 2019, el entonces director de USCIS, Ken Cuccinelli, hizo modificaciones que afectó los procesos de solicitud de ‘green card’ de beneficiarios de TPS que cumplían con los requisitos, por lo que las organizaciones Democracy Forward, Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), Montagut & Sobral, PC y Debevoise & Plimpton, LLP presentaron una demanda en agosto de 2020.

Con el acuerdo, indicó CLINIC, las autoridades migratorias acordaron restaurar un camino hacia la residencia permanente para los llamados ‘tepesianos’.

“Debido a este acuerdo, los beneficiarios de TPS afectados por esta política podrán reabrir y anular sus órdenes de deportación y solicitar ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes, eliminando la amenaza de deportación si se revocan sus protecciones de TPS en el futuro”, acota la organización.

Castillo insistió en que este proceso es particular, ya que tener un TPS no es un paso directo a la ‘green card’, sino que las personas deben cumplir los requisitos para ese beneficio.

“Aplica a personas que han viajado fuera de los EU con un ‘parole’ [permiso provisional]… a personas que tienen una orden de deportación, remoción o exclusión en su contra y que al salir fuera del país regresaron aún con ese documento”, señaló Castillo. “Las personas tienen que ser elegibles para un beneficio migratorio, como por ejemplo la petición familiar de un cónyuge”.

John Lewis, abogado senior de Democracy Forward, destacó que el acuerdo reducirá la presión a la comunidad con TPS que podía aplicar por una residencia permanente, pero no le era permitido tras la política impuesta durante el gobierno de Donald Trump.

“La política de la Administración Trump buscó ilegalmente desestabilizar las vidas de decenas de miles con protecciones TPS”, expresó.

Abel Nuñez, director ejecutivo de CARECEN, indicó que trabajará con inmigrantes que puedan calificar bajo este nuevo acuerdo.

USCIS no quiso hacer comentarios sobre el acuerdo, bajo el argumento de que era un “litigio pendiente”.

VICTIMAS 

DE BIDEN 

Aunque el gobierno del presidente Joe Biden impulsó esfuerzos en la defensa de derechos humanos, las principales víctimas de inacciones fueron contra inmigrantes en los Estados Unidos que pide asilo o indocumentados que están en centros de detención.

“Las autoridades siguieron sometiendo a las personas solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular a reclusión indefinida y malos tratos, incluida falta de atención médica adecuada en los centros de detención para inmigrantes”, advierte el reciente reporte de Amnistía Internacional.

Cita, por ejemplo, que en marzo del 2021, srilankesa Ratnayake Liyanage Wishma Sandamali, de 33 años, murió en un centro de detención para inmigrantes.

“Posteriormente, en agosto, la Agencia de Servicios de Inmigración del gobierno publicó un informe de investigación en el que reconocía fallos en el sistema de atención médica”, cita el reporte. “Las autoridades continuaron invocando la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de la Condición de Refugiados para mantener recluidas hasta su deportación a personas extranjeras indocumentadas, entre ellas migrantes y solicitantes de asilo en situación irregular”.

En su informe anual, sin embargo, la organización valoró positivamente que Biden impulsara la reincoporación al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y volviera al Acuerdo de París sobre el clima, de los que se había salido Estados Unidos bajo el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

Amnistía Internacional consideró que el Gobierno de Biden no ha adoptado políticas de asilo e inmigración “respetuosas” en la frontera entre EU y México y tampoco se han materializado sus promesas para aumentar las protecciones a los derechos humanos en el ámbito doméstico.

DAÑO 

IRREPARABLE 

Entre otras cosas, la organización destacó que las autoridades migratorias siguieron limitando “drásticamente” el acceso al derecho al asilo en la frontera entre EU y México, lo que provocó un “daño irreparable” a miles de personas, incluidos menores, que huían de la violencia de sus países de origen.

El informe hace referencia a una norma conocida como Título 42, que fue proclamada bajo el Gobierno del republicano de Trump por la emergencia sanitaria de la pandemia y que ha permitido deportar automáticamente a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sin posibilidad de pedir asilo.

Esa normativa, por ejemplo, permitió a las autoridades deportar el año pasado a miles de haitianos que habían vivido durante años en Latinoamérica e intentaron entrar en Estados Unidos.

Los gubernamentales Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés), una de las máximas autoridades sanitarias del país, están ahora revisando el “Título 42” para ver si renuevan su aplicación o no, una decisión que deben tomar antes del 30 de marzo.

Más allá del derecho al asilo, Amnistía Internacional destaca la aprobación en Texas de una ley que prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas, así como el uso excesivo de la fuerza de la policía contra civiles, especialmente contra afroamericanos.

MUJERES 

INDIGENAS 

Además, las mujeres indígenas siguen siendo víctimas de manera desproporcionada de actos de violación y violencia sexual, pero el Gobierno sigue sin recolectar datos sobre esa lacra.

Amnistía Internacional también explica que se ha avanzado “poco” en el cierre de la prisión militar de la base de Guantánamo (Cuba), que Washington abrió en 2002 bajo el Gobierno de George W. Bush (2001-2009) para encerrar a sospechosos de terrorismo y donde siguen detenidas 39 personas.

Según destaca la organización, tampoco se ha hecho ninguna gestión para que comparezcan ante la justicia aquellos responsables del polémico programa de torturas que la CIA creó para interrogar a sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

“DEPORTAR 

A TODOS” 

La decisión del juez Michael Newman, quien despacha en Ohio, ha generado el cuestionamiento sobre cuáles deben ser las prioridades de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para las deportaciones.

Si la agencia migratoria sigue al pie de la letra la decisión del juez Newman –nombrado por el expresidente Donald Trump–, entonces deberá aplicar la detención y deportación de 1.2 millones de inmigrantes perfectamente ubicables y con procesos listos.

Sin embargo, según expertos, eso es “imposible”, debido a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, no tiene los recursos suficientes para aplicar a rajatabla la orden del juez Newman.

“La decisión del juez de Ohio creó un conflicto serio, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración de Dallas, Texas, a Univisión. “Sabemos que el DHS no puede cumplir el fallo, porque no tiene los recursos para hacerlo”.

Agregó que la decisión del juez es un tema político, ya que insistió en que el DHS no tiene la capacidad para “deportar a todos” lo que inmigrantes sin documentos de estancia legal en U.

Sin embargo, los defensores de inmigrantes han sugerido a los indocumentados con órdenes de deportación buscar ayuda legal, ya que la agencia migratoria podría aplicar algunos de los casos en forma discrecional, por lo que es casi imposible saber quiénes serían objetivo.

La decisión del juez Newman es contra la guía de deportaciones impulsada por el secretario Alejandro Mayorkas –y que entró en vigor el 29 de noviembre pasado–, en la cual se pide a los agentes de ICE enfocar sus esfuerzos en personas con récord criminal o que sean una amenaza a la seguridad nacional.

Entre otras cosas, el juez de Ohio le prohíbe a los agentes migratorios “autorizar la liberación, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un no ciudadano con una orden final de remoción durante el período de eliminación”.