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Dallas, Tx.- La elección de desempate de ayer martes pondrá fin a la larga espera de Oak Cliff por un nuevo miembro del Concilio de Dallas luego de que Dwaine Caraway se declarara culpable de cargos federales de corrupción. El día de las elecciones marcará el número 125 desde la renuncia de Caraway. Un terreno lleno de gente que compitió para reemplazarlo en noviembre quedó sólo con dos de los mejores finalistas: la exconcejal Carolyn King Arnold y la activista Keyaira Saunders. Desde el inicio de la campaña de desempate, ninguno de los candidatos ha profundizado demasiado en los detalles de la política. Arnold, quien cumplió un mandato antes de que Caraway la derrotara el año pasado, en cambio se ha basado en un amplio tema de experiencia, mientras que Saunders ha tratado de correr como un extraño. El ganador suplirá solo los siete meses restantes del período de Caraway, y podría enfrentarse a otro rival nuevamente en las elecciones de mayo. Arnold, una educadoraGuatemala, Honduras y El Salvador. “EU y México convocarán una cumbre de negocios en el primer cuatrimestre de 2019 con la participación de un amplio rango de inversores de Estados Unidos, México e internacionales pa- ra aumentar la inversión y las oportunidades de negocio en México”, indicó la autoridad estadunidense, donde destacó un especial enfoque en “el sur de México y el Triángulo Norte”, que contempla las naciones mencionadas. La Administración Trump destacó el esfuerzo del nuevo Gobierno mexicano para reducir la inmigración de indocumentados con base en un plan de desarrollo, tal co-mo lo prometió López Obrador en su campaña electoral y lo reafirmó en su toma de posesión. “Estados Unidos y México se comprometen hoy a fortalecer y ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo y aumentar la inversión en el sur de México y en América Central para crear una zona de prosperidad”, indicó el Departamento de Estado, en sintonía con lo adelantado por AMLO. “Los Estados Unidos acogen con satisfacción el Plan de Desa- rrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en concordancia con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos”. Las administraciones estadunidense y mexicana li- derarán los trabajos, enfocados en atacar los problemas que contribuyen a la inmigra- ción de indocumentados “y para que los ciudadanos de la región puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias”. La semana pasada, el se- cretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrad, indicó que se buscaría una inversión de hasta $30,000 millones de dólares en un proyecto multianual en la región y la Administración Trump indicó que destinará $5,800 millones de dólares en “apoyo de las reformas ins- titucionales, el desarrollo y el crecimiento económico en el Triángulo del Norte”, recursos que saldrán de fuentes públicas y privadas. El plan busca también que los bancos multilaterales de desarrollo impulsen la inversión en Centroamérica. El Gobierno mexicano destacó la integración de EU al plan impulsado por López Obrador. “Estamos comprometidos a promover un fuerte crecimiento económico regional, empleos mejor remunerados y mayores oportunidades para todos nuestros ciudadanos”, indicó el secretario Ebrard en un comunicado. “Esta declaración refleja la importancia que ambos países otorgan a nuestra rela- ción bilateral”. La Administración mexicana envió el mismo mensaje emitido por su similar estadunidense, destacando el plan de inversión multianual y el inicio de los trabajos en enero, así como la cumbre en el primer cuatrimestre de 2019.

BENEFICIO MIGRATORIO El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) ha revisado sus procedimientos para facilitar que los inmigrantes puedan conseguir su “Green Card” una vez casados con un ciudadano estadunidense. Tras el matrimonio, los inmigrantes logran un permiso temporal para residir y trabajar en el país, que es válido únicamente por dos años. Una vez expira ese plazo, aquellos que deseen la residencia permanente deben probar que su matrimonio no es un fraude destinado a burlar las leyes migratorias. Deben presentar para ello un formulario (I-751) y pasar en casi todos los casos una entrevista con un oficial de inmigración, en la que, juntos o por separado, son interrogados sobre aspectos personales para probar que su matrimonio es legítimo. Un nuevo memorándum revisa ahora este procedimiento, según ha adelantado el diario Miami Herald, eliminando a partir del 10 de diciembre la necesidad de hacer una entrevista si el agente de inmigración tiene suficientes pruebas ya, no hay dudas complejas o sospechas de fraude que lo hagan necesario, o si el extranjero ya ha sido entrevistado anteriormente.

