La propuesta de Johnson es significativa no solo por su contenido, sino también por lo que omite. En su forma actual, el proyecto no incluye una polémica cláusula propuesta por el expresidente Donald Trump.  La cláusula exigía nuevos requisitos para que los votantes demostraran su nacionalidad al registrarse, una medida que ha generado controversia y resistencia, especialmente entre los demócratas. La exclusión de este punto, que podría haber complicado las negociaciones,  indica un enfoque pragmático por parte de Johnson para mantener el gobierno funcionando mientras continúa el debate sobre otras prioridades legislativas.

 La urgencia de aprobar esta extensión es evidente. El presupuesto actual del gobierno se agotará el 30 de septiembre, marcando el inicio del nuevo año fiscal el 1 de octubre. Si el Congreso no aprueba una resolución continua o un nuevo presupuesto para esa fecha, se producirá un cierre parcial del gobierno, lo que afectaría a millones de trabajadores federales y a la prestación de servicios públicos esenciales. Históricamente, los cierres gubernamentales han tenido consecuencias significativas, incluyendo el retraso de pagos a empleados federales y contratistas, así como la interrupción de programas sociales clave. Mike Johnson ha justificado la propuesta en una carta dirigida a los legisladores republicanos, destacando la importancia de evitar un cierre del gobierno. En la misiva, Johnson subrayó que su objetivo es garantizar la continuidad de los servicios federales mientras el Congreso sigue negociando un presupuesto a largo plazo. La carta fue publicada ocho días antes de la fecha límite, lo que refleja la presión que enfrenta el Congreso para actuar rápidamente y evitar las repercusiones de un cierre. Uno de los puntos más importantes en la negociación será cómo abordar el gasto discrecional del gobierno, que asciende a 1.2 billones de dólares. Los republicanos y demócratas están en desacuerdo sobre varios aspectos del presupuesto, incluidos los niveles de gasto en defensa, programas sociales y recortes fiscales. Aunque la resolución continua de Johnson es vista como una medida temporal, ambos partidos tendrán que enfrentar decisiones difíciles sobre cómo resolver estas diferencias antes de que expire la extensión propuesta. Los demócratas, liderados por el presidente Joe Biden, han expresado su disposición a apoyar una extensión temporal del presupuesto, pero han dejado claro que no aceptarán concesiones que puedan comprometer los derechos de los votantes o recortar programas esenciales. La exclusión de la cláusula sobre requisitos de ciudadanía para los votantes ha sido vista como una victoria para los demócratas, que habían advertido que cualquier intento de limitar el acceso al voto sería inaceptable. A pesar de esto, persisten las tensiones en torno a otros aspectos del presupuesto. El senador republicano Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado, ha señalado que las prioridades de gasto en defensa deben ser un punto central en cualquier acuerdo presupuestario, lo que podría generar fricciones con los demócratas que buscan proteger el financiamiento para programas sociales y de salud pública. Si bien la votación en la Cámara de Representantes está programada para este miércoles, el camino hacia la aprobación de la resolución no está garantizado. Algunos legisladores republicanos han expresado reservas sobre cualquier tipo de extensión del presupuesto, argumentando que se deben realizar recortes más profundos en el gasto federal. Por su parte, algunos demócratas temen que una extensión de tres meses solo retrase las decisiones difíciles sin abordar las necesidades urgentes de financiación. A medida que se acercan las elecciones de noviembre, las disputas presupuestarias están cada vez más entrelazadas con la política electoral. Los republicanos buscan presentarse como responsables fiscales que luchan por reducir el gasto público, mientras que los demócratas enfatizan la importancia de proteger los programas sociales que benefician a millones de estadounidenses. El resultado de las negociaciones presupuestarias tendrá un impacto directo en cómo ambos partidos se posicionan ante los votantes en las elecciones presidenciales de 2024. Además del presupuesto, el tema de la seguridad electoral sigue siendo un punto de fricción. Aunque la cláusula sobre los requisitos de ciudadanía ha sido retirada del proyecto actual, es probable que resurja en futuras negociaciones. Los demócratas han señalado que cualquier intento de restringir el acceso al voto será resistido enérgicamente, mientras que algunos republicanos, alentados por Trump, continúan argumentando que se necesitan medidas más estrictas para proteger la integridad de las elecciones.

En última instancia, la propuesta de Johnson puede evitar un cierre gubernamental a corto plazo, pero las batallas presupuestarias están lejos de terminar. Tanto republicanos como demócratas tendrán que encontrar un terreno común para resolver las discrepancias fundamentales en sus enfoques hacia el gasto público y las políticas electorales. Lo que ocurra en las próximas semanas no solo afectará el funcionamiento del gobierno, sino también el curso de las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. Ambas formaciones políticas en el Congreso están interesadas en evitar un cierre administrativo debido a la proximidad de las elecciones del 5 de noviembre, en las que se enfrentarán por la Casa Blanca Trump y la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris. Además, se elegirán a todos los miembros de la Cámara Baja y a un tercio de los senadores.

“Como la historia ha enseñado y las encuestas actuales confirman, cerrar el Gobierno a menos de 40 días de unas elecciones cruciales sería un acto de negligencia política”, afirmó Johnson en su carta. De aprobarse, el proyecto permitirá que la Administración se financie hasta el 20 de diciembre, aplazando cualquier batalla partidista hasta después de las elecciones del 5 de noviembre. Si los dos partidos no logran aprobar una prórroga presupuestaria, esto conllevaría el cierre de la mayoría de las agencias gubernamentales, museos y parques nacionales, mientras que cientos de miles de funcionarios se quedarían temporalmente sin trabajo y sueldo.

El último cierre de este tipo ocurrió durante la presidencia de Trump y fue, con 35 días (del 22 de diciembre de 2018 al 29 de enero de 2019), el más prolongado de la historia.