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Dallas, Tx.- En un inverosímil cambio en su férrea política antiinmigrante, el Presidente estadunidense Donald Trump afirmó ayer martes que apoyará una resolución legislativa para los 690 mil beneficiarios del programa DACA y que discutirá una amplia reforma migratoria para 11 millones de indocumentados. Estas inusuales declaraciones, que causaron sorpresa pero también esperanza para las personas sin residencia legal, las virtió el polémico mandatario republicano en una reunión sostenida con legisladores ante la presencia de la prensa. Durante un encuentro en la Casa Blanca con un grupo de 25 senadores y diputados republicanos y demócratas, el mandatario afirmó estar dispuesto a firmar lo que sea “una ley de amor”, que dé solución permanente a la situación de los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” o soñadores. “Vamos a hacer el DACA”, manifestó Trump en un intercambio con 16 senadores y nueve miembros de la Cámara de Representantes, que por el gobierno dará por terminado el programa humanitario conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para los salvadoreños, que podían vivir y laborar legalmente en Estados Unidos después de los dos mortíferos terremotos que destruyeron grandes zonas de El Salvador en 2001. Los salvadoreños son por mucho el grupo más numeroso de migrantes beneficiados por el TPS, que los protegía de ser deportados si habían llegado sin papeles a Estados Unidos. Esta decisión del padado lunes se tomó justo semanas después de que más de 45 mil haitianos —el segundo grupo más grande— perdieron la protección que obtuvieron después del terremoto de 2010 en esa nación caribeña. Parece que otros beneficiarios del programa, los hondureños, también perderán sus beneficios después de una extensión tempora. El año pasado, los nicaragüenses dejaron de ser acreedores a la protección migratoria. Desde finales de enero del año pasado, poco después que Trump asumiera la Casa Blanca, altos funcionarios del gobierno de El Salvador viajaron a la capital estadunidense para reunirse con los secretarios de Estado que debían decidir el futuro del programa, confirmó la sede diplomática en Washington. “Se llevaron a cabo ocho visitas de trabajo a nivel de cancillería, que incluyeron sesiones con altos funcionarios del DHS”, indicó Ana Guardado, secretaria de prensa de la sede diplomática. “El canciller (Hugo) Martínez se reunió con los tres secretarios del DHS”, apuntó, siendo ellos John Kelly (actual jefe de gabinete de la Casa Blanca), Elaine Duke (quien fungió de manera interina) y Nielsen, la actual cabeza del DHS, que asumió el mando en noviembre luego de ser confirmada por el Senado. Funcionarios salvadoreños también sostuvieron 39 reuniones con congresistas y senadores demócratas y republicanos, y se llevaron a cabo 186 jornadas informativas en los consulados de El Salvador en el país, agregó Guardado. A principios de mayo, el DHS deberá anunciar si prorroga o cancela el TPS de Honduras, que ampara de la deportación a unos 56 mil indocumentados de ese país centroamericano.

INHUMANO PEREGRINAR En los días previos al anuncio, los defensores de migrantes y el gobierno de El Salvador solicitaron a Estados Unidos que extendiera el programa, como lo hizo varias veces desde 2001, con el argumento de que la situación en El Salvador aún es grave. Los salvadoreños y sus empleadores en California, Texas y Virginia, entre otros estados, expresaron su temor a que esta fuera la decisión de la Casa Blanca. “Creíamos que por lo que hemos hecho por este país, que consideramos nuestro, se nos permitiría permanecer aquí para siempre con la unidad y tranquilidad de nuestras familias, ya que nuestros hijos han nacidos en los Estados Unidos”, manifestó Rafael Menjívar del grupo Salvadoreños Unidos de Dallas. Sin embargo, el gobierno de Trump está abocado a frenar la migración tanto legal como ilegal. Otro ejemplo de ello es la revocación del programa DACA para 800.000 jóvenes migrantes conocidos como dreamers a partir de marzo, a menos que el Congreso les dé un estatus legal en las siguientes semanas o meses. El gobierno estadunidense aseveró que, a pesar de su nombre, el programa de Estatus de Protección Temporal se había convertido en un beneficio seudopermanente para cientos de miles de personas. El fin de la protección de salvadoreños, haitianos y nicaragüenses deja a menos de 100 mil personas con TPS, programa que fue instituido por el expresidente George Bush en 1990. Este programa ofrece a personas originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otro disturbio, que ya radican en Estados Unidos, un estatus provisional de legalidad. También les permite trabajar, sin importar si entraron al país legal o ilegalmente. La persona a cargo de Seguridad Nacional es quien decide cuándo un país puede ser beneficiario y si renueva el permiso durante seis, doce o dieciocho meses. No hay un límite para el número de renovaciones que puede recibir un país; entre los que han obtenido el permiso temporal y luego lo han perdido están Bosnia-Herzegovina (que estuvo en una guerra civil durante los noventa), así como Guinea, Sierra Leona y Liberia (cuando padecieron lo peor de la crisis del ébola). El Salvador fue uno de los primeros países en estar en el programa a causa de su guerra civil; esa designación expiró en 1994. “Necesitamos volver al ‘temporal’ de TPS. Tiene que ser provisional; esto ha ido demasiado lejos”.

