Desde el corazón de Dallas, cientos de personas salieron a las calles para sumarse al movimiento nacional conocido como “No Kings Day”, una jornada que busca reafirmar los valores democráticos y recordar que en Estados Unidos el poder pertenece al pueblo. ntre banderas, pancartas y mensajes de esperanza, la comunidad latina tuvo una participación destacada. Familias enteras, jóvenes y líderes locales se unieron para expresar su compromiso con la libertad, la igualdad y el respeto a las instituciones. “Nuestra voz también cuenta; este país se construyó con el esfuerzo de todos”, expresó una manifestante de origen mexicano mientras sostenía un cartel que decía “Sin reyes, pero con pueblo”. La jornada transcurrió en un ambiente pacífico y festivo, reflejando el espíritu cívico de una comunidad que se siente parte del presente y futuro de la nación. En Dallas, como en muchas otras ciudades del país, el mensaje fue claro: defender la democracia es un deber compartido, sin importar el idioma ni el origen.

Miles de personas salen este sábado a las calles en ciudades de todo Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Washington y Miami, bajo el lema “No Kings” (“No queremos reyes”), para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Donald Trump.

Las manifestaciones fueron convocadas de forma simultánea en más de 2 mil 500 ciudades y municipios de los cincuenta estados del país, con el objetivo de convertirse en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder en enero pasado.

Esta es la segunda edición de la movilización “No Kings”, tras la celebrada el 14 de junio, que coincidió con el cumpleaños del mandatario y que -según los organizadores- reunió a unas cinco millones de personas.

La nueva jornada de protestas se desarrolla en un clima de creciente tensión política, marcado por la decisión de Trump de desplegar militares en varias ciudades gobernadas por la oposición demócrata, con el argumento de combatir el crimen y apoyar las labores de los agentes migratorios.

Entre los puntos más emblemáticos de concentración destacan la plaza Times Square, en Nueva York; el Capitolio, en Washington; y el centro de Chicago, donde en las últimas semanas se han registrado protestas contra las redadas migratorias.

También se convocaron protestas en otras ciudades destacadas como Atlanta, Boston, Honolulu, Houston, Nashville, Nueva Orleans, San Diego o San Francisco. En solidaridad con la convocatoria, este sábado, hubo concentraciones en capitales europeas como Berlín, París y Roma.

Las protestas reúnen una amplia variedad de reivindicaciones, desde la oposición a las redadas migratorias y los recortes en sanidad, hasta el rechazo a la militarización de las ciudades o a las modificaciones de los distritos electorales que buscan asegurar una victoria republicana en las elecciones de medio mandato del próximo año.

Por su parte, Trump pasa la jornada en su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida, sin agenda oficial y prevé regresar a Washington el domingo.

Una convocatoria pacífica
Muchos manifestantes portan banderas estadounidenses y prendas amarillas, un color utilizado en otros movimientos pacíficos -como las protestas de Hong Kong de 2019-, y también llevan disfraces de animales para mantener un ambiente relajado.

La plataforma convocante, integrada por unas doscientas organizaciones, subrayó el carácter pacífico de la movilización y recordó -en su página web- que están prohibidas las armas.

No obstante, varios líderes republicanos advirtieron de posibles disturbios y el gobernador de Texas, Gregg Abbott, aliado de Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Austin para prevenir actos violentos.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó la manifestación como una muestra de “odio contra Estados Unidos“, liderada -según dijo- por simpatizantes de Hamás y miembros del movimiento antifascista (Antifa), declarado recientemente por Trump como grupo terrorista.

El nombre del movimiento “No Kings” alude a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.

“Dicen que me comporto como un rey. No soy un rey”, afirmó Trump en una entrevista con Fox Business publicada el viernes.

El mandatario sugirió además que los demócratas retrasaron las negociaciones presupuestarias para reabrir la Administración federal, paralizada desde el 1 de octubre por falta de fondos, con el fin de fomentar la protesta.

