En Texas, se espera que miles de manifestantes salgan a las calles de Austin, Dallas, y San Antonio. En redes sociales, los organizadores han pedido mantener las protestas pacíficas y denunciar cualquier intento de provocación. No obstante, el Gobierno estatal ha advertido que responderá con fuerza ante cualquier acto de violencia o alteración del orden.

Esta será la segunda ola de manifestaciones bajo el lema “No Kings”, luego de la primera jornada que tuvo lugar en junio y que, en su mayoría, transcurrió sin incidentes graves. En aquel momento, también se desplegó a la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública, lo que marcó un precedente para el manejo de estas movilizaciones.

Abbott ha vinculado públicamente las protestas con el movimiento Antifa, al que acusó de promover disturbios y sabotajes en anteriores manifestaciones. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden esas afirmaciones. El gobernador insistió en que no permitirá que “grupos radicales destruyan la paz y la estabilidad del estado”.

El senador texano Ted Cruz también se sumó a la narrativa del gobernador, al pedir una investigación federal sobre la financiación de las organizaciones detrás de la convocatoria. Según Cruz, existe un “interés coordinado” para desestabilizar al país y desacreditar al Gobierno de Trump, aunque no ofreció detalles sobre los presuntos responsables.

La tensión ha aumentado desde que el presidente Trump firmó, en septiembre pasado, un decreto presidencial que designa a Antifa como una “organización terrorista”. Sin embargo, esta designación ha sido cuestionada por expertos legales, ya que no existe una legislación que permita al Ejecutivo etiquetar a un grupo interno como terrorista sin un proceso judicial.

Pese a ello, la Casa Blanca ha defendido la medida como parte de su política de “orden y ley”, argumentando que los disturbios y actos de vandalismo de años recientes han sido impulsados por grupos que operan bajo la ideología antifascista. Los críticos, sin embargo, sostienen que la decisión busca criminalizar la disidencia política y coartar la libertad de expresión.

Antifa, cuyo nombre proviene de “antifascismo”, no es una organización formal sino un movimiento descentralizado integrado por individuos y colectivos autónomos que comparten posturas políticas contra el autoritarismo, el racismo y el supremacismo blanco. Muchos de sus participantes actúan de manera local y sin jerarquías, lo que dificulta su identificación o control.

El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense ha señalado que los movimientos antifascistas suelen operar de manera independiente y que sus tácticas varían según el contexto político y social de cada región. En algunos casos, su presencia se limita a manifestaciones simbólicas, mientras que en otros se ha vinculado con enfrentamientos callejeros.

En Texas, las fuerzas del orden han intensificado la vigilancia sobre grupos activistas y páginas en redes sociales que promueven la movilización del sábado. Algunos manifestantes han denunciado que esta práctica constituye una forma de intimidación y vigilancia ideológica, especialmente en un estado con una creciente población joven y latina políticamente activa.

Austin, conocida por su ambiente progresista, ha sido escenario de múltiples manifestaciones en los últimos años, muchas de ellas en defensa de los derechos de los inmigrantes, la justicia racial y el acceso al voto. Líderes comunitarios locales han pedido mantener la calma y no caer en provocaciones, reiterando que las protestas deben ser pacíficas y centradas en el mensaje democrático.

La decisión de Abbott de desplegar la Guardia Nacional también ha generado debate dentro del propio estado. Algunos sectores conservadores la consideran una medida preventiva necesaria, mientras que grupos de derechos civiles la ven como un intento de militarizar las calles y suprimir el derecho a la libre expresión.

Analistas políticos destacan que el contexto actual es particularmente delicado. Las elecciones presidenciales de 2026 están cada vez más cerca y la administración Trump busca proyectar una imagen de fuerza ante sus seguidores, mientras enfrenta críticas por su manejo de la economía y la política migratoria.

En los últimos meses, Texas se ha convertido en un epicentro de las tensiones nacionales entre el Gobierno federal y las autoridades locales. Las políticas sobre migración, seguridad fronteriza y derechos civiles han provocado enfrentamientos tanto en los tribunales como en el discurso público.

