La familia de Anastasio Hernández Rojas, migrante mexicano asesinado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en mayo de 2010, exigió este martes justicia por el caso, que se revisará en una audiencia el próximo 4 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Queremos justicia, queremos un poco de paz en nuestro corazón”, dijo María Puga, viuda de Anastasio, en conferencia de prensa en el Museo de Memoria y Tolerancia de Ciudad de México.

De acuerdo con su relato, autoridades estadounidenses sorprendieron a Hernández Rojas mientras cruzaba de forma irregular el 28 de mayo de 2010 y lo llevaron a una estación de la Patrulla Fronteriza. Allí, un agente lo pateó y mientras lo deportaban por el puerto de entrada de San Ysidro, California, los funcionarios federales lo golpearon, lo inmovilizaron con las rodillas y le dispararon con una pistola eléctrica mientras yacía en el suelo esposado, según los documentos judiciales. Cuando llegó al hospital, tenía muerte cerebral y murió días después.

La familia y sus abogados afirman que los dos informes de la autopsia determinaron que fue un homicidio. “A dos años de la muerte de Anastasio salió un video grabado por testigos que muestra a Anastasio en el suelo, boca abajo, mientras los oficiales lo golpeaban y daban choques eléctricos. No hubo resistencia o agresión por parte de Anastasio”, insistió. Encontramos rastros, huellas de grupos clandestinos de encubrimiento que maneja la Patrulla Fronteriza, borraron videos, intervinieron en la autopsia, alteraron documentos, no preservaron pruebas físicas, manejaron mal la evidencia y actuaron con el fin de obstruir (la) Justicia”, denunció en la conferencia. Guerrero dijo que la CIDH deberá determinar si los funcionarios estadounidenses utilizaron el poder del Estado para matar a Anastasio, encubrir el crimen y negar a su familia el acceso a la justicia. Carlos González, cónsul general de México en San Diego, afirmó que el Gobierno mexicano se opone al uso excesivo de la fuerza al detener a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio.
“Que este trágico acontecimiento sirva para recordarnos que el uso excesivo de la fuerza no es aceptable en ningún contexto y bajo ninguna circunstancia”, puntualizó.

Finalmente aseguraron que buscarán que el caso marque un precedente sobre el abuso policial en Estados Unidos, pues es el primer caso de este tipo que llega a la CIDH.