Desde la oposición, los demócratas acusan a Trump de poner en riesgo la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, por su presunto intento de silenciar las manifestaciones y acallar las voces críticas.

Uno de los hechos más simbólicos ocurrió cuando la Casa Blanca presionó para cancelar el programa del comediante Jimmy Kimmel por sus burlas a la reacción republicana ante el asesinato del activista ultraconsevador y muy cercano a Trump Charlie Kirk, ocurrido en septiembre.

Kimmel, cuyo programa volvió al aire tras una semana de suspensión, comparó el jueves la movilización “No Kings” con la Revolución estadounidense que culminó con la independencia del país.

“No hay nada más estadounidense que una protesta política. La Revolución estadounidense fue una protesta. ¡No Kings!”, afirmó Kimmel en su monólogo.

Con información de EFE.

Demandan al Gobierno de Trump por «vigilancia ideológica» de redes sociales de inmigrantes

Tres de los sindicatos más influyentes de Estados Unidos presentaron una demanda federal contra el Gobierno de Donald Trump, acusándolo de implementar un sistema de “vigilancia ideológica” que utiliza inteligencia artificial (IA) para monitorear las redes sociales de inmigrantes con visado. La medida, según los demandantes, busca identificar y castigar opiniones críticas hacia las políticas de la actual administración.

Los sindicatos involucrados son el United Auto Workers (UAW), Communications Workers of America (CWA) y la American Federation of Teachers (AFT), que representan a cientos de miles de trabajadores en todo el país. Estas organizaciones sostienen que el programa gubernamental vulnera derechos constitucionales fundamentales, especialmente la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Nueva York contra los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional (DHS), a quienes acusan de implementar un sistema de vigilancia que combina algoritmos, bases de datos y herramientas de IA para rastrear publicaciones en redes sociales de personas extranjeras que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos.

De acuerdo con la denuncia, el programa permite que las agencias gubernamentales recopilen, clasifiquen y analicen publicaciones públicas para determinar si un individuo representa un “riesgo ideológico”. Este tipo de práctica, afirman los sindicatos, no solo atenta contra la privacidad, sino que también crea un clima de miedo entre trabajadores migrantes y sus familias.

La Electronic Frontier Foundation (EFF), organización de defensa de los derechos digitales, representa legalmente a los sindicatos y sostiene que se trata de la primera demanda de este tipo presentada en el país. En su comunicado, la EFF calificó el programa como una “herramienta de censura automatizada” que socava la libertad de pensamiento y el derecho a disentir.

“Usando inteligencia artificial y otras tecnologías de automatización, el Gobierno está espiando las cuentas de redes sociales de personas con visado para identificar y castigar a quienes expresan opiniones que no le gustan”, señaló la EFF. La organización también denunció que este monitoreo se acompaña de una “campaña pública de intimidación”, destinada a desalentar la participación en debates políticos o sociales.

Los sindicatos argumentan que la vigilancia masiva afecta directamente su labor organizativa, ya que muchos de sus afiliados, especialmente los inmigrantes con visado, han optado por autocensurarse en internet. Esta situación, sostienen, limita la capacidad de las organizaciones para mantener contacto y diálogo con sus miembros, violando además el derecho a la libre asociación.

Según una encuesta interna, el 80 % de los trabajadores con visado pertenecientes al UAW reconocieron haber modificado su comportamiento en redes sociales tras conocer la existencia del programa. En el caso del CWA, el porcentaje alcanzó un 40 %, evidenciando un efecto de miedo generalizado dentro de la comunidad laboral inmigrante.

Los demandantes solicitaron al tribunal una orden judicial inmediata para detener la operación del sistema de vigilancia. Consideran que, de mantenerse, el programa podría institucionalizar una forma de censura digital que contradice los principios democráticos de Estados Unidos y criminaliza la disidencia política o sindical.

