Autoridades migratorias mexicanas anunciaron el domingo que destinarán más de 7 millones de dólares a indemnizaciones para las familias de los 40 migrantes fallecidos en un centro de detención que se incendió en marzo en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración indicó también que, para garantizar que no se repitan estos hechos, y después de la supervisión de sus instalaciones, está procediendo a “la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas”, y a la instalación de “vidrio plástico, detectores de humo, respiradores y mayor número de extintores”.

El 27 de marzo, un pequeño grupo de extranjeros prendió fuego a una colchoneta en señal de protesta por las condiciones de detención y, en cuestión de segundos, el humo se extendió por el dormitorio sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, s egún pudo apreciarse en las tomas de las cámaras de seguridad. Murieron 40 personas, la mayoría asfixiadas, y 27 resultaron heridas.

Las responsabilidades penales de los hechos están bajo investigación, pero en las primeras audiencias quedaron en evidencia la multitud de irregularidades que presentaban las instalaciones.

Hasta el momento, ocho miembros del INM han sido enjuiciados, seis de ellos por cargos de homicidio. Un guardia de seguridad privada y dos migrantes que presuntamente iniciaron el fuego también están acusados del mismo delito.

Al titular de la agencia migratoria, Francisco Garduño, y otro directivo se les fincaron cargos por ejercicio ilícito de su deber y no proteger a las personas bajo su custodia, pero ambos siguen en sus puestos.

En su texto, el INM responsabiliza del suceso a los dos extranjeros que iniciaron el fuego y a la “pérdida de las llaves” de la celda donde estaban encerrados los hombres, pero no habla de más responsabilidades.
Después del suceso —el más grave ocurrido en unas instalaciones migratorias en México, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó como una grave violación a los derechos humanos_, el INM cerró varias de sus instalaciones para revisarlas. Según la nota de prensa, de las 55 que tenía, continúan funcionando 17 centros de detención con una capacidad para unas 3.700 personas en total, y hay tres “centros integradores” —parecidos a albergues— para otra cantidad similar. El INM indicó también que ya ordenó formalmente a todos sus directivos acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de resolver, en un término no mayor a 36 horas, la situación migratoria de los extranjeros que son detenidos, algo que no se hacía. Además, la agencia migratoria se está haciendo cargo del alojamiento, manutención y servicios médicos de los heridos que siguen en México. En total hubo 27 lesionados. Una decena cruzó a Estados Unidos, ocho se encuentran recuperándose en la capital del país junto a algunos familiares, y del resto se desconoce su paradero.