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Aplican nueva ley contra la conducta sexual inapropiada

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Para todas las universidades texanas

 

 

Nota Novedades News

 

Dallas, Tx.- En un intento más por combatir con mayor severidad los casos de comportamiento sexual inadecuado en instituciones de estudios superiores, una nueva ley que entró en vigor en Texas advierte que empleados universitarios podrían ser despedidos y acusados por no denunciar una conducta sexual inapropiada.

A partir del pasado 1 de enero, estas personas que han guardado silencio ante tal delito podrían enfrentar sanciones que colocan a Texas a la vanguardia de los esfuerzos para enfrentar la conducta sexual inapropiada en los campus universitarios.

La senadora Joan Huffman, republicana de Houston, autora del proyecto de ley 212 del Senado, la cual fue aprobada durante la sesión legislativa de 2019, establece que es un delito menor que los empleados de la universidad no denuncien una conducta sexual inapropiada.

Desde la revelación de que funcionarios universitarios de alto rango manejaron mal los casos de asalto sexual contra jugadores de fútbol en la Universidad de Baylor, los legisladores de Texas han aprobado varios proyectos de ley para enfrentar la violencia sexual en los campus universitarios.

Los expertos afirman que una nueva ley coloca a Texas a la vanguardia de los estados que están aumentando los requisitos de denuncia contra la agresión sexual o novatadas en las universidades.

Según el proyecto de ley 212 del Senado, a partir del 1 de enero los empleados de las universidades de Texas podrían enfrentar cargos criminales y perder sus trabajos si no denuncian incidentes de acoso sexual, asalto, acoso o violencia en el noviazgo.

La senadora Joan Huffman, republicana de Houston, dijo que escribió el proyecto de ley para abordar las brechas en el proceso de presentación de informes en algunas universidades. Muchos designan a «representantes obligatorios» para reportar incidentes de este tipo a los coordinadores del Título IX, quienes supervisan la investigación de las quejas bajo la ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo.

Pero estos representantes obligatorios varían según la institución, indicó Huffman.

«Estos informadores diferentes dejan agujeros en el proceso actual de presentación de informes en ciertas instituciones y potencialmente permiten que ciertos incidentes caigan por las grietas o no sean tratados de manera equitativa», aseveró en un correo electrónico.

 

AUMENTO DE

CONCIENCIA

 

Los informes obligatorios pueden aumentar la conciencia sobre la conducta sexual inapropiada y los recursos disponibles para las personas afectadas, dijo Jennifer Smith, coordinadora del Título IX de la Universidad Texas A&M.

Pero también puede poner a las personas que no desean iniciar una investigación del Título IX en una situación incómoda, aseveró.

«Corres el riesgo de volver a victimizar a una víctima, que revela algo confidencial a otra persona», señaló. «Muchos de nuestros profesores y personal han expresado su preocupación por violar esa relación de confianza con sus estudiantes y con otros compañeros de trabajo».

La ley exime a los estudiantes empleados y personal de la escuela que han experimentado mala conducta sexual. Los empleados con confidencialidad designada, como los consejeros y los trabajadores de la salud, solo tienen que informar el tipo de incidente que ocurrió.

 

PENAS

IRREGULARES

 

Eve Shatteen Bell, directora de cumplimiento del Título IX en la Universidad del Norte de Texas, dijo que la ley podría conducir a situaciones en las que la pena por no informar la conducta sexual inapropiada es mayor que la pena para quienes violan las políticas en su contra, pero no pueden ser acusados por un crimen.

«No hay nada obligatorio en caso que te encuentren responsable por acosar sexualmente a alguien para que te despidan o vayas a la cárcel», manifestó.

Las sanciones por violar la ley SB 212 son un delito menor de Clase A, punible con hasta un año de cárcel y una multa de hasta $ 4,000, o un delito menor de Clase B, punible con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta $ 2,000.

Huffman expresó su confianza en los abogados del distrito y del condado para «ejercer su mejor juicio» sobre las sanciones cuando manejen casos penales.

Shatteen Bell también expresó su preocupación por el aumento de informes bajo la ley que obliga a algunas universidades a contratar más personal del Título IX. Bell expresó que la UNT ha visto un aumento en los informes este otoño después de actualizar a las personas sobre la ley.

«Mi mayor preocupación sería el impacto de esto en las universidades más pequeñas que tienen menos recursos financieros», apuntó. «Podría crear cierta inequidad entre las universidades más ricas y las que no tienen tanto acceso financiero».

Otras instituciones, como la Universidad de Texas en Dallas, solo han visto un aumento «marginal» en los informes hasta ahora, indicó Marco Mendoza, director senior de equidad institucional e iniciativas del Título IX.

Huffman dijo que no escuchó ninguna preocupación durante la sesión legislativa sobre las universidades que no pueden manejar el aumento de casos.

«Es imposible saber si habrá o no un mayor número de informes dado que no tenemos muchos datos sobre información de estos incidentes», dijo. «Esto es algo que la Legislatura estará monitoreando durante el próximo año mientras continuamos trabajando con las instituciones en la implementación de las disposiciones de SB 212».

 

RESPUESTA A

ESCANDALOS

 

La ley exige que los coordinadores del Título IX resuman rutinariamente los informes para los presidentes de universidades, una respuesta a los escándalos en los que los administradores de alto rango afirmaron que no sabían qué se había informado o no.

«Solo es apropiado que los funcionarios de más alto rango de la institución estén informados sobre los asuntos de seguridad pública que están ocurriendo en el campus o involucran a sus estudiantes o empleados», precisó Huffman.

Las instituciones también deben publicar información no identificable sobre los informes en sus sitios web una vez cada semestre de otoño y primavera.

Esto será nuevo para la mayoría de las universidades de Texas, que están obligados por la Ley federal Jeanne Clery a publicar información sobre violencia sexual solo si el delito tuvo lugar en propiedades asociadas con la universidad.

La Universidad de Texas en Austin comenzó a publicar informes estadísticos anuales sobre sus casos del Título IX en mayo, pero los estudiantes han estado exigiendo que la universidad también publique una lista de empleados que han violado las políticas de conducta sexual inapropiada.

 

TEXAS,

EJEMPLO

 

La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas deberá presentar un informe a los legisladores para enero de 2021 de las universidades que no cumplan con la ley. La junta podría multar a esas universidades hasta por $ 2 millones.

Estos requisitos y multas hacen de Texas un «conejillo de indias» para el resto del país, dijo Scott Schneider, experto en leyes de educación superior y socio de la firma Husch Blackwell.

«Ningún otro estado ha ido tan lejos como Texas, tanto en términos de informes obligatorios como en la posibilidad de este tipo de multas», aseveró.

Varios estados, incluidos California, Virginia y Florida, han promulgado requisitos de informes para las universidades, pero la SB 212 es notable por ir más allá de la «responsabilidad institucional por no informar a la responsabilidad penal individual», dijo Peter Lake, profesor de Derecho en la Universidad Stetson en Florida quien se especializa en temas del Título IX.

«Realmente no hay nada como la nueva ley de Texas», enfatizó. «Todos van a estar mirando».

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