De acuerdo con fuentes cercanas al Pentágono, el despliegue tiene como objetivo “mantener el orden y proteger instalaciones federales” en zonas donde se han registrado protestas y disturbios en las últimas semanas. Sin embargo, varios gobernadores demócratas han acusado a Trump de utilizar las fuerzas militares con fines políticos y de intentar intimidar a los estados que se oponen a sus políticas migratorias y de seguridad.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó la medida a través de su cuenta en la red social X, donde expresó su apoyo al presidente. “Puedes hacer cumplir completamente la protección para los empleados federales o hacerte a un lado y dejar que la Guardia de Texas lo haga”, escribió Abbott, defendiendo la decisión como una acción necesaria para “mantener la ley y el orden” en tiempos de incertidumbre nacional.

El comentario del gobernador texano se produjo mientras autoridades de Oregon y California esperaban la resolución de un juez federal sobre una solicitud urgente para detener temporalmente el despliegue de tropas en sus estados. En Portland, Oregon, las tensiones han ido en aumento tras la presencia de fuerzas federales en operativos de seguridad que muchos residentes consideran excesivos y fuera de jurisdicción estatal.

Un portavoz del Departamento de Defensa confirmó que cerca de 200 miembros de la Guardia Nacional de California que se encontraban de servicio en Los Ángeles estaban siendo reasignados a Portland. Según la información proporcionada, el traslado responde a “necesidades operativas inmediatas” ordenadas directamente por el Ejecutivo federal.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, expresó su inconformidad y aseguró que no ha habido comunicación oficial entre su oficina y el gobierno federal sobre el envío de tropas. “Nos enteramos por terceros, no por canales formales. Este tipo de decisiones deberían tomarse en coordinación con las autoridades locales, no por imposición”, declaró durante una rueda de prensa el domingo por la tarde.

Kotek agregó que aproximadamente 100 efectivos llegaron a Oregon el sábado y que otros 100 estaban en camino el domingo, lo que eleva la preocupación por el aumento de la presencia militar en las calles. En redes sociales, varios ciudadanos manifestaron su inquietud por lo que consideran una “militarización encubierta” del espacio civil.

En California, el gobernador Gavin Newsom también expresó su rechazo a la medida, advirtiendo que hasta 300 miembros federalizados de la Guardia Nacional podrían ser enviados fuera del estado sin previo aviso. “No se trata solo de una diferencia política, se trata de la autoridad de los estados y de la soberanía de nuestras decisiones locales”, dijo Newsom en una conferencia de prensa en Sacramento.

La Casa Blanca, por su parte, defendió la decisión asegurando que el despliegue responde a la necesidad de “restaurar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las leyes federales”. Voceros de Trump insistieron en que la medida es temporal y que los efectivos permanecerán bajo mando militar federal únicamente durante el periodo necesario para estabilizar las zonas de conflicto.

Sin embargo, expertos legales y exfuncionarios del Pentágono advierten que la acción podría desencadenar una nueva batalla judicial sobre los límites del poder presidencial. La federalización de tropas estatales sin el consentimiento de los gobernadores es un asunto delicado que históricamente ha provocado enfrentamientos entre los gobiernos locales y el Ejecutivo.

La decisión también se enmarca en un contexto político tenso, a pocos meses de las elecciones de medio término y en medio de crecientes divisiones sobre la política migratoria y la seguridad fronteriza. Texas, un estado clave para Trump, ha sido uno de sus principales bastiones de apoyo, mientras que Oregon y California han sido bastiones de oposición constante.

Analistas señalan que el movimiento podría formar parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para proyectar una imagen de autoridad y firmeza ante su base electoral. No obstante, advierten que el costo político podría ser alto si la medida se percibe como una invasión a la autonomía estatal.

En varias ciudades donde se anticipa el despliegue, grupos de derechos civiles ya preparan manifestaciones y recursos legales. Organizaciones como la ACLU han denunciado que la presencia de tropas federalizadas podría escalar la violencia en lugar de reducirla, y pidieron al Congreso investigar los alcances de la orden ejecutiva.

Funcionarios estatales buscan frenar en la Corte despliegue de la Guardia Nacional
Los eventos en Oregon ocurren un día después de que el gobernador de Illinois hiciera un anuncio similar con respecto a que se estaba activando a efectivos del estado.

Kotek dijo que el movimiento más reciente de los funcionarios federales es un intento de eludir la decisión del tribunal del sábado que bloqueó el despliegue de los miembros de la guardia de Oregon.

“Los hechos sobre el terreno en Oregon no han cambiado”, declaró Kotek durante una conferencia de prensa el domingo. «No hay necesidad de intervención militar en Oregon. No hay insurrección en Portland, no hay amenaza a la seguridad nacional».

El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, dijo que su estado, junto con la ciudad de Portland y California, intentan obtener una orden de restricción temporal enmendada contra el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional.