DEMANDA CONTRA ICE Una nueva demanda en contra de ICE y de sus prácticas en contra de inmigrantes detenidos vuelve a llegar a los estrados judiciales. A ICE, esta vez lo acompañan el Departamento del Alguacil del Condado de Orange, y el operador de cárceles Geo Group en la nueva demanda que les ha interpuesto el estado de California por obstaculizar la comunicación entre inmigrantes detenidos y sus abogados, según se dio a conocer. La querella asegura que el Gobierno y los funcionarios de los centros de detención de Adelanto y Theo Lacy hacen casi imposible que la mayoría de recluidos contacten y consulten con sus abogados, lo que violaría las Primera y Quinta Enmiendas de la Constitución. “El gobierno de los Estados Unidos ha colocado barreras arbitrarias entre los inmigrantes detenidos y sus abogados, que deben eliminarse para que se haga justicia”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) una de las entidades demandantes. Ernesto Torres, de 35 años, es uno de los inmigrantes nombrados en el reclamo legal, un indocumentado que ha vivido en Estados Unidos desde el 2002 y estaría a punto de ser deportado por no haber podido conseguir un abogado que lo represente. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Clínica de Derechos del Inmigrante de la Universidad de Stanford (en nombre de tres inmigrantes detenidos), y otras organizaciones defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron el reclamo legal en el Tribunal de Distrito en Riverside, California. La demanda asegura que cada vez que el mexicano intenta realizar una llamada a las organizaciones que brindan asesoría legal desde el Centro de Detención de Adelanto, escucha un mensaje que le informa que la “llamada telefónica no se puede completar”. Geo Group es el responsable del manejo del centro de detención donde se encuentra Torres. El juez que lleva el caso del hispano le ha otorgado dos extensiones para presentar su caso. Torres tiene hasta el 2 de enero para conseguir quien lo represente legalmente y conozca de su caso. Otro de los demandantes es Jason Nsinano, detenido por más de tres años y actualmente en Theo Lacy, cárcel manejada por el Sheriff del Condado de Orange. Nsinano es mantenido bajo custodia especial y sólo tiene acceso al teléfono dos horas, en coincidencia con que el horario de atención al público de organizaciones o abogados ha terminado. La demanda pide al tribunal que ordene al Gobierno y autoridades proporcionar a los detenidos llamadas telefónicas privadas y sin supervisión. Además, establecer acceso razonable para los detenidos que no pueden pagar las llamadas y proporcionar espacios suficientes para visitas legales confidenciales. En un caso similar, el pasado 20 de junio ACLU presentó una demanda de emergencia contra la Administración Trump por restringir la comunicación de los abogados y sus clientes detenidos en una cárcel que alberga convictos de crímenes federales, ante la falta de espacio en los centros de inmigración. Un día después, el juez Otis D. Wright II, del Tribunal de Distrito en Los Ángeles, ordenó al Gobierno dar a los detenidos acceso a la ayuda legal.

FOX INSULTA A INMIGRANTES El principal presentador de Fox News, Tucker Carlson, acusó a la izquierda de querer callarlo tras afirmar que la inmigración ha hecho que Estados Unidos “más pobre, más sucio” y “más divivido”. “A la izquierda le gustaría mucho que dejes de hablar y de pensar sobre las malas decisiones que tomaron a lo largo de los años y de las cuales se están beneficiando”, dijo en su programa. “‘Cállate’, gritan, incluso a este programa. Obviamente, no lo haremos, y usted tampoco debería”. Carlson enfrenta un boicot de anunciantes en aumento que comenzó con la salida de la aseguradora Pacific Life, que rechazó los comentarios del presentador, quien ha hablado en varias ocasiones sobre la inmigración. Además de la aseguradora, al menos cuatro empresas más han dejado de anunciar sus productos y servicios, reportó el Washington Post. Ante ello, el presentador criticó a las compañías que retiraron sus anuncios, al afirmar que se trata de un ataque a la libertad de expresión. “No estamos intimidados. Planeamos decir lo que es verdad hasta el último día”, afirmó. El Post reveló que un portavoz de Fox News criticó las reacciones contra la televisora por los comentarios de Tucker. “Es una vergüenza que los grupos de defensa de la izquierda, bajo el pretexto de ser supuestos ‘perros guardianes de los medios’, armen las redes sociales contra las compañías en un esfuerzo por reprimir la libertad de expresión”, aseveró el comunicado. Carlson utiliza la caravana migrante para justificar su rechazo a los inmigrantes y habló con un oficial de Tijuana, Mé- xico, sobre la limpieza de la basura que dejaron los cientos de centroamericanos, aunque es parte del programa de gobierno para atender a esos grupos en México