La demanda, interpuesta por 27 organizaciones religiosas ante la corte federal del Distrito de Columbia, cuestiona la legalidad de una orden emitida el 21 de enero por la Administración de Trump que permite a las autoridades migratorias realizar redadas en escuelas, iglesias y hospitales.

Esta orden revocó una directiva de su predecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025), que establecía una serie de “áreas protegidas” donde las redadas estaban prohibidas. Bajo la administración de Biden, estos espacios se consideraban refugios seguros donde los migrantes podían recibir ayuda humanitaria sin temor a ser detenidos.

En concreto, las 27 organizaciones religiosas solicitaron a la corte federal del Distrito de Columbia que invalide la orden presidencial y prohíba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) realizar detenciones en iglesias salvo en “circunstancias excepcionales”. Según argumentan, estas medidas no solo criminalizan la migración, sino que además ponen en riesgo la integridad y la función de los espacios religiosos. Su argumento es que esta medida vulnera la libertad religiosa protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe al Gobierno interferir en las actividades de culto. Líderes religiosos han expresado su preocupación sobre cómo esta política podría sentar un precedente peligroso para futuras restricciones gubernamentales en lugares de fe.

“La libertad religiosa de nuestras iglesias y de nuestros miembros está siendo atacada”, afirmó en declaraciones a EFE el reverendo Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina (LCNN, por sus siglas en inglés), que agrupa a unas 3 mil iglesias. Para él, esta política es un atentado directo contra los principios fundamentales de la democracia estadounidense.

Malavé, nacido en Puerto Rico y con 35 años de experiencia como líder religioso, subrayó que, aunque ha habido “momentos muy difíciles” en la historia de los migrantes en EE.UU., “nunca en la historia reciente se ha vivido una situación como esta”. Añadió que su comunidad se ha visto profundamente afectada por el miedo y la incertidumbre.
Desde que Trump implementó esta medida, explicó el pastor, muchos feligreses han dejado de acudir a las iglesias y han optado por seguir los servicios religiosos en línea por temor a las redadas. Esta disminución en la asistencia ha debilitado la conexión comunitaria y ha dificultado la labor social y espiritual que las iglesias brindan a los migrantes.

Una situación que él solo puede comparar con la vivida durante la pandemia de COVID-19. “Con la pandemia la gente no salía porque temían por su salud física. Ahora no quieren salir porque temen por su vida de otra forma. No necesariamente física, pero sí temen por su vida y por el bienestar de su familia”, declaró.

Las 27 organizaciones demandantes pertenecen a diversas denominaciones, como bautistas, judíos conservadores y reformistas, evangélicos y luteranos, entre otras. Sin embargo, todas coinciden en una misma creencia: “Todo ser humano, independientemente de su lugar de nacimiento, es un hijo de Dios y merece dignidad, cuidado y amor”.