MEXICO.- El informe mencionado, realizado por El Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, destaca la preocupante situación de los menores migrantes bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Arizona. Según el reporte, más de cien niños denunciaron abusos físicos y verbales mientras se encontraban detenidos entre enero de 2023 y marzo de 2024. Estas denuncias no son aisladas y reflejan un problema sistémico en el trato a los menores migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, lo que ha generado preocupación tanto en organizaciones humanitarias como en sectores de la sociedad civil. Uno de los casos más alarmantes es el de una niña de cinco años que fue separada de sus abuelos y mantenida en detención sin ningún acompañante familiar durante 72 horas, lo que viola los derechos básicos de los niños migrantes bajo custodia. Este tipo de casos subraya la vulnerabilidad de los menores que atraviesan situaciones traumáticas al ser detenidos en la frontera, muchas veces después de largos y peligrosos viajes para llegar a Estados Unidos. El reporte titulado «Esposado, empujado y con miedo: Niños migrantes comparten experiencias aterradoras mientras se encontraban en custodia de la Patrulla Fronteriza» detalla un total de 134 quejas documentadas. Sin embargo, la organización humanitaria que elaboró el informe no descarta que haya más casos de abuso que no han sido reportados debido a las dificultades para obtener acceso continuo a los menores, quienes son rápidamente trasladados a otras instalaciones. Esta falta de acceso representa un obstáculo significativo para las organizaciones defensoras de los derechos humanos que intentan proteger a estos niños.

Roxana Avila-Cimpeanu, directora adjunta de El Proyecto Florence, explicó que muchos niños no pueden contar sus experiencias de manera clara, ya sea por su corta edad o por la falta de intérpretes. Además, el miedo a represalias por parte de los mismos agentes de la Patrulla Fronteriza es un factor que contribuye a la falta de denuncias. Esta situación dificulta que los menores puedan encontrar justicia o al menos ser escuchados de manera adecuada.

Los menores afectados provienen de 21 países diferentes, siendo México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela y Guinea los más representados entre los detenidos. Estas cifras reflejan la diversidad de orígenes de los migrantes que buscan refugio o mejores oportunidades en Estados Unidos. Muchos de estos niños huyen de condiciones de pobreza, violencia o persecución en sus países de origen, lo que hace que el maltrato en su llegada a Estados Unidos sea aún más traumático.

El informe ha generado indignación entre diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y ha reabierto el debate sobre las políticas migratorias estadounidenses, especialmente en lo que respecta al trato de menores no acompañados o que son separados de sus familiares en la frontera. El Proyecto Florence ha reclamado acciones inmediatas del Gobierno estadounidense para mejorar las condiciones de los niños migrantes bajo custodia y garantizar su bienestar.

Desde el Gobierno, las respuestas han sido limitadas, aunque algunos funcionarios han reconocido la necesidad de una reforma en los procesos de detención. Las críticas no solo vienen de organizaciones civiles, sino también de organismos internacionales como las Naciones Unidas, que han instado a Estados Unidos a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a proteger adecuadamente a los menores migrantes.

El impacto psicológico de estos abusos es profundo. Expertos en salud mental advierten que muchos de estos niños desarrollarán trastornos relacionados con el trauma, como ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático (TEPT), que podrían afectarlos de por vida. Las condiciones de detención y la separación de sus familias solo agravan estas secuelas emocionales.

El reporte documenta los casos de menores entre los 5 y 17 años de edad, provenientes de 21 países, en su mayoría de México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela y Guinea.

Uno de cada diez menores entrevistados reportó haber sido agredido físicamente, mientras que cuatro de cada diez dijeron haber sufrido abuso verbal.

Entre los testimonios resalta el de un menor que dijo que un agente le gritó “regrésate a México”. Mientras a algunos niños los oficiales les dijeron que “ya no tenían padres” porque los habían deportado, y a otros los calificaron de “criminales”. A una niña de 11 años le dijeron que buscara un “esposo estadounidense” para casarse y así se quedaría en los Estados Unidos.

Un menor contó que los oficiales agarraban a los niños y los tiraban al suelo y les pegaban y que una pequeña de 12 años dijo que los agentes les dijeron “bitches” (putas) a ella y a su hermana mientras se reían, según el reporte.

A un niño de 8 años no se le permitió salir al exterior durante cuatro días, a pesar de que otros menores pudieron hacerlo. Varios pequeños fueron puestos en celdas con adultos que no eran sus familiares.

Marzo, el mes con denuncias más violentas

Las denuncias de abusos contra menores migrantes en custodia de la Patrulla Fronteriza siguen acumulándose, y en marzo de 2024, se registraron algunos de los casos más graves. Camille Auer, una de las investigadoras que ha seguido de cerca estos eventos, aseguró que en ese mes se escucharon reportes con un nivel de violencia inusitado. Entre las situaciones descritas, niños fueron esposados y empujados, y uno de los menores presenció cómo un adulto fue arrojado contra alambre de púas, un acto que pone de relieve la brutalidad de ciertos tratos en la frontera.

Los testimonios recogidos por organizaciones como El Proyecto Florence y el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef) reflejan una realidad perturbadora. Uno de los menores entrevistados relató haber sido testigo de la muerte de dos migrantes mientras se encontraban bajo custodia de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (CBP), un hecho que subraya la gravedad de las condiciones a las que se enfrentan los migrantes, incluso niños.

