Para muchas familias inmigrantes, la escuela es un refugio seguro para sus hijos. Sin embargo, la amenaza de redadas dentro o en las cercanías de estos espacios ha provocado que algunos padres eviten enviar a sus hijos a clases, lo que impacta directamente en la educación de miles de estudiantes. El miedo a la deportación no solo afecta a quienes son indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses con familiares sin estatus legal.

Las redadas y operativos migratorios en zonas escolares han sido documentados en diferentes momentos de la historia reciente. En 2019, se reportaron casos de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) vigilando escuelas y deteniendo a padres al recoger a sus hijos. También ha habido incidentes donde autobuses han sido detenidos en retenes, obligando a los pasajeros a presentar documentos.

El temor a la deportación ha tenido un impacto psicológico profundo en niños y adolescentes de familias migrantes. Investigaciones han demostrado que el estrés generado por la incertidumbre migratoria puede provocar problemas de ansiedad, depresión y dificultades de aprendizaje. Los maestros y consejeros escolares han señalado que muchos estudiantes muestran señales de angustia por el miedo a perder a sus padres.

Las autoridades educativas han tratado de responder a estas preocupaciones emitiendo directrices que protejan a los estudiantes dentro de las instalaciones escolares. En algunos distritos de California y Nueva York, por ejemplo, se han implementado políticas que prohíben la entrada de agentes migratorios sin una orden judicial. Sin embargo, en Texas y otros estados conservadores, estas protecciones no siempre están garantizadas.

Las organizaciones de derechos humanos han criticado las redadas en áreas escolares, argumentando que violan los principios básicos de protección infantil. Aseguran que las escuelas deben ser lugares donde los niños se sientan seguros y protegidos, no espacios de vigilancia y temor. Estas organizaciones han exhortado al gobierno federal a establecer lineamientos claros que prohíban operativos en entornos educativos.

El debate sobre la aplicación de leyes migratorias en Texas se ha intensificado en los últimos meses, especialmente ante el aumento de operativos en zonas urbanas y rurales. El gobernador Greg Abbott ha adoptado una postura dura en materia migratoria, impulsando políticas que refuerzan la cooperación entre autoridades estatales y federales en la detención de inmigrantes.

Por otro lado, activistas y defensores de los derechos de los migrantes han trabajado en estrategias para informar y proteger a las familias afectadas. Han distribuido guías sobre los derechos de los estudiantes y sus padres, enfatizando que no están obligados a responder preguntas de agentes migratorios sin una orden judicial. También han organizado redes de apoyo para quienes enfrenten detenciones.

El impacto de estas políticas va más allá de la comunidad migrante. Los distritos escolares en áreas fronterizas han expresado su preocupación por el posible descenso en la asistencia de estudiantes debido al miedo de sus familias. Menos alumnos en las aulas significa menos fondos para las escuelas, lo que puede afectar la calidad educativa y los programas escolares. Además del impacto en la educación, las redadas pueden alterar la dinámica social y económica de las comunidades. Muchas familias migrantes contribuyen significativamente a la economía local a través de su trabajo en la construcción, la agricultura y los servicios. Su deportación masiva podría generar vacíos laborales difíciles de llenar.

A nivel político, el tema sigue siendo un punto de fricción entre el gobierno federal y las administraciones estatales. Mientras la Casa Blanca ha tratado de equilibrar la aplicación de la ley con políticas humanitarias, los gobiernos estatales republicanos han presionado por medidas más estrictas. Este conflicto ha resultado en acciones contradictorias que generan confusión entre las familias afectadas.

En la comunidad educativa, la incertidumbre sobre el papel de la Patrulla Fronteriza y de ICE dentro de los espacios escolares ha llevado a debates sobre la necesidad de protocolos claros. Aunque algunos distritos han reafirmado su compromiso con la protección de los estudiantes, otros han preferido mantenerse al margen, temiendo represalias políticas. A pesar de la desmentida de la Patrulla Fronteriza sobre los operativos en autobuses escolares, la declaración inicial del Distrito Escolar de Alice refleja una preocupación real dentro de la comunidad. La desinformación y la falta de comunicación clara por parte de las autoridades solo aumentan el temor y la ansiedad entre los afectados. El papel de los medios de comunicación en este tema es clave. Reportes sobre redadas en escuelas pueden generar pánico si no se presentan con precisión. Al mismo tiempo, la cobertura responsable puede servir para informar a las comunidades y ofrecerles herramientas para enfrentar posibles escenarios de detención.

