La Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” que emita una orden de aprehensión en contra del abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público“, con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio.

La solicitud se hace después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público (MP) le atribuye.

Según un oficio del ente fiscal con fecha de hoy, al antichavista se le acusa también de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.

La investigación a González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado “el 83.5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.

La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de “falsas”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.

El jueves pasado, cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente, sería “librada una orden de aprehensión respectiva” al considerar que se “encuentra en presencia de peligro de fuga”. El día 25 de agosto -fecha en la que se emitió la primera citación-, a través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que el MP lo “pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”. A su juicio, el fiscal general, Tarek William Saab, “se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ya que -aseveró- “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.

EE.UU. confisca el avión oficial de Maduro por las sanciones que pesan contra Venezuela

Estados Unidos confiscó el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación que realizó en la República Dominicana y con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela, informó el Departamento de Justicia.

A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”, denunció el fiscal general, Merrick B. Garland. Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida. Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado “casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países”. En agosto de 2019, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela.

Garland agregó que el Departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses “para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”.