Según los datos de la fiscalía estatal, tres tiendas de conveniencia y cinco camiones y coches fueron incendiados, una táctica utilizada a menudo por los cárteles de la droga para bloquear carreteras y hacer cumplir demandas de extorsión.

Ese departamento también informó de la detención de tres hombres y tres adolescentes vinculados a los ataques.

Los uniformados, miembros del Ejército y de la Guardia Nacional, fueron desplegados durante el fin de semana con la orden de evitar que los grupos del crimen organizado bloquearan más carreteras y que la gente pudiera realizar sus actividades económicas con normalidad.

Michoacán, como otros muchos estados con violencia, ya tenía una importante presencia militar pero el Ejército no dijo en su comunicado del lunes de cuántos efectivos constaba antes del nuevo despliegue.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quitó importancia al tema durante su conferencia de prensa matutina y aseguró que se había restablecido “la paz, la tranquilidad”.

Además, calificó lo ocurrido durante el fin de semana como un acto “publicitario, propagandístico” que no costó vidas humanas.

Sin embargo, la vida en las ciudades afectadas por la violencia —Apatzingán, Buenavista y Uruapan— es cualquier cosa menos normal o pacífica.

Los cultivadores de limón y los agricultores del municipio de Buenavista se han quejado en las últimas semanas de la extorsión generalizada de los cárteles que parecen haber multiplicado el importe de las cuotas que exigen.

Y en Apatzingán, la mayoría de los productos básicos cuesta casi el doble de su precio normal desde hace meses porque el crimen organizado se lleva una parte de la mayoría de las compras.

El gobierno del estado de Michoacán dijo el miércoles pasado que había iniciado una investigación criminal sobre el tema de las extorsiones porque el tema tiene fuertes connotaciones económicas.

La situación amenaza el suministro de limón, un pilar de la cocina mexicana, y recuerda los días más oscuros de la guerra contra el narcotráfico en México entre 2006 y 2012.

Por aquel entonces, el cártel de la Familia Michoacana y, más tarde, el de los Caballeros Templarios quemaron empacadoras, impusieron precios a las cosechas, exigieron dinero por protección e incluso indicaron a los productores qué días podían recoger su cosecha.

Eso provocó un levantamiento armado en 2013 y 2014 por parte de agricultores enfurecidos, un movimiento de grupos de autodefensas que expulsó en gran medida a los antiguos cárteles, solo para verlos sustituidos por otros que siguen amedrentando a gran parte de la sociedad de esa región.