El futuro de las políticas migratorias en Texas sigue siendo incierto. Con elecciones en el horizonte y un debate migratorio cada vez más polarizado, es probable que el tema de los operativos en escuelas y otras áreas sensibles continúe siendo un punto de discusión. Mientras tanto, las familias migrantes siguen viviendo con el miedo de ser separadas. En un contexto de leyes estrictas y políticas cada vez más severas, la necesidad de estrategias comunitarias de apoyo y defensa de los derechos humanos se vuelve más urgente que nunca.

Gobierno de Trump comienza en Chicago la guerra contra los santuarios de migrantes

“Chicago es y seguirá siendo una ciudad acogedora” de migrantes, afirmó el alcalde Brandon Johnson

La segunda Administración Trump arrancó esta semana en Chicago (Illinois) su nueva guerra contra el movimiento “santuario” en EE.UU., nacido en la década de 1980 para proteger a refugiados centroamericanos y que actualmente cobija a migrantes en general en diez estados y decenas de jurisdicciones locales.

Chicago, que tiene una de las protecciones de migrantes más sólidas dentro del movimiento, y el estado de Illinois enfrentan la primera demanda judicial del Gobierno de Donald Trump, que ha ordenado la retención de recursos federales a las administraciones que impulsan estas políticas.

Las ciudades, condados y estados santuarios son jurisdicciones que limitan en ciertos casos, en detenciones y deportaciones, su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y otras autoridades federales de migración.

La demanda busca apoyo de la corte para bloquear también los santuarios ofrecidos por otros estados, condados y urbes como Los Ángeles, Nueva York, Houston o Atlanta, que también tienen una alta presencia de migrantes indocumentados.

Para Fred Tsao, de la Coalición de Illinois para la defensa de Inmigrantes y Refugiados, la ciudad y el estado de Illinois se enfrentan a “ataques legales reciclados y sin fundamento por parte de la administración Trump”.

Señaló a EFE que son sólidas y constitucionales las políticas “de no participar en asuntos de inmigración civil”.

Centroamericanos, el origen de la protección
El movimiento santuario surgió cuando el gobierno federal denegó el asilo a migrantes de países centroamericanos políticamente inestables, y varias iglesias del suroeste del país se declararon públicamente santuario para los refugiados en 1982.

Chicago lo es desde que en 1985 cuando el entonces alcalde Harold Washington firmó una orden ejecutiva, pero se fortaleció después de que Trump asumió por primera vez en 2017.

La principal ciudad de Illinois prohíbe la cooperación entre la policía de la ciudad y los agentes de inmigración, mientras que el condado de Cook, donde se asienta, dejó de colaborar en 2011 con las peticiones de ICE de prolongar la detención de indocumentados en las cárceles sin una orden judicial. El Departamento de Justicia (DOJ) alega en su demanda que las leyes que rigen en Chicago deben ser declaradas inconstitucionales, porque obstaculizan la aplicación de las leyes de inmigración.

Pide a un juez federal que prohíba al alguacil del condado de Cook de Illinois, a Chicago y otras ciudades del estado, utilizar las leyes locales que protegen a los inmigrantes y obstaculizan la aplicación de la ley federal.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, pidió al DOJ que suspenda la entrega de fondos a las ciudades santuario, hasta que se complete una revisión.

Esta medida ya fue intentada por la primera Administración Trump (2017-2021), pero fue derrotada en los tribunales en 2020. El panorama se complican ahora porque el presidente cuenta con un poder judicial afín, inclusive en el Tribunal Supremo. “El presidente cree que esta vez le irá mejor, al contar con jueces afines que no harían lugar a los recursos presentados contra sus decretos”, se lamentó Tsao.

También durante el primer mandato de Trump, su administración impugnó la ley de santuario de California, pero la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el caso en 2020.

La primeras demanda
La demanda de este jueves es contra la Ley de Confianza del estado (TRUST) de 2017, promulgada por el predecesor del actual gobernador demócrata JB Pritzker, el republicano Bruce Rauner, y que prohíbe que las fuerzas del orden estatales y locales se involucren en tareas de migración.  Sin embargo permite la coordinación cuando hay una orden penal federal involucrada.

Según la demanda, esta ley y otras normativas locales y estatales, “están diseñadas para interferir y discriminar la aplicación de la ley federal de inmigración”. “Illinois defenderá nuestras leyes que priorizan los recursos policiales para combatir el crimen y permiten que las fuerzas del orden estatales ayuden a detener a los delincuentes violentos”, señaló Pritzker.

