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Denuncian defensores de migrantes Aumenta ICE arrestos en los trabajos y las casas

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Nota Victor M. Juárez Estrada
Con información de agencias II y Ultima Parte
 
Dallas, Tx.- Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los arrestos y deportaciones de Inmigración contra indocumentados incluso sin antecedentes criminales se ha centrado con un alarmante incremento en ciudades, sitios de trabajo y hogares de estas “indefensas” familias. Así lo denuncian con datos de la propia agencia federal el Centro de Derechos Humanos de Dallas (CDH), activistas y abogados defensores de los migrantes. Esta severa política gubernamental antiinmigrante fue revelada por el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) en su informe anual sobre la cantidad de personas que expusó durante el año fiscal 2017. Datos de este “indignante” documento -como lo calificó el CDH- fueron publicados en su edición de la semana pasada por Novedades News. Pedro González, representante de la organización humanitaria, pidió a las familias no entrar en pánico ante esta situación y las urgió a resolver todo tipo de problemas criminales que podrían tener. “A todos aquellos padres o personas sin residencia legal (incluso residentes permanentes) que tengan algún tipo de delito, principalmente considerado grave en el pasado o en la actualidad, deben consultar cuanto antes a un abogado o una organización en asuntos migratorios para informarse si corren peligro de ser detenidos y posteriormente deportados”, aseveró. Según este mismo informe criticado por defensores de los inmigrantes, los cambios más importantes en la estrategia de control de inmigración se pueden ver más en el interior de los Estados Unidos, que en su frontera con México. Las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump en enero de 2017 destacaron firmemente la función de medidas de control migratorio a nivel interno con respecto a la protección de la seguridad nacional, la seguridad pública y el respeto del estado de derecho. Al dejar claro que ninguna categoría de extranjeros removibles estará exenta de acciones policiales, las directrices también expandieron las prioridades de aplicación de la ley para el Servicio de Inmigración y Control Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En general, en el año fiscal (AF) 2017, la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) efectuó 143,470 arrestos y 226,119 remociones. Particularmente, desde el comienzo de la Administración de Trump el 20 de enero de 2017 hasta el fin del año fiscal, ERO efectuó 110,568 arrestos en comparación con 77,806 durante AF 2016 —un aumento de 40 por ciento. Durante ese mismo período, las remociones realizadas debido a un arresto efectuado por ICE aumentaron un 37 por ciento, casi compensando la cifra históricamente baja de detenciones en la frontera, una población que típicamente constituye una porción significativa de las remociones de ICE. La cifra total de remociones de ICE para AF 17 (226,119) refleja una ligera disminución (6%) en comparación con AF 2016 (240,255), la cual se atribuye en gran medida a la disminución de detenciones en la frontera. ICE –agrega el documentocontinúa priorizando sus recursos para mejorar la protección pública y seguridad fronteriza, demostrado por las cifras, las cuales reflejan que 92 por ciento (101,722) de los extranjeros que ICE arrestó administrativamente entre el 20 de enero de 2017 y el fin de AF 2017 fueron extranjeros removibles que tenían una condena penal o un cargo penal pendiente, eran fugitivos de esa agencia federal o personas indocumentadas, que nunca habían tenido problemas con la ley. Una gran cantidad de las detenciones cometidas contra esos migantes –con antecedentes o sin ellos- fueran efectuadas por agentes de Inmigración en sus propias casas o empleos, se indica en el informe de ICE.
CONTRA LAS PANDILLAS Las órdenes ejecutivas también priorizaron los esfuerzos de desarticular pandillas transnacionales, con un enfoque específico en la MS-13 (Mara Salvatrucha de El Salvador), una de las pandillas más violentas en los Estados Unidos. En el AF 2017, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de ICE arrestó a 796 pandilleros y asociados de MS-13, en comparación con 434 en AF 2016 —un aumento de 83 por ciento. En general, HSI efectuó 4,818 arrestos penales relacionados con actividades de pandillas y 892 arrestos administrativos como resultado de investigaciones de estos cada vez más violentos grupos criminales. Además, ERO arrestó administrativamente a 5,225 pandilleros y asociados. En general, HSI efectuó un total de 32,958 arrestos penales e incautó $524 millones de divisas ilícitas y bienes durante el transcurso de investigaciones de contrabando humano y trata, crímenes cibernéticos, actividades de pandillas transnacionales, aplicación de leyes contra narcóticos, contrabando humano y otros tipos de actividades criminales transfronterizas en AF 17. La masiva deportación de esos delincuentes a El Salvador ha provocado un desmesurado nivel de violencia desatada en ese conflictivo país centroamericano, por lo que actualmente es considerado uno de los más violentos del mundo.
ULTIMA SUPLICA En medio de la recia campaña contra la comunidad inmigrante del presidente Donald Trump, la cual incluye desde la cancelación de DACA, la construcción del muro fronterizo, la propuesta de eliminar la inmigración en cadena hasta la terminación de TPS, llega una petición para salvar a este último grupo de la deportación. Un grupo de 19 fiscales generales pidió al Congreso que apruebe una ley que proteja a los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), en especial los de Haití y El Salvador, de retornar a sus países sin que hayan cesado las condiciones que los llevaron a salir de ellos, como la pobreza, violencia y desastres naturales. El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, se unió en una carta remitida al Congreso por sus colegas para pedirle al Legislativo una ley que les permita a los beneficiarios pasar a la categoría de residentes permanentes tras el fin del TPS.
El TPS es un programa creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Durante décadas, las autoridades renovaron de manera automática por periodos de 18 meses el TPS, pero el presidente Donald Trump ha decidido acabar con esos permisos, argumentado que son temporales y le corresponde al Congreso aprobar una ley para regularizar la situación de sus beneficiarios. Trump ya ha anunciado el fin del TPS para El Salvador, Haití y Nicaragua, aunque a los ciudadanos de esos países les dio de margen hasta 2019 para que salgan de territorio estadunidense y, por otro lado, extendió el TPS para Honduras durante seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, cuando volverá a revisar su vigencia. “Los neoyorquinos de largo plazo de Haití y El Salvador enriquecen nuestra economía y fortalecen nuestras comunidades”, señaló Schneiderman, quien lamentó que la administración Trump “está eliminando el estado de protección de nuestros vecinos vulnerables, poniendo en peligro su seguridad y bienestar”. “Si la administración de Trump se niega a proteger a estas familias, entonces necesitamos que el Congreso actúe”, agregó. El fiscal general de Nueva York recordó en su carta que los miles de beneficiarios del TPS que residen en los 19 estados “han hecho contribuciones sustanciales a nuestras comunidades y economías”. Además, mencionó que tienen más de 275,000 hijos nacidos en Estados Unidos y contribuyen con alrededor de 4,500 millones de dólares al Producto Interior Bruto de Estados Unidos. La coalición que firmó la carta fue dirigida por el Distrito de Columbia e incluye a los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, según un comunicado.

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