Los límites se implementaron durante el gobierno de presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia. De conformidad con las restricciones, Estados Unidos ha expulsado a solicitantes de asilo que estaban dentro del país en 2,5 millones de ocasiones —y rechazado a la mayoría de las personas que solicitaron asilo en la frontera— con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19. Las restricciones suelen denominarse Título 42, en referencia a una ley de salud pública de 1944.

Defensores de los inmigrantes interpusieron una demanda contra dicha política, argumentando que va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución. También han argumentado que la política es obsoleta debido a la mejoría en los tratamientos contra el coronavirus.“Estamos profundamente decepcionados por todos los solicitantes de asilo desesperados que seguirán sufriendo a causa del Título 42, pero seguiremos luchando para poner fin a esta política”, declaró Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización que había estado argumentando en contra del uso del Título 42.

Un juez federal falló a favor de los activistas en noviembre y fijó el 21 de diciembre como fecha límite para poner fin a la política. Un grupo de estados de tendencia conservadora recurrieron a la Corte Suprema para evitar que se eliminaran dichos límites, advirtiendo de que un aumento de la inmigración afectaría los servicios públicos y causaría una “calamidad sin precedentes”.

Roberts, que se ocupa de los asuntos de emergencia que llegan de los tribunales federales de la capital del país, dictó una suspensión para dar tiempo al tribunal a examinar más a fondo los argumentos de ambas partes. El gobierno federal pidió a la Corte Suprema que rechazara la postura de los estados, aunque también reconoció que poner fin a las restricciones de forma abrupta probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de los cruces ilegales de la frontera”.

La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que se esmeran por encontrar la forma de atenderlos.