Lisa Femia, abogada de la EFF, advirtió que las capacidades tecnológicas del sistema son de gran alcance. “Las herramientas de IA permiten al Gobierno analizar datos a una escala que nunca fue posible con la revisión humana”, explicó. “La magnitud de este espionaje es igualada por un efecto igualmente espeluznante y masivo sobre la libertad de expresión”.

Expertos en derechos digitales y privacidad han señalado que el uso de inteligencia artificial para la vigilancia estatal plantea serios riesgos éticos y legales. En particular, destacan la posibilidad de errores algorítmicos que clasifiquen injustamente a personas inocentes como amenazas, así como la falta de transparencia sobre los criterios que utiliza el sistema.

Para la comunidad latina, la noticia tiene un fuerte impacto. Muchos trabajadores con visado, en especial en estados fronterizos como Texas, forman parte activa de sindicatos y organizaciones sociales. La posibilidad de ser monitoreados por sus opiniones ha generado preocupación y ha reforzado los llamados a proteger los derechos civiles de todos los migrantes, independientemente de su estatus.

En Dallas, representantes del CWA local expresaron que la demanda busca no solo frenar la vigilancia, sino también enviar un mensaje al país: “Nadie debería temer expresar su opinión o participar en su sindicato por miedo a represalias del Gobierno”, declaró un portavoz. “La libertad de expresión no es un privilegio, es un derecho que defendemos para todos”.

La controversia también llega en un momento clave, cuando el Gobierno de Trump ha reforzado sus políticas migratorias y ha promovido el uso de tecnologías avanzadas en seguridad nacional. Para los críticos, esta tendencia podría abrir la puerta a una nueva era de control digital con consecuencias imprevisibles para la democracia estadounidense.

Mientras el caso avanza en los tribunales, los sindicatos confían en que la justicia siente un precedente histórico a favor de la privacidad y la libertad de expresión. “No se trata solo de inmigrantes o de redes sociales”, concluyó Femia. “Se trata del derecho de todos los ciudadanos a pensar y hablar sin miedo a ser vigilados”.

Organizaciones denuncian ante la CIDH a Trump por abusos e ilegalidades contra migrantes

Una coalición de diez organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron este viernes en un informe al Gobierno, del presidente, Donald Trump, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por «abusos e ilegalidades contra migrantes.

El reporte, presentado por más de 10 organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional, acusa a la Administración republicana de estar cometiendo violaciones «generalizadas» a los derechos humanos y del derecho de los refugiados.

Las organizaciones señalan la desaparición de cientos de migrantes en la custodia del gobierno, detenciones arbitrarias «e ilegales», condiciones «insoportables», negligencia médica y «abusos en las cárceles de inmigración».

También acusan al Gobierno de estar deportando a migrantes a países donde se enfrentan a condiciones peligrosas y de querer ocultar los abusos bloqueando el acceso a abogados y tomando represalias contra «abogados, periodistas, activistas y funcionarios públicos».

Estados Unidos «está aterrorizando a los inmigrantes mediante tácticas de desaparición y detención masiva que han provocado la separación de familias», señaló en un comunicado Margaret Cargioli, abogada directora de políticas y defensa en el Immigrant Defenders Law Center (ImDef), una de las organizaciones que elaboró el informe.

En la denuncia, la coalición pide a la CIDH que pida a la Administración Trump que permita visitar los centros de detención, para conocer de primera mano las condiciones, a la vez que solicite información sobre los abusos mencionados y publique un reporte independiente.

Esta denuncia se suma a decenas otras realizadas por organizaciones dentro y fuera de EE.UU., incluidos varios funcionarios de la ONU, contra diferentes aspectos de la campaña del Gobierno de Trump de detener y deportar a un número «histórico» de migrantes.

En cumplimiento con sus ofertas electorales, la Administración del republicano ha desplegado diversos operativos para detener migrantes en diversas ciudades del país, centrándose en las últimas semanas en Chicago donde agentes federales han detenido a más de 1.500 personas desde el 9 de septiembre, según datos oficiales.