Desde que Trump ascendió a la Casa Blanca, más de 32,000 inmigrantes han sido arrestados, bajo la promesa de llevar a cabo el “más grande plan de deportación” en el país. Desde entonces, decenas de estados y ciudades se han proclamado en contra de la política migratoria del republicano, entre ellos, la ciudad de Dallas, Texas, motivo por el que el fiscal general del estado ha iniciado una investigación.

A lo largo de los años, varias ciudades y estados se han pronunciado en contra de las políticas migratorias impulsadas por el expresidente Trump y sus aliados, alegando que violan derechos humanos y afectan directamente a comunidades enteras que contribuyen activamente al desarrollo económico y social del país. Dallas ha sido una de esas ciudades que ha alzado la voz en defensa de sus residentes migrantes.

Sin embargo, en Texas la situación es distinta. El estado cuenta con la Ley SB4, una legislación que prohíbe la existencia de las llamadas “ciudades santuario” y obliga a las autoridades locales a colaborar con las agencias federales de inmigración, particularmente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Bajo este contexto, el fiscal general del estado, Ken Paxton, ha iniciado una investigación formal contra la ciudad de Dallas. Esto, tras las recientes declaraciones del jefe interino del Departamento de Policía de Dallas (DPD), Michael Igo, quien afirmó públicamente que su departamento no colabora con ninguna agencia federal para detener a personas, ya sean documentadas o indocumentadas.

Estas declaraciones encendieron las alarmas en el gobierno estatal, que inmediatamente respondió con un comunicado oficial. En él, Paxton señaló que su oficina ha solicitado acceso a diversos documentos relacionados con las políticas del DPD sobre inmigración. Esto incluye registros de incidentes en los que se haya negado cooperación con ICE, comunicaciones internas entre oficiales y empleados, así como cualquier documento que respalde la postura de Igo.

“La seguridad pública debe ser una prioridad para todas las fuerzas del orden. Las políticas tipo santuario no solo incumplen la ley, sino que también ponen en riesgo a nuestras comunidades”, expresó Paxton. Agregó que la cooperación con las autoridades federales “no es opcional” en el estado de Texas.

Para la comunidad hispana de Dallas, este conflicto representa un punto crítico. Muchos residentes, ya sean ciudadanos, residentes legales o personas en proceso migratorio, temen que estas acciones estatales aumenten la persecución y el acoso hacia familias trabajadoras que han hecho de Dallas su hogar por décadas.

Organizaciones comunitarias y defensoras de los derechos migrantes han comenzado a movilizarse, exigiendo transparencia en el proceso y apoyo a la postura del jefe Igo. Argumentan que la seguridad pública no debe estar basada en la persecución por estatus migratorio, sino en la confianza entre la comunidad y las autoridades.

Por su parte, líderes locales también han expresado preocupación sobre las posibles sanciones que podría enfrentar la ciudad. Si la investigación determina que Dallas ha incumplido con la SB4, se podrían imponer multas civiles de miles de dólares, además de medidas correctivas que podrían incluir la intervención del estado en los procedimientos de seguridad local. Este escenario también plantea una interrogante legal: ¿Hasta qué punto puede el estado de Texas intervenir en la autonomía de las ciudades que deciden proteger a su población migrante? Muchos abogados constitucionalistas aseguran que este será un caso clave para definir los límites del poder estatal sobre las administraciones locales. Mientras tanto, la comunidad hispana de Dallas está en estado de alerta. Se han convocado reuniones informativas, talleres sobre derechos legales y movilizaciones pacíficas en apoyo a políticas migratorias humanitarias y justas. “No podemos permitir que el miedo controle nuestras vidas”, expresó una madre salvadoreña durante una asamblea comunitaria en Oak Cliff.

El Departamento de Policía de Dallas no ha emitido más declaraciones al respecto, pero fuentes internas indican que se mantendrán firmes en su política de no colaborar con ICE, a menos que exista una orden judicial explícita. La estrategia se basa en fomentar la confianza con las comunidades locales, para que los ciudadanos no teman denunciar delitos o colaborar en investigaciones. Este conflicto entre el gobierno estatal y la ciudad de Dallas podría escalar en las próximas semanas, y marcará el rumbo de la relación entre autoridades migratorias y las comunidades locales. Para muchos inmigrantes en Dallas, esta es una lucha por dignidad, justicia y respeto.