“En lugar de trabajar con nosotros para apoyar a las fuerzas del orden, la Administración Trump está haciendo que sea más difícil proteger al público, tal como lo hicieron cuando Trump indultó a los delincuentes violentos condenados el 6 de enero (por el asalto al Capitolio)”, agregó.

“Chicago es y seguirá siendo una ciudad acogedora”, afirmó el alcalde Brandon Johnson.

“La seguridad de los residentes de Chicago sigue siendo la prioridad de mi administración. Chicago seguirá protegiendo a los trabajadores de nuestra ciudad”, agregó.

“Buscaremos todas las oportunidades legales para defender los programas en los que creemos”, afirmó la presidenta de la Junta de comisionados del condado Cook, Toni Preckwinkle.

El miedo a las redadas trastoca las vidas de los migrantes en las calles de Nueva York

Las vidas de cientos de migrantes que venden comida en puestos callejeros de Nueva York, la de los jornaleros que son contratados día a día, la de los repartidores de restaurantes y la de aquellas que se ocupan del servicio doméstico han dado un vuelco ante el temor desatado por las redadas puestas en marcha por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La Incertidumbre, la ansiedad y el miedo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) explican la merma en la presencia de vendedores o de jornaleros en distintos barrios de la ciudad, aunque otros continúan adelante con sus vidas arriesgándose a que aparezca “la migra”.

“Es mucho el miedo, pero es más la necesidad”, cuenta un mexicano de 47 años que sale cada día a ofrecerse como obrero de la construcción. Como los demás, no quiere dar su nombre, y reconoce que son muchos sus compatriotas que han dejado de salir a la calle en busca de trabajo para no ser vistos.

Andrés (nombre supuesto) vende flores en un pequeño local: “Pago  mil 500 dólares por este local y mil 500 de alquiler de mi hogar”, dice. Admite estar preocupado porque su documento de residencia venció y está en espera de que las autoridades de inmigración lo renueven.

“Dijeron que arrestarán a quienes han cometido un crimen pero yo nunca he tenido un problema. Que nos lleven si pueden, ¿Qué vamos a hacer?”, se resigna otra inmigrante irregular que vende sus tamales en El Barrio latino de Harlem, donde hay una gran comunidad mexicana. También los vendedores ambulantes escasean estos días. Se estima que en esta ciudad hay 23 mil vendedores ambulantes, la mayoría de México, Ecuador, Egipto y Senegal y que un 57% se identificó como indocumentado en una reciente encuesta, destaca el portal web Tthecity.nyc.

Jornaleros para la construcción, las mudanzas o la limpieza en Nueva York
Otros inmigrantes ganan su sustento como jornaleros, y cada día acuden a paradas de autobuses, gasolineras o establecimientos comerciales en busca de empleo temporal en la construcción o de unas horas en mudanzas, limpieza de hogares o patios. Caridades Católicas opera dos centros donde les ofrecen servicios en El Bronx y Yonkers (condado de Westchester). Según Lucía Goyen, al frente de ambos centros, han detectado una menor afluencia en los puntos donde acuden a la espera de ser contratados, en parte por las temperaturas gélidas “pero después del 20 (de enero cuando juró Trump) hay más miedo y menos gente”, que además no están seguros de si quieren esperar y hacerse así “más visibles” a ICE.

Según ella, frente a una cifra de 30 a 40 jornaleros, ahora apenas se ve menos de una decena.

De acuerdo con Goyen, un efecto que han tenido las redadas es el temor de acudir a un tribunal por casos de discriminación o robo de su salario.”No quieren seguir (con sus casos) por temor a ICE, saben que tienen derechos pero no quieren pelear por ellos”, afirma.

La organización New Immigrant Community Empowerment (NICE), que también brinda servicios a jornaleros, en la zona metropolitana de Nueva York, indicó que aunque no han visto una merma sí hay “incertidumbre por lo que pueda pasar, de cómo les afecta lo que ven y oyen en los medios, pero tienen que seguir trabajando”.

El temor e inseguridad es compartido por los repartidores de comida o ‘deliveristas’, que fueron clave durante la pandemia en Nueva York y en diversos puntos del país.

“Ya no se juntan para conversar como antes, cada cual va por para su lado, hay temor”, de que ICE se fije en ellos y los detenga, comentó a EFE el guatemalteco Gustavo Ajche, fundador de Deliveristas Unidos.

Antonio, otro líder del grupo, destacó que también hay temor de ir al tribunal si reciben una multa y que incluso no confían si ven a un policía.

“Los ‘deliveristas‘ nos cuidamos” comunicándose por su grupo de WhatsApp de cualquier novedad.