En general, los menores migrantes también han denunciado la falta de acceso a recursos básicos como comida, agua, medicamentos y atención médica. Los adolescentes embarazadas, en particular, han sido vulnerables a este abandono sistemático de cuidados, exponiéndolas a riesgos adicionales durante su detención. La falta de acceso a servicios médicos adecuados no solo viola los derechos humanos básicos, sino que también plantea serios riesgos para la salud de estos niños y adolescentes.

Si bien la mayor parte de las denuncias más recientes provienen de Arizona, los abusos no se limitan a esa zona. En la frontera de California con México, el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes también ha documentado abusos similares a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. Esta organización, junto con El Proyecto Florence, ha presentado una queja formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), exigiendo acciones inmediatas para proteger a los menores bajo custodia. Una de las críticas más fuertes de los defensores de derechos humanos es la aparente inacción por parte de las autoridades federales. Lindsay Toczylowski, directora de ImmDef, señaló en un comunicado que el gobierno de Joe Biden, con solo cinco meses restantes en su mandato, debe utilizar este tiempo para abordar estas violaciones de derechos humanos y proteger a los niños y familias que buscan refugio en Estados Unidos. La activista urgió a la administración a tomar medidas concretas y efectivas.

Esta no es la primera vez que se presentan denuncias de este tipo. En 2022, ya se había presentado una queja similar documentando abusos similares contra menores migrantes, pero la respuesta de las autoridades fue decepcionante. A pesar de las pruebas presentadas, la CBP solo emitió recordatorios a su personal sobre las políticas y procedimientos existentes para el trato de menores migrantes no acompañados. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran esta respuesta insuficiente para prevenir futuros abusos.

La falta de medidas contundentes para resolver estos problemas ha generado frustración entre los activistas, quienes temen que la historia se repita. Las denuncias de 2023 mostraron que los abusos continúan ocurriendo, a pesar de los esfuerzos por mejorar la capacitación y sensibilización de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Este patrón de violencia y maltrato pone en duda la eficacia de las políticas actuales y resalta la necesidad de un cambio estructural más profundo.

La situación en la frontera ha sido motivo de controversia durante años, pero la atención se ha centrado particularmente en los menores no acompañados, que son considerados uno de los grupos más vulnerables. La crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos continúa exponiendo a estos niños a tratos inhumanos, mientras que los defensores de derechos humanos buscan incansablemente una solución que garantice su seguridad y bienestar.

Con la cercanía del fin del mandato de Biden, la presión sobre su administración para abordar este problema crece. Se espera que el gobierno federal actúe con mayor contundencia y no limite sus acciones a meros recordatorios protocolares. Los defensores de los derechos de los migrantes exigen una reforma integral del sistema de detención de menores, que incluya supervisión independiente y la garantía de que estos abusos no se repitan.

A medida que el debate migratorio sigue en el centro de la política estadounidense, queda por ver si la administración actual tomará las medidas necesarias para proteger a los niños migrantes y poner fin a los abusos que se han documentado durante los últimos años. La comunidad internacional también ha comenzado a prestar atención, con organismos de derechos humanos que exigen respuestas y acciones concretas. La inmigración infantil es un fenómeno complejo y multifacético que ha aumentado significativamente en los últimos años debido a las crisis políticas, económicas y sociales en diversos países. Niños y adolescentes, muchos de ellos no acompañados, cruzan las fronteras buscando una vida mejor, huyendo de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en sus países de origen. Sin embargo, el viaje hacia Estados Unidos está plagado de riesgos y desafíos, desde la explotación por parte de traficantes de personas hasta las duras condiciones que enfrentan una vez que llegan a la frontera.

Uno de los aspectos más preocupantes de la inmigración infantil es el tratamiento que estos menores reciben en los centros de detención. Las denuncias de abusos físicos, verbales y psicológicos revelan que estos niños, muchos de los cuales ya han experimentado traumas severos en sus países de origen y durante su travesía, continúan enfrentando condiciones adversas bajo custodia estadounidense. Estas situaciones no solo agravan sus experiencias de sufrimiento, sino que también ponen en duda el compromiso de Estados Unidos con la protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables. A pesar de los esfuerzos de organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes, las políticas migratorias actuales siguen siendo insuficientes para garantizar la seguridad y bienestar de los menores. Las condiciones de hacinamiento en los centros de detención, la falta de acceso a atención médica adecuada y la separación de los niños de sus familias son problemas recurrentes que siguen sin resolverse. Esto ha llevado a críticas internacionales y a una mayor presión para que el gobierno estadounidense reforme su enfoque hacia la inmigración infantil. Otro desafío crucial es la reintegración de estos menores, ya sea dentro de Estados Unidos o en sus países de origen. Muchos niños migrantes llegan a tierras estadounidenses sin redes de apoyo, lo que dificulta su adaptación a nuevas comunidades o sistemas educativos. Aquellos que son deportados también enfrentan dificultades, ya que retornan a los mismos entornos de los que huyeron, a menudo sin los recursos necesarios para comenzar de nuevo. Esta falta de un sistema de apoyo integral para estos menores es un área que requiere atención urgente. Las políticas migratorias futuras deben priorizar la protección de los menores migrantes, garantizando que los procesos de detención y deportación se lleven a cabo con la mayor humanidad posible. También es esencial que se implementen programas para el bienestar emocional y físico de estos niños, que han soportado el peso de situaciones traumáticas. La creación de vías seguras para la migración legal podría ser una solución parcial que reduciría la necesidad de estos viajes peligrosos y pondría fin a las detenciones prolongadas.