Estos movimientos de tropas han generado un fuerte debate sobre el uso de fuerzas militares en territorio nacional. Fue la primera vez en décadas que se autorizaron tropas federales activas en un operativo urbano sin el consentimiento del gobernador.

El gobernador de California, Gavin Newsom, se opuso al despliegue e incluso presentó una demanda en contra de la activación federalizada de la Guardia Nacional, argumentando que constituía una violación del control estatal. A pesar de la oposición, un tribunal de apelaciones emitió un fallo que permitió al presidente Trump mantener el control sobre las tropas desplegadas, respaldando así las decisiones federales.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y varios líderes comunitarios también condenaron la intervención militar, calificándola como innecesaria y una amenaza al derecho a la protesta pacífica. Durante varias semanas, los marines se limitaron a proteger lugares como el edificio de ICE y centros federales, sin participar directamente en operativos policiales ni en enfrentamientos con manifestantes.

También se reportó un ambiente tenso entre la población y los uniformados, generando preocupación en algunos distritos de inmigrantes, quienes vieron el despliegue como una muestra de intimidación. A pesar de ello, las autoridades federales defendieron la acción, señalando que su presencia fue crucial para garantizar que los agentes de migración pudieran realizar su labor sin obstáculos.

Según fuentes, parte de la tropa participó en labores de perímetro de seguridad durante las redadas, aunque siempre de forma separada de las operaciones policiales propiamente dichas. Algunos testigos describieron escenas donde policías utilizaban gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras contra manifestantes que permanecían en bloqueos y protestas masivas. La imposición de un toque de queda en el centro de Los Ángeles durante una breve fase de la crisis también fue consentida por la alcaldía para frenar los disturbios y proteger a la ciudadanía. El costo estimado del operativo militar ascendió a casi 134 millones de dólares, recursos finalmente aprobados por la administración federal ante la magnitud de los enfrentamientos y los saqueos registrados en algunos casos. Una de las razones del despliegue fue asegurar que la estructura operativa del ICE no fuese dañada durante las protestas, y que los agentes pudieran atender a sus funciones sin interferencias ni actos de violencia.

En contextos similares, expertos en derechos civiles advirtieron que la militarización de la seguridad interior abre un precedente muscular en el enfoque de la política migratoria.

La movilización generó preocupación por la posibilidad de que esta acción se repitiera en otras ciudades que adoptan políticas migratorias contrarias a las del gobierno federal.

En semanas previas a la salida de los marines, trascendió que se había asignado a un grupo denominado JTF‑51 para supervisar la coordinación entre Guardia Nacional y marines bajo mando federal.

Ese comando operó con tropas autorizadas bajo el Título 10, lo que implicó su control directo desde el nivel federal, sin intermediación estatal o local.

Fuentes indicaron que los marines retirados regresarán a su base en Twentynine Palms, California, tras cumplir su misión de aproximadamente 60 días.

El anuncio del repliegue se produjo en medio de una disminución notable de las protestas, muchas de las cuales habían sido pacíficas, incluso si en ocasiones derivaron en actos aislados de violencia. La medida fue celebrada por organizaciones de veteranos y defensores de derechos civiles, quienes lo interpretaron como un triunfo del principio democrático sobre el uso militar en la rutina civil.

Sin embargo, tanto el gobernador Newsom como la alcaldesa Bass reiteraron que aún quedan miles de guardias nacionales en la ciudad, y pidieron su completa retirada inmediata. La situación en Los Ángeles sirve como muestra de las tensiones entre los poderes federal y estatal cuando se trata de políticas migratorias, y podría repercutir en futuros conflictos en otras metrópolis.

Mientras tanto, el panorama político sigue en ebullición: la administración Trump ya contempla una expansión de operativos de ICE y posibles movilizaciones similares en ciudades consideradas santuario.

El repliegue de los marines podría interpretarse como un gesto de distensión, pero en los pasillos del poder nacional se advierte un endurecimiento general de la estrategia migratoria que combina sanciones, tecnología y despliegue militar. De cara al futuro, el retiro gradual de tropas debe ser acompañado por medidas políticas y sociales que atiendan las causas estructurales de las protestas, más allá de la presencia militar. Continúa la atención pública a cómo se regulará la intervención militar en contextos internos, marcando un precedente histórico sobre los límites del uso de tropas federales en suelo estadounidense.

Suben un 111 % los migrantes detenidos en Florida tras el regreso de Trump, alerta HRW

La cifra de migrantes en los centros de detención de Florida ha subido un 111 % tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que ha propiciado hacinamiento, «abusos» y la muerte de dos personas, incluso antes de la apertura de ‘Alligator Alcatraz’, alertó este lunes un informe de Human Rights Watch (HRW) y otras asociaciones civiles.

Este incremento se explica con el total de 2.524 migrantes detenidos en el Centro de Procesamiento Krome, el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami y el Centro Transicional Broward, según los últimos datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La investigación, también una coautoría de Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South (SOS), se elaboró antes de la apertura el 3 de julio de ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz caimán), que albergará a entre 3.000 y 4.000 migrantes, según expuso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la semana pasada.

SOS es una de las asociaciones que la semana pasada presentó una demanda federal contra ‘Alligator Alcatraz’, pues dijo a EFE que «viola la Constitución de Estados Unidos, específicamente el derecho a una defensa y a la libertad de expresión de la primera enmienda y el derecho al debido proceso de la quinta enmienda».

«Los seres humanos están sufriendo en este centro y les están bloqueando todo acceso a un abogado. Es urgente que la corte dé un paso inmediatamente para impedir que el Gobierno federal y el estado de Florida pisoteen los derechos garantizados bajo la Constitución de EE.UU.», indicó la asociación en un comentario.

Los «abusos» contra migrantes en Florida
Las organizaciones destacaron el «abuso hacia inmigrantes en los sitios de detención en Florida», al contextualizar que había más de 56.000 migrantes detenidos en todo el país en junio, un incremento interanual del 40 % y la mayor cifra «en toda la historia de Estados Unidos».

La investigación, basada en datos oficiales y en testimonios de 17 detenidos, concluye que los migrantes en Florida afrontan en estos centros «condiciones inhumanas, incluyendo la negación de cuidado médico, hacinamiento y tratos denigrantes», además de reportar dos muertes recientes por posible «negligencia médica».

«A las personas en detención migratoria las tratan como menos que humanos. Estos no son incidentes aislados, sino el resultado de un sistema de detención fundamentalmente dañado que está plagado de abusos serios», comentó Belkis Wille, directora asociada de crisis y conflicto en HRW. Las agrupaciones destacan que la población del centro Krome se triplicó en los primeros tres meses de 2025 y alcanzó casi tres veces su capacidad operativa, mientras que el FDC de Miami comenzó a recibir a cientos de migrantes desde febrero tras años de no usarse para arrestos migratorios. Estas condiciones, acusan las organizaciones, «violan» el derecho internacional e, incluso, los estándares del Gobierno federal y de ICE, que requieren un trato «humano», acceso a cuidado médico y «protección del abuso».

«Están arrebatando de sus hogares y comunidades a madres, padres, hermanos, niños y amigos cercanos de ciudadanos estadounidenses, y están desapareciendo en un sistema de detención que es profundamente dañino y deshumanizante», opinó Denise Noonan Slavin, consejera sénior de la directora ejecutiva de Americans For Immigrant Justice.