Durante el período comprendido entre febrero y noviembre de 2021, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no cumplió completamente con las instrucciones del presidente Joe Biden de priorizar las detenciones de indocumentados que fueran considerados amenazas para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la seguridad pública. Este era un cambio significativo con respecto a las políticas de persecución indiscriminada de inmigrantes establecidas durante la administración Trump. El informe revela que al menos un 35% de las detenciones realizadas por el ICE durante ese período involucraron a personas que no cumplían con el perfil de amenaza delineado por la administración Biden. Esta discrepancia entre la política declarada y la aplicación real de la ley plantea cuestionamientos sobre la consistencia en la implementación de las políticas migratorias. Uno de los aspectos más alarmantes destacados en el informe es el trato inhumano a inmigrantes bajo custodia. Durante una ola de calor en el desierto de Arizona, se encerró a grupos de hasta 50 personas en corrales al aire libre, sin protección contra el sol, lo que violaba una provisión judicial destinada a evitar tratamientos crueles e inhumanos.

Es fundamental destacar que la mayoría de estas detenciones fuera de la ley afectaron a ciudadanos mexicanos. Esto pone de manifiesto la importancia de considerar las relaciones bilaterales y los derechos de los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Encabezado: «Preocupación por Detenciones Irregulares de Inmigrantes en los Estados Unidos»

La situación documentada en el informe plantea preocupaciones sobre la coherencia entre la política migratoria declarada y su implementación real, así como la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos y las normas legales en el trato a los inmigrantes.

El informe del American Immigration Council expone preocupaciones significativas sobre la implementación de políticas de detención de inmigrantes en los Estados Unidos. A pesar de la instrucción de la administración Biden de que las acciones contra personas que no son consideradas amenazas para la seguridad solo debían ejecutarse con permiso por escrito de oficiales del propio ICE, el informe revela que el ICE estableció un «proceso de pre-aprobación» que, según los datos, no funcionó como un control efectivo sobre la agencia, sino más bien como una aprobación automática para las acciones de los oficiales.

Entre febrero y noviembre de 2021, se observó que las personas de nacionalidad mexicana representaron el grupo más grande sujeto a acciones de ICE clasificadas como «otra» prioridad, con más de 12,000 acciones de cumplimiento, lo que constituye el 53.7% del total de acciones en esta categoría. Los guatemaltecos ocuparon un segundo lugar distante, con 2,633 acciones. Estas cifras resaltan el hecho de que las detenciones de inmigrantes no amenazantes para la seguridad fueron más frecuentes de lo que se había anticipado.

En el contexto de estas revelaciones, es importante tener en cuenta tres conclusiones clave:

Necesidad de Supervisión Rigurosa: La implementación de políticas de detención de inmigrantes debe ser objeto de una supervisión rigurosa y efectiva para garantizar que se ajusten a los estándares legales y a los derechos humanos. El «proceso de pre-aprobación» que sirvió en gran medida como una aprobación automática plantea preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la supervisión interna.

Impacto en la Comunidad Mexicana: La comunidad mexicana fue la más afectada por estas detenciones fuera de la ley, lo que resalta la importancia de considerar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México y el respeto de los derechos de los migrantes en la frontera.

Revisión y Reforma de Políticas: La administración Biden debe revisar y reformar sus políticas de detención de inmigrantes para garantizar que se ajusten a las prioridades federales de aplicación de la ley y al respeto de los derechos humanos. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en este proceso.

La situación subraya la necesidad de un enfoque más consistente y humano en la aplicación de las políticas de inmigración en los Estados Unidos. Los hallazgos de este informe plantean interrogantes sobre la coherencia en la implementación de las políticas migratorias y el respeto de los derechos humanos en el país.

El gobierno del ex presidente Donald Trump definió como prioridad oficial detener a cualquier persona que estuviera en Estados Unidos sin autorización.

Esto cambió al llegar Joe Biden, quien redujo las prioridades para excluir a la mayoría de los migrantes sin papeles: en enero y febrero de 2021 –apenas tomar posesión de su cargo–, emitió nuevas directrices para que el ICE se enfocara en personas que sean consideradas amenazas para la seguridad nacional, pública y fronteriza.

Para aplicar estas normas, fue distribuido un memorándum a todos los funcionarios del ICE estableciendo la exigencia de permisos por escrito para arrestos y remociones de personas que no sean valoradas como riesgosas para la seguridad.

Algunos gobernadores del Partido Republicano y próximos al ex presidente Trump, como los de Texas y Louisiana, presentaron demandas judiciales contra las nuevas reglas. En junio de 2022, una corte federal de Texas suspendió la aplicación de los nuevos lineamientos, pero el 23 de junio de 2023, la Suprema Corte votó 8 a 1 a favor de la administración Biden porque los estados carecen de autoridad para oponerse a las decisiones federales sobre arrestos y deportaciones. De manera que esas normas deben ser reconstituidas.

Sobre el terreno, las cosas fueron diferentes desde el principio, según encontraron los autores del informe. Gracias a que también se impuso la obligación de registrar los procedimientos del ICE contra cada migrante, pudieron detectar que, en el mencionado periodo de 2021, en por lo menos 35 por ciento de los casos “las acciones correspondieron a actividades que estaban fuera de las prioridades”, es decir, que las hicieron contra migrantes que no representaban una amenaza contra la seguridad.

El cambio en la política de detención de inmigrantes entre las administraciones de Donald Trump y Joe Biden marcó un giro significativo en las prioridades. Trump había definido como prioridad detener a cualquier persona en Estados Unidos sin autorización, mientras que Biden, al asumir el cargo en enero y febrero de 2021, emitió nuevas directrices para que el ICE se enfocara en personas consideradas amenazas para la seguridad nacional, pública y fronteriza. Esto incluyó la exigencia de permisos por escrito para arrestos y remociones de personas que no fueran consideradas riesgosas para la seguridad. A pesar de algunos desafíos legales, la Suprema Corte respaldó la autoridad federal en este asunto, aunque el informe revela que al menos el 35% de las detenciones realizadas durante ese período no cumplían con las nuevas prioridades, afectando a migrantes que no representaban una amenaza.