La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general una serie de reformas a la Ley General de Población con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones, en una sesión que generó amplio debate sobre los límites entre seguridad, tecnología y privacidad ciudadana.

La principal modificación contemplada en la iniciativa es la creación de una nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con elementos biométricos. Este nuevo documento incluiría fotografía del rostro y huellas dactilares, con el objetivo de convertirlo en una credencial oficial de identidad válida en todo el país.

De acuerdo con los legisladores que promovieron la reforma, esta nueva CURP biométrica busca mejorar la seguridad nacional, prevenir suplantación de identidad, y facilitar trámites en instituciones públicas y privadas, creando un sistema de identificación único y más confiable.

Además del componente biométrico, uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la posibilidad de que las autoridades puedan contar con sistemas de geolocalización en tiempo real de las personas inscritas en el padrón poblacional. Este apartado ha generado preocupación entre sectores de la sociedad civil y grupos legislativos de oposición.

Los defensores de la reforma aseguran que la incorporación de tecnologías avanzadas de identificación permitirá modernizar el sistema de registro civil, mejorar la coordinación institucional y combatir con mayor eficacia delitos como el fraude, la trata de personas y el robo de identidad.

Sin embargo, diputadas y diputados de oposición cuestionaron la reforma al considerar que no existen garantías claras sobre la protección de los datos personales y la privacidad de los ciudadanos. Afirmaron que la legislación abre la puerta a la vigilancia masiva, el rastreo injustificado y el uso político de la información ciudadana.
Organizaciones defensoras de los derechos digitales han advertido que sin un marco sólido de protección de datos, la CURP biométrica podría volverse un instrumento de control autoritario, y recordaron experiencias internacionales donde sistemas similares han sido utilizados para restringir libertades.

Otro de los temas sensibles del dictamen es la falta de un órgano autónomo que regule el uso, almacenamiento y acceso a los datos biométricos. Actualmente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) atraviesa una crisis de operación, lo que incrementa las dudas sobre la supervisión efectiva del nuevo sistema.

Algunos expertos en derecho constitucional han señalado que estas medidas podrían entrar en conflicto con los artículos de la Constitución que protegen el derecho a la privacidad, a la libre movilidad y a no ser objeto de vigilancia sin orden judicial.

Pese a la polémica, la mayoría parlamentaria argumentó que el fortalecimiento de una identidad digital confiable es urgente en el contexto actual, donde muchas transacciones y trámites se realizan en línea, y donde la ciberseguridad se ha vuelto un tema prioritario a nivel global. Durante la discusión del dictamen, también se abordaron temas relacionados con desaparición forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Sin embargo, debido a la sensibilidad de estos puntos, se acordó por consenso que dichas reformas se discutirán y votarán por separado en una próxima sesión.

La reforma ahora pasará al Senado de la República, donde se prevé que el debate también sea intenso, particularmente en torno al uso de datos biométricos y la posible geolocalización de personas sin orden judicial previa. Diversas bancadas ya han anticipado reservas.

La discusión de esta reforma ocurre en un contexto en el que el país ha avanzado en la digitalización de servicios públicos, pero también enfrenta retos graves en materia de derechos humanos, protección de datos y confianza ciudadana en las instituciones. El Gobierno Federal ha expresado su respaldo a la iniciativa, destacando que se trata de una medida de modernización necesaria y que se garantizará la protección de los derechos individuales. Sin embargo, no ha detallado cómo se regulará el acceso, almacenamiento y uso de los datos biométricos.

Con información de EFE