El despliegue de tropas también revive recuerdos de episodios pasados, como las manifestaciones de 2020 tras el asesinato de George Floyd, donde la Guardia Nacional fue utilizada para contener protestas en múltiples ciudades. En aquella ocasión, se reportaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

Los organizadores del movimiento “No Kings” aseguran que su objetivo es defender la democracia estadounidense frente a lo que consideran una “concentración excesiva de poder” en el Ejecutivo. El nombre del movimiento, “Sin Reyes”, hace referencia al rechazo a cualquier figura política que actúe como monarca en una república fundada sobre principios democráticos.

Para muchos participantes, estas movilizaciones representan un llamado a la reflexión sobre el rumbo político del país. “No se trata solo de Trump”, han dicho varios activistas, “se trata de proteger el derecho a disentir sin miedo, de defender la Constitución y el poder del pueblo”.

Las autoridades estatales mantienen desplegados a cientos de efectivos en Austin, incluyendo unidades de respuesta rápida y vehículos blindados ligeros. Se espera que el operativo se extienda durante todo el fin de semana para prevenir posibles disturbios posteriores.

Mientras tanto, las organizaciones comunitarias han organizado marchas, vigilias y foros ciudadanos para promover un mensaje de paz y participación cívica. En barrios latinos de Dallas y Houston, grupos locales planean actividades culturales y mensajes en español para fomentar la unidad y la no violencia. La comunidad latina en Texas observa con atención lo que ocurra este fin de semana. Muchos consideran que el aumento de la tensión política y la militarización de las calles reflejan un clima de desconfianza hacia las minorías y los inmigrantes. Sin embargo, también ven en estas movilizaciones una oportunidad para reafirmar su papel como ciudadanos comprometidos con la democracia y la justicia social.

A medida que se acerca la fecha de las protestas, el ambiente en Austin es de expectación y cautela. Las autoridades insisten en que su prioridad es garantizar la seguridad, mientras los manifestantes aseguran que su meta es hacer oír su voz sin recurrir a la violencia.

En última instancia, el sábado será una prueba tanto para el Gobierno estatal como para la sociedad civil texana: una jornada que medirá la madurez democrática del país y su capacidad de disentir sin destruir.

Jueza de EEUU bloquea despidos de Trump por cierre de Gobierno Una jueza federal de San Francisco bloqueó este miércoles a la administración del presidente, Donald Trump, de realizar despidos de empleados federales vinculados al cierre parcial del Gobierno, que se extiende por segunda semana.

La jueza Susan Illston emitió una orden temporal que impide que la Casa Blanca proceda con los despidos mientras se revisa los procesos iniciados contra empleados federales.

El argumentando de la magistrada es que los trabajadores podrían sufrir daños irreparables si la acción se lleva a cabo antes de que se resuelvan los recursos legales que han presentado de forma colectiva e individual.

La decisión responde a una demanda presentada por varios empleados federales afectados, quienes argumentaban que los despidos durante el cierre serían ilegales y violarían sus derechos laborales y constitucionales.

Aunque Trump no se ha pronunciado de forma directa a la orden, insistió durante una conferencia en la Casa Blanca en que seguirán los despidos en diferentes agencias con enfoque en personas relacionadas al partido Demócrata.

El cierre de Gobierno está vigente desde hace dos semanas y en el Senado ambos partidos fallaron por novena ocasión consecutiva al intentar aprobar propuestas de financiamiento provisional, la inexistencia de acuerdos sobre los fondos para atención sanitaria y la permanencia del programa Obamacare, siguen siendo la razón de que todo siga paralizado.

El senador republicano John Kennedy dijo este miércoles que Estados Unidos está a las puertas del «cierre de Gobierno más largo de la historia», responsabilizando a los demócratas por no ceder su postura.

Durante las últimas semanas, 4.100 personas han sido despedidas de diversas dependencias federales y al menos 1.3 millones de empleados se encuentran afectados por suspensión sin salario o seguir en sus labores sin recibir el pago correspondiente.