TRISTES REACCIONES Los salvadoreños beneficiarios del TPS ahora enfrentan una decisión desgarradora. Elsa Gutiérrez, que tiene un pequeño restaurante en Dallas, indicó que ella se quedaría ilegalmente en el país, con el riesgo de ser arrestada y deportada —en el que ha estado doce años— De ser detenida, perdería el seguro médico y otras prestaciones. “No hay nada a qué regresar en El Salvador”, dijo. “Puede que la infraestructura esté mejor ahora, pero el país no está en condiciones de recibirnos”. Con ayuda de su estatus de protección, otro salvadoreño, Carlos Jirón, fundó una empresa pequeña de contrataciones y ganó licitaciones para grandes proyectos, incluyendo la renovación de la pintura de edificios federales en la zona de Washington. “Hemos hecho nuestra vida aquí”, expreó Jirón, de 41 años y quien vive con su esposa y sus dos hijos —que nacieron en Estados Unidos— en una casa con cuatro habitaciones que compraron en Springfield, Virginia. Jirón tendrá que decidir si se lleva a sus hijos a El Salvador —donde cree que no alcanzarán todo su potencial y no estarán a salvo de a inseguridad— o si los deja en Estados Unidos con algún tutor o si se queda en el país con el riesgo de que lo arresten y lo deporten, como a millones de migrantes sin documentos. Tania, su hija de 14 años, fanática de las películas de Disney y del hip-hop, dice que no concibe regresar a El Salvador. “Aquí es donde nací y en donde se supone que creceré”, mencionó. Las protecciones provisionales fueron dadas a los salvadoreños que estaban en Estados Unidos en marzo de 2001, después de que dos terremotos —uno en enero; otro, en febrero— dejaron más de mil personas muertas y destruyeron cientos de miles de hogares. En los quince años siguientes, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama ampliaron los permisos en varias ocasiones. A finales de 2016, el gobierno salvadoreño enumeró una serie de factores, incluyendo la sequía, la pobreza y la violencia de las pandillas en El Salvador, como razones para mantener el estatus de protección. El Salvador se ha reconstruido desde los terremotos, pero la violencia —se considera que San Salvador es una de las ciudades más peligrosas en el mundo— ha detenido la inversión y la creación de empleos, y ha llevado a que miles huyan del país. El Salvador tuvo el menor crecimiento económico en Centroamérica en 2016, según el Banco Mundial. Sin embargo, los funcionarios de la administración Trump dicen que el único criterio que el gobierno debería de considerar es si la primera razón por la que se concedió el permiso —en este caso, el daño causado por los sismos— sigue vigente. De acuerdo con los oficiales, la secretaria en funciones de Seguridad Nacional determinó que, diecisiete años después, gran parte del daño “ya no existe” así que la protección debe acabarse. “El TPS es un beneficio temporal”, precisó un funcionario en una llamada con varios medios, “y solo el Congreso puede alcanzar una solución permanente”. Algunos legisladores estadunidenses han hecho propuestas para que las personas con permisos provisionales puedan quedarse de forma permanente en Estados Unidos. La inestabilidad en Venezuela también ha llevado a algunos congresistas a pedir que se establezca el estatus de protección para los venezolanos.

VIOLENCIA Y CRISIS ECONOMICA El gobierno salvadoreño le había pedido al gobierno de Trump que renovara el TPS al tomar en cuenta otros factores como las sequías. Las remesas que los salvadoreños en Estados Unidos envían son el sustento de muchos en el país de origen, donde cuatro de cada diez hogares viven por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial. En 2016, los 4,6 mil millones de dólares que llegaron a El Salvador por remesas —la mayoría provenientes de Estados Unidos— representaron el 17 por ciento de la economía salvadoreña. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y organizaciones a favor de los migrantes también pidieron la extensión de la cobertura del programa para los salvadoreños, al hacer notar los vínculos estrechos de los salvadoreños. De acuerdo con el Center for Migration Studies, por ejemplo, los beneficiarios salvadoreños con TPS tienen 192.700 hijos con ciudadanía estadunidense; el 88 por ciento es parte de la fuerza laboral, en comparación a un 63 por ciento de la población estadunidense general; y casi un cuarto tiene una hipoteca. Para Donald M. Kerwin Jr., director ejecutivo del Center for Migration Studies, la terminación del programa para los salvadoreños es “una decisión ideológica desconcertante que es muy destructiva para todos. Ellos están muy enraizados e integrados en Estados Unidos”.