La reforma fue impulsada originalmente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y consolidada por el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Uno de sus cambios más profundos fue establecer que los ministros serían elegidos mediante voto popular, lo que representa una ruptura con el modelo anterior en el que eran designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. En las elecciones del 1 de junio de 2024, más de 800 cargos judiciales, entre jueces, magistrados y ministros, fueron sometidos a las urnas. Con ello, México dio un paso inédito hacia la democratización del Poder Judicial.

Durante la sesión solemne, Hugo Aguilar Ortiz fue nombrado ministro presidente de la SCJN. En su primer mensaje, reconoció el “hartazgo” social hacia el sistema judicial anterior y aseguró que la refundación de la Corte responde directamente al clamor popular por un Poder Judicial más justo y transparente. “Nuestro compromiso es trabajar todos los días para ganarnos la confianza ciudadana”, afirmó ante legisladores y representantes de los tres poderes de la Unión. Su discurso fue recibido con aplausos, pero también con expectativa sobre cómo se materializarán sus promesas.

El nuevo diseño de la Corte busca agilizar la resolución de casos de gran impacto nacional. Con menos ministros, se espera que los debates sean más dinámicos y que los fallos se emitan en menor tiempo. En el pasado, los procesos podían prolongarse durante meses, lo que alimentaba la percepción de lentitud y burocracia. Sin embargo, especialistas advierten que la reducción del número de integrantes podría implicar una menor diversidad de criterios en la deliberación, lo que hace imprescindible reforzar los mecanismos de transparencia y deliberación pública.

La independencia judicial será otro de los grandes desafíos. Aunque los ministros cuentan ahora con la legitimidad del voto ciudadano, deberán demostrar que son capaces de tomar decisiones sin someterse a intereses políticos o partidistas. El riesgo de que las campañas electorales condicionen el desempeño de los jueces es una preocupación expresada por analistas, quienes subrayan que la verdadera autonomía se pondrá a prueba en los casos que involucren reformas estructurales o controversias con el propio Ejecutivo federal.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayó en la ceremonia que esta refundación no significa una subordinación del Poder Judicial a los otros poderes, sino un replanteamiento institucional que busca devolver la confianza a los ciudadanos. “El país necesitaba un Poder Judicial más cercano y legítimo; hoy damos un paso firme en esa dirección”, señaló. Su mensaje reforzó la idea de que la nueva Corte debe responder a las exigencias de una sociedad que reclama justicia accesible y eficaz.

La elección directa de jueces y ministros también representa un experimento democrático sin precedentes. Para algunos sectores, esta medida permitirá que la ciudadanía tenga un vínculo más estrecho con quienes imparten justicia, rompiendo la imagen de una élite alejada de los problemas cotidianos. No obstante, existe preocupación sobre la politización del Poder Judicial y el riesgo de que las campañas electorales prioricen la popularidad por encima de la capacidad técnica. El tiempo dirá si este modelo logra consolidarse como un mecanismo de legitimación o si genera nuevos desafíos.

Otro aspecto clave de la reforma es la obligación de los ministros de rendir informes periódicos ante el Congreso. Esta medida busca garantizar una mayor rendición de cuentas y reducir la percepción de privilegios que por años acompañó a la figura de los ministros. En la práctica, esto significará que las decisiones de la Corte estarán bajo un escrutinio más amplio, tanto político como ciudadano, lo que podría fortalecer la confianza en el tribunal, pero también aumentar las presiones sobre sus integrantes.

El contexto político en que se da esta transformación es igualmente relevante. Tras las elecciones de 2024, el reacomodo de los poderes públicos en México ha estado marcado por un discurso de transformación profunda. La refundación de la Corte se entiende como parte de este proceso de reconfiguración institucional, donde el equilibrio entre poderes deberá adaptarse a nuevas reglas. El reto será garantizar que la SCJN no pierda su papel como árbitro independiente, capaz de frenar excesos y defender los derechos humanos.

Diversas organizaciones de la sociedad civil siguieron de cerca la ceremonia de protesta y coincidieron en señalar que el verdadero cambio dependerá del desempeño de los ministros en casos concretos. Temas como la protección de comunidades vulnerables, el combate a la corrupción y la defensa de la libertad de expresión serán pruebas decisivas para medir la eficacia y el compromiso del nuevo tribunal. La expectativa ciudadana es alta, y cualquier error podría poner en riesgo la legitimidad ganada en las urnas.

El simbolismo de esta refundación también se relaciona con la historia reciente de México. Durante años, la Suprema Corte fue acusada de actuar como un poder cerrado y distante, más preocupado por mantener privilegios que por resolver los problemas de la gente. La nueva integración pretende romper con esa imagen y abrir una etapa en la que la justicia sea más cercana, más comprensible y más sensible a las demandas sociales. El discurso de Aguilar Ortiz reflejó este espíritu de cambio, aunque también dejó claro que los retos son enormes.

El impacto internacional de la reforma tampoco ha pasado desapercibido. Varios medios y analistas extranjeros han destacado la audacia del modelo mexicano, al introducir la elección popular en un ámbito donde tradicionalmente prevalece la designación técnica. Algunos observadores ven en este cambio una apuesta arriesgada pero innovadora, mientras que otros advierten que podría debilitar la independencia judicial si no se establecen salvaguardas claras. México, de alguna manera, se convierte en un laboratorio de experimentación democrática. En términos prácticos, la nueva Corte ya enfrenta una agenda cargada. Entre los casos que podrían llegar al pleno en los próximos meses están las impugnaciones a reformas en materia energética, controversias electorales y asuntos relacionados con la seguridad pública. Cada decisión será observada no solo por la clase política, sino por una ciudadanía más vigilante y crítica, acostumbrada a exigir resultados concretos y no solo discursos.

En este sentido, el compromiso de Aguilar Ortiz de “ganarse la confianza ciudadana” será puesto a prueba rápidamente. La legitimidad del voto popular otorga un respaldo inicial, pero no garantiza credibilidad automática. La confianza deberá construirse con resoluciones claras, imparciales y alineadas con los principios constitucionales. Cualquier señal de favoritismo político podría erosionar la percepción de independencia y debilitar el proyecto de refundación.

El nuevo diseño de la Corte también obligará a replantear su dinámica interna. Con menos ministros, las discusiones serán más compactas, pero también más intensas, ya que cada voto tendrá un peso decisivo en la resolución de casos. La capacidad de diálogo, la disposición al consenso y el respeto a la pluralidad jurídica serán esenciales para evitar que el tribunal se convierta en un espacio de confrontación estéril.

Finalmente, la refundación de la Suprema Corte representa una oportunidad histórica para transformar la manera en que se imparte justicia en México. El reto no es menor: devolverle credibilidad a un poder que durante años estuvo bajo cuestionamientos. Si los nuevos ministros cumplen con su compromiso de independencia y transparencia, el país podría dar un paso trascendental hacia una justicia más democrática y cercana. Si fallan, el desencanto social podría profundizar la crisis de confianza que precisamente buscaba resolverse con esta reforma.