«Lo que era ilegal ayer es ilegal hoy», manifestó Rayfield. “La orden de la jueza no fue un punto menor de procedimiento para que el presidente lo eludiera, como hace mi hijo de 14 años cuando no le gustan mis respuestas”.

Rayfield agregó que Oregon “de ninguna manera formará parte del intento del presidente de normalizar el uso del ejército de Estados Unidos en nuestras ciudades estadounidenses”.

Newsom, de filiación demócrata, indicó en un comunicado que el personal de California estaba en camino el domingo, y dijo que el despliegue es «un abuso impresionante de la ley y el poder». Mencionó que estos efectivos fueron «federalizados» y puestos bajo el control del presidente hace meses a pesar de las objeciones de él (Newsom), en respuesta a disturbios en Los Ángeles.

«El comandante en jefe (de las fuerzas armadas) está utilizando al ejército como un arma política contra los ciudadanos estadounidenses», denunció Newsom.

Trump despliega a la Guardia Nacional en California y va por más estados

Trump desplegó soldados de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles en junio para hacer cumplir la ley de inmigración, y no tiene fundamentos legales para reemplazarlos en Oregon con otro propósito, se afirma en el documento judicial del domingo.

«No pueden seguir manteniendo como rehenes a los miembros federalizados de la Guardia Nacional al alterar su misión y enviarlos a otro estado», decía el documento.

La demanda hace notar que el presidente tiene la autoridad para desplegar efectivos de la Guardia Nacional bajo circunstancias muy específicas: repeler una invasión, suprimir una rebelión o hacer cumplir las leyes federales.

«No hay rebelión en Portland», apuntó el documento.

El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Portland ha sido recientemente escenario de protestas nocturnas. Una jueza federal designada por Trump en Oregon le prohibió temporalmente el sábado al gobierno desplegar a la Guardia Nacional de Oregon en Portland para proteger la propiedad federal, en medio de protestas después de que Trump dijera que la ciudad estaba «devastada por la guerra».

Funcionarios de Oregon y residentes de Portland dijeron que esa descripción era ridícula. La protesta era relativamente pequeña y estaba limitada a sólo una cuadra de la ciudad de 650 mil habitantes, señaló Kotek.

La jueza federal Karin Immergut, quien fue designada por Trump durante su primer mandato, emitió la orden en un momento en que se prevén más argumentos en una demanda presentada por el estado y la ciudad. Dijo que las protestas relativamente pequeñas de la ciudad no justifican el uso de fuerzas federalizadas, y que tal uso podría afectar la soberanía estatal de Oregon.

El fiscal general de California, Rob Bonta, indicó que el presidente está «apuntando específicamente a ciudades que se inclinan hacia los demócratas», o que tienen líderes y residentes que alzan la voz contra los abusos de poder del gobierno.

«Es nuestra Guardia Nacional, la Guardia Nacional de California, no la Guardia Real de Trump, como él parece pensar», declaró Bonta durante una conferencia de prensa el domingo por la noche. «Trump no puede usar nuestras fuerzas militares como su propia fuerza policial personal».

El alcalde de Portland, Keith Wilson, señaló el domingo que vio a agentes federales involucrados en lo que dijo es un uso injustificado de la fuerza y rociando indiscriminadamente gas lacrimógeno y municiones de impacto durante una protesta afuera de las instalaciones del ICE.

«Este es un enfoque agresivo que intenta inflamar la situación, que de otro modo ha sido pacífica», apuntó Wilson.

Portland le ha avisado a la división de derechos civiles del Departamento de Justicia sobre las acciones de los agentes, agregó.

Trump ha dicho que Portland y Chicago son ciudades azotadas por la delincuencia y los disturbios. Desde que comenzó su segundo mandato, ha enviado o hablado de enviar soldados a 10 ciudades.

El mandatario autorizó el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois para proteger a agentes activos federales en Chicago el sábado.

La oficina del gobernador de Illinois, JB Pritzker, señaló que la situación en Chicago «no requiere el uso del ejército y, como resultado, el gobernador se opone al despliegue de la Guardia Nacional bajo cualquier estatus». Pritzker no recibió ninguna llamada de funcionarios federales sobre el despliegue, indicó su oficina.

Mientras tanto, en Texas, algunos sectores celebran la decisión como una muestra de liderazgo y cooperación entre el estado y la Casa Blanca. Sin embargo, otros cuestionan si la Guardia Nacional texana debería ser utilizada para operaciones fuera de sus fronteras, especialmente en momentos en que el propio estado enfrenta desafíos de seguridad en la frontera sur.

El debate sobre el uso de las fuerzas estatales bajo control federal vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿dónde termina la autoridad del presidente y dónde comienza la autonomía de los estados? Por ahora, lo único claro es que la orden de Trump ha abierto un nuevo frente político y legal que promete marcar las próximas semanas en la vida política del país.